El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) propuso este lunes a los grupos de la oposición nicaragüense la creación de un “gobierno provisional en el exilio” para enfrentar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una carta abierta, el organismo argentino expresó preocupación “por el rumbo definitivo que está tomando el régimen de Nicaragua hacia la consumación del terrorismo de Estado y el totalitarismo”, por lo cual se dirigió a los grupos y actores de oposición nicaragüense de “forma urgente” a fin de “plantear su unidad y estrategias para enfrentar con contundencia al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
“La oposición debe unirse de forma inaplazable para que el restablecimiento de la democracia asegure la justicia social en Nicaragua y la vigencia de todos los derechos humanos”, pidió en un comunicado.
Argumentó su llamado a causa de la “dispersión de las acciones de la oposición que puedan hacer contrapeso al régimen Ortega-Murillo”.
“El Centro observa que el principal obstáculo es la ausencia de la unidad de los grupos de oposición y la falta de representatividad entre la población nicaragüense de muchos grupos que quieren llevar a Nicaragua hacia la democracia, así como la ausencia de un plan pragmático y consensuado que muestre una ruta para salir de la actual crisis que vive el país”, indicó.
CALIDH sostuvo que “el llamado a la unidad es urgente y no se puede ni se debe seguir postergando”. “Nuestro llamado, en términos generales está dirigido a dejar los personalismos, las fórmulas mágicas tecnocráticas y los caudillismos y a reconocer que la lucha contra el régimen de El Carmen es colectiva y no le pertenece a un grupo en concreto. En otras declaraciones y propuestas, hemos instado a una unidad por sectores que han participado en la lucha por la libertad de Nicaragua desde el 18 de abril de 2018. Una coalición de organizaciones sin base poblacional es ilusoria y no se conduce hacia la creación de un contexto de legitimidad colectiva”, anotó.
Por ello, CALIDH propone a los grupos y actores de la oposición nicaragüense de “forma urgente”:
A. Fortalecer los mecanismos de representatividad orientándose hacia los sectores que han participado en la lucha por la libertad de Nicaragua desde el 18 de abril de 2018, a fin de contar con una legitimidad popular real que aliente a los nicaragüenses a la resistencia cívica y pacífica y a sentir esperanzas de su liberación del régimen;
B. Elaborar un plan de unidad y de acción sobre la base de escenarios diversos y de las formas cambiantes de represión en Nicaragua;
C. Conformar urgentemente una representación colegiada, un Consejo Democrático Nicaragüense integrado por sectores y no por afinidades ni personales ni políticas, sin dejar de lado a las víctimas y organizaciones de víctimas en su conformación;
D. Renunciar a prácticas caudilistas, personalistas y a representaciones basadas en falsos carismas, la proyección de representaciones forzada por apellidos ligados al pasado nicaragüense a fin de abrir paso a la diversidad de actores.
GOBIERNO PROVISIONAL
Asimismo, CALIDH señala que un Consejo Democrático Nicaragüense, tras establecer planes y mecanismos democráticos que reflejen el grado de madurez y de entendimiento de la complejidad de la situación nicaragüense, “se instituya como un gobierno provisional”.
“El gobierno provisional debe buscar la declaración de ilegitimidad del régimen de Ortega y Murillo en el ámbito internacional y obtener el reconocimiento de los Estados democráticos como gobierno legítimo y como interlocutor válido entre el pueblo de Nicaragua y el exterior”, destacó.
También que ese gobierno provisional “se comprometa a no convenir a celebrar elecciones con el régimen en el poder y en un contexto de represión y de terrorismo de Estado y que, una vez dadas las circunstancias, este gobierno provisional pueda celebrar en libertad elecciones justas, libres y transparentes para llevar a Nicaragua hacia la transición democrática”.
Y que, “se comprometa con la justicia transicional acogiendo íntegramente las exigencias de memoria, verdad, justicia y no repetición de las víctimas y organizaciones de víctimas, así como no pactar perdones ni amnistías prohibidos por el derecho internacional”.