Danny Ramírez-Ayérdiz**
Los grupos guerrilleros que buscaban la toma del poder mediante una revolución social sobre todo en los años 70 en Latinoamérica daban por descontado, que la violencia política y sus efectos “colaterales” no sólo era necesaria, sino legítima. En Nicaragua, en el fragor de la lucha del Frente Sandinista, especialmente antes del derrocamiento de Somoza, sucedieron violaciones graves de derechos humanos perpetradas por comandantes y otros dirigentes guerrilleros que han pasado a la oposición. Las ejecuciones de civiles y guardias en juicios sumarísimos, las violaciones sexuales, la tortura y otras atrocidades quedaron eclipsadas por la toma del poder.
El gobierno sandinista no se encargó de juzgar las violaciones de derechos humanos que habían cometido sus comandantes antes del 19 de julio, incluso las violaciones del derecho humanitario. Todo pasó justificado como necesario por el fin último de derrocar a la dictadura. Luego, ya mediante el control absoluto del aparataje estatal, estas violencias se incorporaron a las dinámicas de “defensa” de la revolución con las herramientas infinitas que tenían como gobierno.
La violencia se implantó en los campos de batalla con la Resistencia o Contrarrevolución, donde ambos bandos cometieron enormes violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario entre sus fuerzas y contra la población civil. Las mismas conductas: violaciones sexuales, ejecuciones de prisioneros, torturas, secuestros y desapariciones de colaboradores o percibidos como tal de un bando y el otro. Mientras tanto, desde las relaciones del gobierno con la población civil no involucrada en el conflicto, la violencia era constante y generalizada.
Los hoy excomandantes y exdirigentes sandinistas tienen una responsabilidad directa en violaciones de derechos humanos tanto en el frente bélico como en esa represión contra la población civil. Cada uno, según el área que se habían repartido en el gobierno, han sido sistemáticamente acusados por nicaragüenses que vivieron en la etapa revolucionaria. Las denuncias de abusos y torturas por las fuerzas policiales y de la seguridad del Estado, de violaciones sexuales, de desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y la hipervigilancia que ejercían los órganos partidarios en los barrios y comunidades sucedían con el pleno conocimiento y la intervención de los altos dirigentes sandinistas.
Infelizmente, en la transición la amnistía puso una lápida al pasado, que no era otra cosa que ahogar las denuncias de miles de nicaragüenses que habían sufrido esas violaciones de derechos humanos. La ausencia de cualquier medida de justicia transicional por el gobierno de doña Violeta, para preservar, sobre todo, su cohabitación con la entonces nueva oposición sandinista a los fines de facilitar el cambio profundo del modelo económico, cultural y social evitó que se conociera detalladamente la violencia del gobierno anterior.
Ni siquiera se convocó a una comisión de la verdad, organismo que, en una sociedad transicional, de la mano de las víctimas, narra el silencio, el dolor, los efectos de la represión y los contrapone contra esas narrativas del poder, que, en el caso de Nicaragua, se canjeó una paz pactada a cambio de la justicia y la verdad.
Ningún otro gobierno quiso abrir los expedientes del pasado de represión sandinista y la determinación específica de sus responsables. Así, tanto los que aún permanecen con Ortega, como los que pasaron a disentir del Frente Sandinista, quedaron sin ser expuestos públicamente ante la sociedad. Incluso, cuando los miembros del entonces Movimiento Renovador Sandinista impulsaron los cambios democráticamente necesarios a la constitución en 1994, olvidaron la necesidad y la obligación de confrontar al pasado como parte de ese espíritu democratizador de la carta magna, no por ellos, sino por las víctimas e incluso por empezar a sanar las heridas colectivas.
Esas heridas en carne viva se manifestaron con el traslado de la violencia bélica hacia la sociedad de los años 90 en el aumento exponencial de la criminalidad y la enorme descomposición social de esa década únicamente combatida con el punitivismo estatal.
Cuarenta años después, ¿es posible determinar la responsabilidad de los exdirigentes sandinistas en las violaciones de derechos humanos en la revolución? Sí. Una comisión de la verdad en la nueva transición debe ser amplia en su mandato temporal y no sólo ver la violencia orteguista, sino empezar desde 1979, el gran parteaguas de nuestra historia reciente. Si la investigación de una comisión se limita a 2018, las víctimas de los periodos anteriores seguirían ahogadas en el silencio.
Pero, antes que nada, es necesaria esta indagación temporal porque es una etapa importante para comprender el porqué de las violencias legitimadas y el entendimiento de nuestra historia desde una narrativa distinta, que no sólo esté vinculada, por un lado, con la aceptación o rechazo de la “epopeya” de la revolución y la guerra. Hay mucho más por escarbar y la historia como la memoria no solo puede girar en torno de esos dos acontecimientos.
La violencia de 2018 del estado orteguista está de alguna manera vinculada con la ausencia de ese reproche contra la violencia que debió presidir el estado transicional desde 1990. Evidenciar el rostro de Ortega y los demás comandantes y dirigentes en su papel en la represión y en las violaciones de la guerra, era fundamental para que cualquier cambio democrático, se hiciera partiendo de que toda paz era necesaria, pero sin olvido ni impunidad.
He dejado para el final del escrito, el por qué la indagación de los excomandantes y exdirigentes sandinistas. Con Ortega ya sabemos sobradamente y hay mucho por lo cual juzgarlo por sus delitos de lesa humanidad desde 2018 específicamente detallados y claramente hay que investigarlo en su etapa revolucionaria. Pero ¿los otros deben quedar fuera de cualquier indagación que busque reconstruir el pasado? No. Aunque hayan optado por un discurso democrático e incluso que varios de ellos reconozcan haber cometido “excesos”, eufemismo de graves violaciones de derechos humanos, no los exime del pasado y de la rendición histórica y consecuentemente judicial.
El rechazo que sienten muchas personas contra este sandinismo disidente no sólo es por cuestiones ideológicas fundadas o no, sino porque el recuerdo de la violencia revolucionaria -no sólo hay una forma de recordar- los asocia justamente con ese pasado de represión. El rechazo no sólo es político, es también histórico. La aversión a “juntarse con ellos” está directamente relacionada incluso con la ausencia de determinación de las responsabilidades específicas de estos exdirigentes y excomandantes, por la cual las personas dan por hecho, en un lamentable recuento fragmentarizado que hoy debería ser completo y de dominio público, que ellos participaron de esa violencia.
Por eso, la prueba de fuego de toda persona que cometió violaciones de derechos humanos en la etapa revolucionaria haya sido dirigente, parte de las estructuras o militante de aquel momento y que hoy sostiene un discurso democrático, es someterse al escrutinio de una comisión de la verdad y a la justicia, tras de indagar y comprobar estas responsabilidades.
Nadie que haya participado en crímenes en el pasado puede quedar impune. La práctica de las élites de toda la historia nicaragüense de perdonarse entre sí debe ser rota en la próxima transición. Al deber de justicia, no impunidad y no repetición por los crímenes que se han cometido desde 2018, debe anexarse los perpetrados de 1979 a fin de que los nicaragüenses podamos tener el máximo entendimiento posible de la responsabilidad de todos los exdirigentes, sandinistas, contras e incluso los que ocuparon el gobierno en democracia para que así caminemos a una auténtica no repetición de todos los pasados violentos.
** El autor es secretario ejecutivo de Calidh y profesor de derechos humanos.