Ezequiel Molina | Octubre 8, 2024
El rápido crecimiento de las economías de Brasil, Rusia, India y China a inicios de siglo, basado en la disponibilidad de mano de obra barata, ingentes recursos naturales y acompañado de importantes inversiones en tecnología y educación, reformas económicas y acciones para lograr una mayor integración regional, desembocó en la formación de un nuevo bloque económico denominado BRIC, que fue ideado en 2001 por el economista Jim O’Neill en un informe del banco Goldman Sachs. Dicho informe indica que estos cuatro países poseen un significativo potencial económico, que podría superar en términos de crecimiento y producción a las economías más desarrolladas. Fue el acelerado crecimiento de la economía china, la que condujo a los líderes de Brasil, Rusia e India a asumir la relevancia de las economías emergentes y el imperativo de establecer una alianza que les proporcionara, como objetivo central, una voz influyente en la economía global. La cooperación para fomentar el desarrollo socioeconómico de sus miembros, así como otros temas estratégicos, entre ellos la lucha contra el cambio climático y la seguridad internacional, forman parte de la agenda del grupo. En 2010, Sudáfrica se sumó al grupo, convirtiéndose en lo que hoy se conoce como BRICS.
En septiembre del 2023, con su acostumbrado paroxismo, el dictador Ortega anunció su interés de ser miembro pleno del BRICS, diciendo que, “nosotros estamos tocando la puerta, porque ese es el mundo multipolar”, agregando que, “los BRICS vienen abriendo camino en el mundo, y los imperios, los imperialistas de la tierra, lógicamente tratando de evitar esa integración entre naciones que quieren cooperar…”, y en junio del presente año el dictador reiteró su solicitud de unirse al BRICS, pero dicha solicitud fue vetada por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, excluyendo a Nicaragua de una lista de invitados de cara a la próxima Cumbre BRICS, a realizarse en la ciudad de Kazán (Rusia), entre el 22 y 24 del presente mes de octubre.
Las tensiones entre Ortega y Lula da Silva alcanzaron su clímax a principios de agosto 2024, cuando Ortega expulsó al embajador brasileño por no participar en un acto político, y en reciprocidad Brasil decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, pero al evento diplomático le siguió una andanada verbal fuera de tono por parte de Ortega, cuando reclamó al líder brasileño por exigir a Nicolás Maduro la presentación de las actas electorales de los objetados resultados electorales del pasado mes de julio, afirmando que Lula, “quiere ser el representante de los yanquis en América Latina”.
China, tampoco Rusia se han pronunciado a favor de la inclusión de Nicaragua en el BRICS, denotando que la importancia de Nicaragua -léase Ortega- para ese importante bloque económico es menor que cero; este rechazo implica que la dictadura no podrá tener acceso a fondos del brazo financiero del BRICS, el New Development Bank, lo cual constituye un duro golpe a las finanzas de la dictadura Ortega-Murillo en un momento clave, ya que la administración Biden recién ordenó la prohibición de préstamos al régimen en los organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), dejando prácticamente como única ventana financiera las fuentes provenientes de China, las que ciertamente son en condiciones duras y bajo exigencias inmediatas, como es el caso del Aeropuerto Punta Huete con un costo de 400 millones de dólares, que obliga al dictador sandinista a adelantar 80 millones de dólares.
Y es que Ortega, en su delirio de grandeza, soñaba ser aceptado en el BRICS y jugar un papel de león en el anhelado nuevo orden mundial, cuando realmente no es siquiera un gato, y más bien es visto como una rata. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la crisis mundial que podría agudizarse producto de los conflictos de escala global y las tensiones internas de la economía nicaragüense dibujan un escenario sumamente complejo, que obliga a la dictadura a mantener su posición basada en la represión, la supresión de toda libertad a la ciudadanía nicaragüense y la acumulación ilícita de riqueza, lo cual no puede ser sostenible en un mediano, y quizás en un corto plazo.