Ezequiel Molina | Octubre 23, 2024
En noviembre de 2017, la ONG Fundación del Río, denunció la invasión de la Reserva Biológica Indio-Maíz por parte de colonizadores dedicados a la explotación y tráfico de tierras, bajo el amparo de autoridades de gobierno, esta lógica extendida en la práctica se podría definir como una política pública sandinista que valora la biodiversidad como un activo explotable, ignorando el daño perpetrado no solo en términos medioambientales, sino también los negativos e incalculables efectos sobre comunidades, principalmente indígenas y afrodescendientes, en términos de la pérdida de hábitat, desplazamiento territorial, desarraigo cultural y soberanía alimentaria.
Es evidente que el modelo de la economía global ha adoptado una política ambiental que privilegia la rentabilidad por encima de la conservación de la ecología y los criterios científicos para su sostenibilidad, con premisas ideológicas basadas en la mitigación de daños, la que en última instancia se orienta a la minimización, y en algunos casos a la compensación de daños, lo que se ha convertido en la opción más conveniente para las grandes empresas, a la vez que aporta recursos financieros a los gobiernos que han optado por abandonar su capacidad reguladora, priorizando la acumulación de capital.
¿Cuál es la posición de la dictadura “cristiana, socialista y solidaria”, en el manejo medioambiental del país?, los siguientes datos nos proporcionan una clara perspectiva. En el plano legal debe mencionarse el “decretismo” y modificaciones sandinistas, que tiran a la basura leyes vigentes como la Ley General del Medio Ambiente (Ley217 de 1996) a través de sus modificaciones (Ley 647 de 2008), Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal (Ley 585 de 2006) a través del Decreto N° 81-2009 (Junio 2009), en ambos casos se abre la puerta a las soluciones mercantiles para la explotación de los recursos naturales creando instancias facultadas para establecer garantías financieras, el pago de servicios ambientales y otras normativas orientadas a “mitigar” el daño ambiental. En esa misma dirección se emitieron decretos presidenciales como el 02-2021 -suspensión de la veda de los árboles de pino-, el 03-2021 -eliminación de la veda de los árboles de la especie cedro real y pochote-, a ello se añade el crecimiento vertiginoso del número de empresas dedicadas a la explotación forestal y de los permisos para extracción de madera. Un informe de la CEPAL de Julio 2021, indica que Nicaragua redujo, entre 1990 y 2020, su área boscosa en poco más del 30%, la tasa más alta de deforestación de América Latina y el Caribe.
Pero bajo este desolador panorama, subyace el drama humano de las comunidades indígenas que han visto invadido su territorio por parte de colonos apadrinados por el Ejército Sandinista, quienes se han apropiado de su ancestral herencia con fines de explotación forestal, minera y agropecuaria, mediante la expulsión forzada, acompañada de asesinatos, violaciones y otros crímenes que permanecen ocultos bajo la bota represiva de la dictadura.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), que se realiza en Cali, Colombia entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, debe ser aprovechada para llevar la denuncia sobre los crímenes de la dictadura Ortega Murillo contra las comunidades indígenas, factor fundamental en la conservación de la biodiversidad, así como su papel destructivo y entreguista del medio ambiente a través de un modelo extractivista y acumulador de capital.