La dictadura de Daniel Ortega ordenó a sus diputados de facto en la Asamblea Nacional, aprobar una ley que transfiere las funciones del Instituto Nacional Forestal (INAFOR) al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).
Con la nueva legislación, conocida como la “Ley de traslado de funciones del Inafor al Marena”, la dictadura elimina el INAFOR, bajo el argumento de “modernizar la gestión de los recursos naturales” y reordenar las gestiones institucionales en el país.
Según el artículo quinto de la ley, los presupuestos previamente asignados al INAFOR, que para 2024 ascendieron a 216 millones de córdobas, serán trasladados al MARENA, aunque el destino de estos recursos y la situación de los trabajadores del INAFOR permanecen sin aclaración.
El artículo cuarto de la ley establece que el MARENA será el “sucesor sin solución de continuidad” del INAFOR, asumiendo así todas sus atribuciones y competencias.
Este movimiento se enmarca dentro del plan de “reordenamiento de las gestiones institucionales”, anunciado por la dictadura en agosto pasado.
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