El pasado 13 de noviembre, el Estado de Nicaragua fue evaluado en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese sentido, el defensor de derechos humanos *Efraín, Secretario de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, ofreció una perspectiva sobre el informe presentado por el régimen de Daniel Ortega y las implicaciones que tiene este proceso para los derechos humanos en el país.

Informe que no refleja la realidad

Efraín señala que el régimen de Ortega llegó al EPU con una narrativa que intenta presentar a Nicaragua como un país que avanza en derechos humanos y en políticas sociales y macroeconómicas.

Sin embargo, según el defensor de derechos humanos, esta versión está alejada de la realidad vivida por la ciudadanía nicaragüense, que no ha podido acceder ni verificar los resultados presentados por el régimen en términos de bienestar social.

“En principio el régimen llegó con una narrativa en que, en Nicaragua no ha pasado nada y que más bien hay un progreso en materia de derechos humanos. Eso es lo que han querido vender en las Naciones Unidas y hacen omisión de toda la relación de derechos humanos a raíz del 2018 en adelante”, declaró Efraín a La Mesa Redonda.

Destacó que el informe presentado por el régimen ignora problemas fundamentales como los asesinatos por motivos políticos, las invasiones de tierras indígenas, el exilio forzado y la sistemática represión a la oposición.

“Hablan de empoderamiento y paridad de género, pero no hablan de los feminicidios, no hablan de que cada cierto tiempo están liberando cierta cantidad de presos y que muchos de esos hombres fueron personas que violentaron a las parejas y que terminan saliendo y matando, asesinando a esas mujeres”, criticó.

“Tampoco hablan sobre las personas apátridas, que ya suman más de 400 y que eso es ilegal. Entonces quieren obviar toda esta violación de derechos humanos que tiene que ver con justicia para vender una Nicaragua próspera, con inversión social, con inversión en lo público, con garantizar y mejorar algunos derechos humanos de la isla de Nicaragua”, añadió.

El papel de la sociedad civil en el EPU

Efraín enfatizó la importancia del trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil en el proceso de denuncia. Recordó que 52 países manifestaron su preocupación por la violación de derechos humanos en Nicaragua, destacando la relevancia de la visibilización internacional.

“Algunas organizaciones llaman que ese informe que presentaron fue cínico, porque obviamente no refleja lo que está pasando en Nicaragua y tampoco refleja los resultados que le hicieron en el tercer ciclo del examen periódico universal. Sin embargo, parte de nuestro trabajo, es seguir documentando estas violaciones que sirvan para la memoria histórica y para este proceso de justicia transicional que en algún momento va a pasar”, afirmó.

Recalcó que de estos informes alternativos, algunos estados como España, Lituania y Alemania retomaron las recomendaciones sobre la libertad de asociación y el restablecimiento del Estado de Derecho, temas clave para las organizaciones que abogan por los derechos humanos en Nicaragua.

“Nosotros también aplaudimos y celebramos, que el trabajo de la sociedad civil, más allá de ser auditores sociales, más allá de documentar, de presentar informes, de evidenciar las violaciones de derechos humanos, también jugamos un rol importante en la incidencia internacional ante representantes de decisiones de organismos donde el régimen todavía es parte, como las Naciones Unidas”, destacó.

Recomendaciones a Nicaragua y sus limitaciones

En el marco del EPU, el régimen orteguista recibió 279 recomendaciones de parte de 88 estados. Sin embargo, el defensor de derechos aclaró que estas recomendaciones no son obligatorias y dependen de la voluntad del régimen para ser implementadas.

“Se le hicieron 279 recomendaciones, nuevas recomendaciones al régimen para este cuarto ciclo, lo que significa que el régimen va a decidir cuáles de esas recomendaciones que le hicieron a estos 88 estados acepta y cuáles anota (rechaza)”, afirmó.

El defensor de derechos humanos también resaltó la falta de consecuencias inmediatas para el régimen en caso de rechazo a estas recomendaciones. Sin embargo, sugirió que la presión internacional, sumada a la acción de la sociedad civil, podría generar sanciones y consecuencias a largo plazo, especialmente para los personeros del régimen.

Justicia por crímenes de lesa humanidad

En cuanto a la relación entre las recomendaciones del EPU y los juicios internacionales, como los que se siguen en Argentina, Efraín explicó que las recomendaciones del EPU, aunque importantes, no tienen carácter vinculante en el sentido de que no obligan al régimen a modificar su comportamiento.

“No son como recomendaciones impositivas que tienen que ver con que van a haber ciertas sanciones, aunque se plantean algunas sanciones también, alguna al régimen como hasta ahora se han ido implementando. No siento que sea tan vinculante con estos procesos de justicia como lo que está haciendo Argentina. Lo que yo sí creería es que quienes están detrás de todo este tema de la denuncia o la o la querella que le están abriendo el régimen de Argentina son como estos informes más de peso, como donde te habla sobre el crimen en esa humanidad, donde hay testimonio, donde hay números que son los indicadores, donde hay hechos relevantes”, explicó.

Efraín destacó que el EPU y los procesos judiciales internacionales son mecanismos complementarios, pero que no tienen la misma fuerza para sancionar al régimen.

“Los Estados están claros de que el régimen sigue siendo una dictadura que se está consolidando (…) hay una dictadura consolidada y que lo que hace es violentar derechos humanos, y sobre todo se le toma muy en serio contra la oposición nicaragüense, o al menos quienes consideran que son oposición”, dijo.

Informe final sobre Nicaragua

Efraín adelantó que el 22 de noviembre se dará a conocer el informe final sobre el examen de Nicaragua, y que las organizaciones nicaragüenses continuarán su labor de denuncia y documentación de violaciones.

Además, celebró que la sociedad civil esté jugando un rol clave no solo a nivel nacional, sino también en foros internacionales como las Naciones Unidas.

“Celebramos que hubo una delegación de organizaciones nicaragüenses, que formó un bloque de diferentes temas que se hicieron presentes en estas sesiones y que de alguna manera tuvo su impacto en el examen reciente. Hubo una alianza de al menos 19 organizaciones que presentaron informes alternativos, que presentaron temas sobre el pueblo indígena, mujeres, juventud, tema de libertad de asociación, temas religiosos, personas presas políticas, mujeres, periodismo, libertad también sobre medios de comunicación o de prensa”, detalló.

*Efraín, es un nombre ficticio por razones de seguridad