Este lunes, los orteguistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron una polémica ley que obliga al sistema financiero y a diversas instituciones nacionales a desconocer las sanciones internacionales impuestas contra funcionarios y entidades del régimen de Daniel Ortega.

La nueva Ley de protección de los nicaragüenses ante sanciones y agresiones externas fue propuesta por el dictador Daniel Ortega y fue aprobada por unanimidad por los 91 diputados orteguistas. Esta ley establece que las sanciones impuestas por gobiernos u organismos internacionales carecen de validez dentro del territorio nacional y advierte que quienes las incumplan serán acusados de “traición a la patria”.

Para el economista nicaragüense Enrique Sáenz, esta medida a la que calificó como “la ley de impunidad a la mafia en el poder”, puede tener consecuencias devastadoras para la economía del país, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

Impacto en el sistema financiero y en las empresas

Sáenz destaca que la ley representa un golpe contundente no solo para los bancos, sino también para las pequeñas y medianas empresas que, en muchos casos, dependen de las transacciones financieras con entidades extranjeras, especialmente las de Estados Unidos.

Según el economista, la legislación no solo busca liberar a los funcionarios del régimen de las sanciones internacionales, sino que pone en riesgo a toda la infraestructura económica nacional.

“Con la ley de impunidad de la mafia en el poder, lo que pretenden es liberar a los mafiosos del impacto de las sanciones internacionales, que no son solo de Estados Unidos, sino de la Unión Europea, Suiza, el Reino Unido, etcétera”, declaró Sáenz a La Mesa Redonda.

“El impacto central de las sanciones -hasta ahora aplicadas a miembros de la mafia en el poder o a sus empresas- es que si tienen vínculos con empresas de nacionalidad del Estado que impone las sanciones en este caso Estados Unidos, estos agentes económicos sean bancos o empresas se exponen también a las consecuencias de esas sanciones. La mafia en el poder que tiene negocios por la vía de testaferros con Estados Unidos, que tienen sus cuentas bancarias en bancos nicaragüenses, pero también tienen en otros bancos, exponen a estas empresas o a estos bancos por las corresponsalías que tienen con bancos norteamericanos, a que los bancos norteamericanos le digan miren ‘yo no quiero exponerme al impacto de estas sanciones así es que cortamos los vínculos’. Entonces está poniendo en riesgo no solo a los bancos, sino que a quienes realizan transacciones financieras con la parte financiera de las transacciones comerciales con Estados Unidos”, explicó el experto.

Una economía dependiente de EEUU

El economista señala una contradicción importante en la estrategia del régimen: a pesar de su discurso antiimperialista, la economía nicaragüense sigue dependiendo fuertemente de Estados Unidos.

Según Sáenz, aproximadamente el 40% de las exportaciones de Nicaragua se dirigen al mercado estadounidense, lo que demuestra la profunda interdependencia económica entre ambos países, aun cuando el régimen de Ortega se presenta como enemigo del “imperialismo”.

“Hay que tener en cuenta que a pesar del discurso hipócrita, antiimperialista de la mafia en el poder, la realidad es que jamás en la historia económica de Nicaragua -por lo menos desde la posguerra- ha tenido una dependencia tal de la economía norteamericana, que con el antiimperialista Ortega, el grueso de las exportaciones de Nicaragua alrededor del 40% va hacia Estados Unidos”, expuso.

Riesgos de nuevas sanciones y el temor de una crisis bancaria

Sáenz también alertó sobre la posibilidad de que esta ley genere nuevas sanciones internacionales. Si bien no se puede predecir el alcance exacto de las futuras medidas, el economista considera que la comunidad internacional podría aumentar las sanciones ante lo que él llama “la aniquilación del orden jurídico” en Nicaragua.

“Lo que ocurre es que (Ortega) le está poniendo una pistola en la cabeza (a los bancos), no es una presión, es coacción, es ponerle una pistola en la cabeza y aquí ellos están contra la espada y la pared, porque ya se sabe que la mafia en el poder no tiene contemplaciones”, afirmó.

Además, Sáenz advirtió que la ley podría provocar un colapso en el sistema financiero, similar a la crisis bancaria de principios de los años 2000, que fue desatada, en parte, por un comentario del propio Ortega sobre la vulnerabilidad de un banco.

“Este tipo de acciones genera consecuencias impredecibles, lo que se llama ‘corrida bancaria’; ya en Nicaragua se produjo esto, y uno de los grandes causantes fue Ortega cuando en un discurso dijo que si él fuera depositante en y mencionó el banco, pues él correría a sacar los ahorros porque ese banco estaba en problemas. Al día siguiente había la fila de gente retirando sus ahorros, sus depósitos y efectivamente en unos días quebró el banco y se produjeron aquel conjunto de quiebras bancarias que todavía estamos pagando los nicaragüenses de una o de otra forma con los famosos CENIS, con los bonos bancarios, con la deuda interna, esa deuda se paga con los impuestos que te cobran”, aseveró.

Este tipo de crisis, señala, podría repetirse si las medidas del régimen siguen afectando la confianza en las instituciones financieras del país.

Sáenz concluyó que el verdadero problema de esta ley radica en la falta de previsión de sus consecuencias. Según el economista, “la mafia en el poder está jugando con la estabilidad de la economía nacional y con el bienestar de la población”.

Asegura que, al no considerar el impacto que tendrá sobre las empresas, los bancos y los ciudadanos, la ley solo profundiza la crisis económica que vive Nicaragua desde hace años.

La ley aprobada

La ley, que fue propuesta por Ortega y aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, establece que ninguna sanción impuesta por Estados o grupos de Estados, gobiernos u organismos internacionales podrá ser aplicada en Nicaragua.

Asimismo, la norma declara que cualquier entidad que actúe en contra de esta disposición será acusada de “traición a la patria”.

La ley afectará tanto a las entidades públicas como privadas, incluyendo a los bancos, y establece que las instituciones financieras deberán continuar prestando servicios sin importar las sanciones internacionales que puedan existir.

Además, las instituciones del Estado tendrán la potestad de sancionar a aquellas entidades que incumplan la normativa y podrán imponer multas, así como suspensiones de operaciones, aunque advirtiendo que los infractores podrían enfrentar responsabilidades penales por el delito de “Traición a la Patria”.