Los diputados orteguistas de facto en la Asamblea Nacional, aprobaron este jueves 28 de noviembre, una ley que regulará y controlará la cooperación que brinden los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en Nicaragua.

La normativa, propuesta por el dictador Daniel Ortega y aprobada por los orteguistas de forma unánime, contempla que toda cooperación internacional deberá desarrollarse “sin condicionamientos políticos, económicos, sociales o culturales, con estricto respeto a la soberanía, independencia y autodeterminación, sin injerencia en los asuntos internos” del país.

Asimismo, que los proyectos de cooperación deberán alinearse con los “planes, programas y estrategias nacionales” establecidas por la dictadura Ortega-Murillo.

Cooperación internacional controlada por la Cancillería

La nueva ley también ordena que todas las iniciativas de cooperación internacional sean supervisadas y “autorizadas” por el régimen nicaragüense, tanto en su inicio como durante su implementación.

Además, que los proyectos deben cumplirse bajo el control del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), que es dirigido por el sancionado canciller Valdrack Jaentschke.

En ese sentido, la Cancillería podrá acreditar a los organismos y agencias de cooperación, y será el único canal de comunicación entre el régimen Ortega-Murillo y los organismos internacionales.

Para su acreditación, los cooperantes deberán informar a la Cancillería el nombre del organismo o agencia, el instrumento creador, el nombre del representante en Nicaragua, y una carta de interés que especifique la naturaleza de la cooperación a brindar.

Además deberán solicitar por escrito la anuencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, especificando cargo y funciones a desarrollar.

Desde que estalló la crisis en abril de 2018, la dictadura ha disuelto más de 5.600 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro en Nicaragua, y en la mayoría de los casos han ordenado traspasar los bienes de esas ONG al Estado.