En el marco del Día internacional de las personas migrantes que se conmemora este 18 de diciembre, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó que “Nicaragua sufre un éxodo sin precedentes”.
Mediante un comunicado, la ONG afirmó que más de 800 mil nicaragüenses han tenido que salir de su país en búsqueda de protección internacional, de mejores oportunidades y condiciones de vida.
“La mayoría de esta población se encuentra en Estados Unidos, Costa Rica, México y España, países a los que alentamos a crear una legislación y políticas públicas favorables en materia de migración y refugio”, señaló el Colectivo que se solidarizó con las miles de personas y familias nicaragüenses que deben migrar para proteger sus vidas, “ya que en Nicaragua la represión, el hostigamiento, la persecución y el asedio continúan, principalmente en contra de aquellas personas que alzan la voz y denuncian las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad”.
El organismo también denunció que las recientes “arbitrarias y nulas reformas constitucionales y migratorias” aprobadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “van en detrimento de las personas migrantes”.
La reforma incluye castigar con penas de dos a seis años de cárcel a los nicaragüenses que entren, salgan o pretendan salir del territorio nacional de forma irregular para presuntamente cometer “menoscabo a la integridad nacional, la soberanía” o supuestos intentos para “conspirar o inducir actos terroristas o de desestabilización económica y social de país”.
“Esto criminaliza y restringe el derecho a la libertad de circulación y residencia de las y los nicaragüenses, así como una apatridia de facto que genera múltiples violaciones a derechos humanos”, aseveró el Colectivo.
Añadió que el desplazamiento forzado de cientos de miles de nicaragüenses, bajo coacción y un estado de excepción de facto, es considerado un crimen de lesa humanidad con alcances extraterritoriales en el cual han participado todos los órganos del Estado dictatorial y se ha erigido como una política pública de destierro, confiscación, desnacionalización y persecución a familiares.
“Como Colectivo hacemos un llamado a la comunidad internacional, que no nos dejen solos, que continúe denunciando las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que se comenten en el país”, concluyó el organismo.