Al menos nueve nicaragüenses, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y una familia con un menor de edad, fueron desterrados de su país en noviembre pasado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció el observatorio Monitoreo Azul y Blanco.
“En total, nueve personas fueron desterradas durante noviembre, consolidando esta práctica como una herramienta del régimen para silenciar y expulsar a opositores y críticos del país”, señaló esa organización que se define como un equipo interdisciplinario que registra y consolida denuncias de violaciones a derechos humanos vinculados al contexto político que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Para ese organismo, la expulsión de nicaragüenses de su propio país “reflejan un deterioro continuo de los derechos humanos en Nicaragua, con tácticas represivas que afectan a diversos sectores de la sociedad, desde líderes religiosos y comunitarios hasta periodistas y comunidades indígenas”.
Entre los desterrados se encuentra el presidente del Episcopado nicaragüense y obispo de la diócesis de Jinotega, Carlos Enrique Herrera, quien fue detenido el pasado 13 de noviembre tras denunciar en una misa el sacrilegio del alcalde sandinista del municipio de Jinotega, Leónidas Centeno.
Herrera, de 75 años, fue enviado a Guatemala y se convirtió en el tercer obispo nicaragüense en ser expulsado de su país en el último año. Los otros son los obispos excarcelados Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, e Isidoro Mora, de la diócesis de Siuna.
La dictadura también envió el pasado 29 de noviembre a España al sacerdote Asdrúbal Zeledón Ruiz, rector del Santuario de Nuestro Señor de Esquípulas en la diócesis de Jinotega.
Según dicho monitoreo, los otros siete desterrados en noviembre fueron los músicos nicaragüenses Nieves Martínez, Dagoberto Fuentes Palacios y Juan Pablo Rosales; así como la familia del periodista, empresario y opositor nicaragüense Henry Briceño, compuesta por cuatro personas, incluido un menor de edad.
Briceño y su familia fueron desterrados a Costa Rica y la dictadura les intervino además cuatro propiedades que poseen, entre ellos un hostal, un motel y un vivero.
El organismo advirtió que en noviembre pasado “Nicaragua experimentó un incremento significativo en las violaciones a los derechos humanos, caracterizado por detenciones arbitrarias, hostigamiento a líderes religiosos y comunitarios, y agresiones contra comunidades indígenas”.