La reciente orden de captura internacional emitida por la justicia argentina contra el dictador Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo, así como otros altos funcionarios de su régimen en Nicaragua, provocó una serie de reacciones de distintos sectores de la sociedad nicaragüense que celebran la medida.
La orden, dictada por el juez federal Ariel Lijo, forma parte de una causa presentada contra los dictadores de Nicaragua, bajo el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en cualquier parte del mundo.
El dirigente opositor y excarcelado político Félix Maradiaga calificó esta acción judicial como un “paso histórico” en la lucha por justicia para las miles de víctimas del régimen Ortega-Murillo.
“Aunque el camino hacia la justicia es largo y desafiante, esta decisión representa un precedente crucial y una luz de esperanza en medio de la oscuridad impuesta por la dictadura Ortega-Murillo”, señaló Maradiaga.
El opositor expresó su agradecimiento al abogado Darío Richarte y a las organizaciones como CALIDH (Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos), que han liderado este esfuerzo, así como a los valientes testigos que se han sumado al caso.
“Si bien esta acción tiene un peso esencialmente moral en esta etapa, establece una base firme para futuras acciones legales. La comunidad internacional debe continuar insistiendo en llevar a Ortega y a sus cómplices ante un tribunal internacional, explorando vías alternativas al Estatuto de Roma y mecanismos que permitan la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad. La justicia argentina ha enviado un mensaje claro: los crímenes atroces no quedarán en la impunidad. Este es solo el primer paso de una serie de acciones que deberán seguir. La lucha por la justicia y la libertad en Nicaragua continúa, y no descansaremos hasta que los responsables rindan cuentas”, concluyó Maradiaga.
CALIDH: “Un hecho histórico que valida a las víctimas”
El abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de CALIDH, también reaccionó con satisfacción ante la decisión del juez Lijo. Según Ramírez-Ayérdiz, este es un hecho sin precedentes, pues por primera vez criminales de la talla de Ortega y Murillo están siendo sometidos al escrutinio judicial de un Estado democrático que reconoce la justicia universal.
“Es un hecho histórico, porque es la primera vez que criminales de la talla de los que dirigen a Nicaragua actualmente, son sometidos al escrutinio judicial de otro estado que reconoce democráticamente a la justicia universal”, afirmó el abogado.
Ramírez-Ayérdiz advirtió que, aunque la orden de captura probablemente no se ejecute de inmediato, ya que el Estado nicaragüense ha convertido el país en un “cuartel”, la decisión judicial representa un avance significativo en la reparación de las víctimas y en la visibilización internacional del régimen.
“Creemos que un hecho sin precedentes, importantísimo y que marca un antes y un después para los nicaragüenses, para todas las víctimas que han sufrido por parte del régimen de Ortega y Murillo. Es una noticia alentadora, es una noticia que abre otro episodio, que abre un nuevo episodio para las víctimas, para sus familiares y para el nuevo entendimiento del rumbo del régimen en adelante”, finalizó el abogado.
Por su lado, los liberales de Nicaragua en el exilio, también se celebraron la decisión del juez Lijo, quien ha ordenado la citación y detención internacional de Ortega, Murillo y sus cómplices.
En un comunicado, la agrupación expresó su agradecimiento al abogado Darío Richarte por su incansable lucha por la justicia, destacando que la medida es un paso fundamental en la lucha contra la impunidad en Nicaragua.
Además, solicitaron al tribunal argentino, así como a su gobierno “encabezado por el amigo de los Liberales y demócratas de Nicaragua”, Javier Milei, a “hacer todas las gestiones y procesos necesarios para que la Interpol abra expediente de captura internacional en contra de los investigados”.
“A las naciones democráticas amigas del pueblo nicaragüense, los instamos a ejercer su fuerza así amparada por el derecho Internacional para hacer efectiva dicha orden de captura y llevar a los acusados a rendir cuentas ante el tribunal de justicia argentino”, concluyeron.
La activista y defensora de Derechos Humanos, Haydée Castillo, indicó que la citación en Argentina a prestar declaración indagatoria y la orden de detención con pedido de captura internacional de Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros responsables de graves violaciones a derechos humanos “es una oportunidad para el multilateralismo de que la justicia deje de ser solo un anhelo”.
“Gracias por todo este trabajo en función de la justicia en Nicaragua. Aunque hay un largo camino por recorrer es un gran paso y al mismo tiempo un desafío para el resto de estados de Latinoamérica y del SICA, así como para el multilateralismo para pasar de resoluciones a la acción”, escribió en X.
Mientras que el también dirigente opositor y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro, sostuvo que la orden de detención internacional contra Daniel Ortega y Rosario Murillo “es una excelente noticia para terminar el 2024”.
Chamorro destacó tres elementos importantes en relación a esta noticia.
“En primer lugar, es relativamente inusual que a un jefe de Estado en funciones –ya sabemos que Daniel Ortega no es un jefe de Estado en funciones, es un dictador en funciones–, se le gire una orden de esta naturaleza, de tal manera de que este es un elemento a considerar muy importante”, anotó.
“En segundo lugar, esto puede ser peor que una sanción internacional. La comunidad internacional ha sido un poco tímida con relación al tratamiento de Daniel Ortega como persona y esta orden de detención, este proceso investigativo debería de ayudarle a la comunidad internacional a también buscar sanciones contra Daniel Ortega por los crímenes de lesa humanidad”, añadió.
Por último, comentó que para las familias y los familiares, y las víctimas de estos delitos de lesa humanidad “esta es una señal de esperanza de la justicia negada en Nicaragua”.
La denuncia que dio origen a la orden de captura fue presentada en Argentina en agosto de 2022, liderada por el abogado Darío Richarte y un equipo de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. La acusación contra Ortega, Murillo y otros funcionarios del régimen está basada en crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y represión de manifestaciones pacíficas desde 2018.
La justicia argentina actuó bajo el principio de jurisdicción universal, permitiendo que los tribunales del país pudieran investigar y procesar a los responsables de estos crímenes, independientemente del lugar donde hayan sido cometidos.