La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, aseguró no tener duda de que el retiro de las visas por parte del gobierno de Estados Unidos a las diputadas costarricenses del Partido Liberal Progresista (PLP), Johana Obando Bonilla y Cinthya Córdoba Serrano, se dio tras una solicitud del gobierno de Rodrigo Chaves.
“No hay duda de que, a solicitud de nuestro gobierno, la venganza ha sido elevada a nuestra política internacional. Atrás quedaron los años cuando se le pedía al vecino del norte apoyar la paz en Centroamérica, cambiarnos deuda por bosques o acuerparnos para el ingreso a la OCDE. Ahora piden castigo para quienes se atreven a discrepar. ¡Qué vergüenza!”, escribió Chinchilla en su cuenta de X.
Estados Unidos revocó las visas a las diputadas costarricenses Johana Obando y Cynthia Córdoba, quienes en meses recientes criticaron la decisión del Gobierno de Costa Rica de impedir que empresas chinas participen en los concursos públicos para el desarrollo de redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G).
El Partido Liberal Progresista (PLP), al cual pertenecen las legisladoras, indicó el jueves en un comunicado que se solidariza con las diputadas y que respeta la revocatoria de las visas, ya que Estados Unidos “toma sus propias decisiones políticas, diplomáticas y administrativas”.
En los últimos meses las dos diputadas han criticado la decisión del Gobierno de Costa Rica de impedir que empresas chinas participen en concursos públicos de redes 5G.
Las legisladoras confirmaron a los medios locales que recibieron un correo en el que les comunicaron la revocatoria de sus visas, por razones que no han sido explicadas.
El Gobierno de Costa Rica, presidido por Rodrigo Chaves, ha señalado en numerosas ocasiones a varios diputados, incluyendo a las dos del PLP, de reunirse con representantes de la empresa china Huawei y de llevar adelante acciones en favor de la compañía.
El pasado 4 de febrero, durante una visita a Costa Rica, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, advirtió que su país podía sancionar a funcionarios costarricenses que colaboraran con actores extranjeros que representen una amenaza para la ciberseguridad estadounidense.