“No me van a callar”, gritó este miércoles la abogada Ruth López, activista de derechos humanos arrestada hace dos semanas en El Salvador, al entrar a una audiencia judicial acusada de supuesta corrupción, en un caso que organismos humanitarios consideran una estrategia del gobierno de Nayib Bukele para silenciarlos.
López, de 47 años, es una reconocida abogada de la ONG de derechos humanos Cristosal que indagaba supuestos casos de corrupción del gobierno, asistía a víctimas de la política de seguridad de Bukele y a familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.
“No me van a callar, un juicio público quiero (…) la gente merece saber. El que nada debe nada teme”, afirmó López, en medio de una nube de periodistas y custodiada por seis policías, en las puertas del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador.
“¡Dios y la verdad están conmigo!”, agregó la abogada, quien aseguró que las autoridades pretendían que acudiera a la audiencia de “traje” en lugar de la camiseta blanca que vestía. Llevaba una biblia en la mano.
Su caso fue declarado bajo “reserva total” por las autoridades judiciales.
“¿A qué le temen? A haber hecho una acusación infundada (…) le temen a lo que la imputada ha venido trabajando y diciendo en su quehacer profesional”, declaró a la prensa el defensor Pedro Cruz, poco antes del inicio de la audiencia que definirá si es dejada en libertad o seguirá detenida.
Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), aseguró en la red social X que si el gobierno tuviera “algún argumento” pediría “que se levante la reserva del caso”.
La fiscalía asegura que López habría cometido “peculado” cuando fue asesora hace una década del entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, detenido en febrero acusado de enriquecimiento ilícito. Este cargo podría añadírsele a López.
Pero organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales como Amnistía Internacional y HRW, denuncian una escalada de persecución contra los activistas que denuncian “corrupción” y “violaciones” de libertades en el gobierno de Bukele.
Tras el arresto de López, el gobierno de Bukele adoptó una ley de “agentes extranjeros” similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las oenegés a pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban.
*AFP