Ezequiel Molina | Julio 2, 2026
El reciente asesinato en Costa Rica del mayor retirado del EPS, Roberto Samcam Ruiz, ha puesto en la palestra pública internacional el afianzamiento institucional de la criminalidad organizada transnacional de la dictadura sandinista, estructurando para ello un aparato estatal de carácter paramilitar y reorganizando los órganos del Estado (judicial, electoral y legislativo) en función de alinear un modelo que le permita actuar sin cortapisas y con total impunidad y secretividad intra y extraterritorialmente.
Este modelo sandinista supera por mucho el andamiaje legal, jurisdiccional y operativo creado para combatir este tipo de organización criminal; y es que la dictadura ha aprovechado la desregulación del comercio, de los mercados financieros y del ciberespacio con el afán desmedido de enriquecerse mediante el blanqueo de capitales, el fraude tributario, el tráfico de personas, tráfico de drogas y crímenes medioambientales transnacionales, convirtiendo el territorio nacional en un nicho de inversiones ilícitas, en un paraíso de protección de sujetos criminales y en última instancia promoviendo la ruptura total de la gobernabilidad democrática y creando un orden social de transgresores encabezado por cúpulas: militar y política, banquera y empresarial,.
Los dictadores también han aprovechado la transnacionalidad de la cooperación judicial y policial para perseguir a los opositores que han escapado del país, con el propósito de extraditarlos, dificultarles la permanencia en los países de acogida o capturarlos de inmediato al intentar ingresar al país. Desnacionalizar, negar un pasaporte, impedir la entrada al país, borrar la formación académica o cortar el acceso a pensiones, cuentas bancarias o usurpar los bienes a todo aquel que se considere opositor, es parte del menú represivo impuesto por los dictadores, aunque últimamente también utilizan algunos de estos mecanismos represivos con el afán de extorsionar a ciudadanos nicaragüenses que no tienen ninguna filiación política y que jamás han participado en ningún acto de rechazo a la dictadura.
El asesinato del ex mayor Samcam Ruiz ha encendido importantes alarmas internacionales, mismas que apuntan con dar continuidad a la labor investigativa documental, empírica, participativa y científica que Roberto Samcam desarrolló por años. Sabemos por sus escritos, conferencias y otras comparecencias de carácter público, que siendo una persona de formación militar jamás abogó por la violencia armada, siendo más bien un promotor comprometido con la aplicación de la ley, anteponiendo un modelo de justicia transicional que observe retrospectivamente más allá de la cúspide de criminalidad alcanzada en 2018.
Que su asesinato no quede en la impunidad debe ser un compromiso nacional, pero sobre todo que sirva como lección de unidad a esa fuerza enorme que ha sido víctima de la dictadura criminal. El martirologio del pueblo sigue creciendo, pero así crece la posibilidad del fin de la dictadura.