El título de este artículo lo tomo del poema «El entierro de los Muertos», del escritor T.S. Eliot. Mañana se cumple otro aniversario de la crisis y masacre en abril de 2018, y desde este artículo deseo unirme al dolor de tantas familias, y a la indignación por las causas de la crisis, que se pudo evitar si Ortega hubiese mantenido la democracia que desde el gobierno de Violeta Chamorro estábamos construyendo.
Esa crisis aún continúa, y como veremos después, la dictadura sigue echando más causas a la misma. En el libro Nicaragua, el cambio azul y blanco, el primer capítulo se titula precisamente «Inevitabilidad de la crisis». Y todo el libro, desde diversas perspectivas temáticas-fraudes electorales, seguridad, derechos humanos, economia, aspectos legales y derechos sociales, analiza cómo, desde que Ortega inició su gobierno era inevitable, pero no la matanza contra protestantes pacificos.
En el libro se cita lo siguiente: «La indiferencia con la cual muchos nicaragüenses reaccionan frente a los abusos represivos con motivo del asesinato político del campesino Andrés Cerrato dos años antes de la crisis, en algún momento termina. Entonces, de las operaciones limpieza» selectivas, como bien lo ha recordado con inigualable valentia la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, se deriva a masacres colectivas». Eso escribi en LA PRENSA en abril de 2016. Y lamentablemente eso ocurrió en abril de 2018: una masacre colectiva de manifestantes pacificos, como ocurrió en abril de 1954 con hombres que huian después de una rebelión armada contra la dictadura de Somoza.
Hasta poco antes del estallido de la crisis, existía gran complacencia nacional e internacional con Ortega. Había respetado la economia de mercado -que se ha universalizado desde el fin del conflicto entre comunismo y capitalismo y la conclusión de la Guerra Fria- manteniendo el crecimiento económico. En ese contexto, y aunque el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) mantenia su agenda técnica-económica y la institucional-democrática, esta terminó postergada. También habia complacencia internacional, simbolizada por Estados Unidos (EE.UU.), pues Nicaragua no representaba una amenaza a ninguna de las prioridades de su política exterior, habiendo finalizado la Guerra Fría. Así, por ejemplo, solamente el 7 por ciento de los centroamericanos que emigran a EE. UU. proceden de Nicaragua.
Desde el estallido de la crisis, todos los sectores nacionales e internacionales que se oponen a Ortega por su masiva violación de los derechos humanos, existía la expectativa de solución pacifica en las elecciones de noviembre próximo. Esas expectativas han sido echadas al basurero por el proyecto de reformas electorales, las cuales se oponen a los términos y espíritu de la resolución de la Asamblea General de la OEA sobre esas elecciones. El proyecto, como tal, ee una invitación a más canciones internacionales.
Hay una conexión directa entre el fraude de las elecciones de 2011, cuando Fabio Gadea Mantilla fue candidato a presidente y la exclusión general de la oposición democrática en las elecciones de 2016, y el estallido de la crisis y masacre de 2018. Amaya Coppens, de las principales dirigentes de la rebelión civica en abril, en una declaración a LA PRENSA, dijo: «Si habia inconformidad. Se sentia incluso en las votaciones que algo no andaba bien y que eso no era lo que queriamos. Incluso sabíamos quiénes iban a ganar antes de que dieran los resultados».
Por eso digo, que el proyecto de reformas electorales que Ortega presentó a través de sus diputados esta semana en la Asamblea Nacional, es leña para el fuego de mañana.
Por Edmundo Jarquin abogado y economista.