Activistas nicaragüenses denuncian en Ginebra las violaciones a DDHH por parte del régimen Ortega-Murillo

Defensores y activistas nicaragüenses denunciaron hoy en Ginebra la continua y sistemática violación a los derechos humanos del pueblo de Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.

La denuncia sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, fue evento paralelo a la 43° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y contó con la participación de Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Lizeth Dávila, madre de Alvarito Conrado y miembro de la Asociación Madres de Abril (AMA), y el excarcelado político Dilon Zeledón.

Con ellos estuvo el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Joel Hernández, y el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, Clément Voulé.

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Durante la intervención de Núñez, denunció que los diferentes derechos de los nicaragüenses están siendo cercenados por la dictadura Ortega-Murillo. “Han sido 22 meses de represión, pero también de lucha y resistencia. Tengo un sentimiento especial al hablarles aquí con Lizeth Dávila, madre del niño mártir Alvarito Conrado, asesinado por un francotirador, un crimen que está en la impunidad; y con Dilon Zeledón sin audición en el oído derecho debido a las torturas en prisión, además fue expulsado de la universidad y borrado su historial académico. La movilización policial y paramilitar en las calles es permanente. La agresión hacia los sectores que protestan e incluso hacia los sacerdotes de la Iglesia Católica es invariable, hay un estado de excepción de hecho, casi un estado de sitio. La represión continua especialmente contra los exreos políticos y sus familias”, inició su ponencia la presidenta del CENIDH.

Núñez informó que pese a la excarcelación a cuenta gotas de presos políticos, aún permanecen en las cárceles 61 personas, sufriendo torturas y malos tratos permanentes.

Además, que la violencia y criminalidad se ha exacerbado con femicidios e incremento de la violencia intrafamiliar, mientras las autoridades no atienden esta situación. Mencionó que “hay un evidente accionar de los grupos paramilitares en las montañas con el Ejército y la Policía, operando con un impacto letal en la vida de los campesinos. Hasta la fecha han sido asesinados 45 campesinos, en circunstancias no esclarecidas”, alertó.

También hizo eco de la situación de las comunidades indígenas en el Caribe, que desde antes del 2018, sufren toda clase de violencia. Agregó que la libertad de expresión sigue siendo violada, “las agresiones físicas a periodistas independientes continúan, persiste el cierre y la usurpación de los bienes de Confidencial y de 100% Noticias” detalló.

Durante la intervención de Lizeth Dávila, inició diciendo que es madre de Alvarito Conrado, el primer niño asesinado durante las protestas iniciadas en abril de 2018, a quien, por orden de la sancionada Sonia Castro, ministra de la Salud en ese entonces le fue negada la atención médica.

“Murió a causa de un disparo en el cuello realizado por un francotirador en las afueras de la Universidad de Ingeniería, luego le fue negada la atención médica. Jóvenes lo trasladaron al Hospital Cruz Azul donde no fue atendido porque ya había órdenes de la ministra de Salud en ese momento, la señora Sonia Castro de no atender a ninguno de los protestantes”, denunció.

Dávila sostuvo que al igual que ella, las demás madres de los asesinados han buscado durante todos estos meses justicia por las muertes de sus hijos, sin embargo las instituciones de Nicaragua no tienen voluntad de iniciar investigaciones, “más bien ha ido incrementando la represión con el hostigamiento, las amenazas y los asesinatos en Nicaragua”.

“Como AMA nos angustia y nos llena de impotencia que el gobierno aun continúe negando su responsabilidad en la ejecución de crímenes de lesa humanidad y continúe las graves violaciones de derechos humanos. Nos ha arrebatado la vida de nuestros hijos y los derechos como familia, nuestros otros hijos no tienen derecho a la educación, ni a salud pública. Las madres demandamos justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”, expresó la madre de Conrado.

“Los asesinatos en Nicaragua no han cesado. La sangre de mi hijo Alvarito Conrado y la de todos los asesinados no puede quedar en la impunidad, ante esta situación solicitamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidad que extienda el mandato a la Alta Comisionada, señora Michelle Bachelet para darle seguimiento al tema de Nicaragua, no hay paz sin justicia, las madres no nos rendimos, exigimos justicia”, agregó Dávila.

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Por su parte, el joven Dilon Zeledón comentó que es un nicaragüense más que ha sido víctima de las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.

“El gobierno me acusó de terrorista y de querer provocar un golpe de Estado, fui capturado por paramilitares que me llevaron a la Policía Nacional, fui condenado a 25 años de cárcel, estuve 10 meses privado de libertad… Fui torturado por agentes de la Policía Nacional, de los golpes que recibí perdí la audición total de mi oído derecho. Después de mi salida de la cárcel, la Policía ha mantenido un constante acoso hacia mi y mi familia, un patrón que se repite para otros excarcelados políticos”, contó.

“Nosotros los expresos políticos estamos viviendo lo que consideramos una muerte social, nos siguen negando derecho a la libre movilización, a contar con documentación personal, derecho a trabajar o a estudiar”, denunció.

Zeledón pidió ayuda a la comunidad internacional para que presione al régimen de Daniel Ortega para que haga reformas electorales que sean consensuadas con la oposición nicaragüense. “Esta presión debe ser mediante sanciones al gobierno de Ortega, al Ejército Nacional que no ha sido sancionado aun”, anotó.

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