La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) rechazó las iniciativas de ley anunciadas por la dictadura Ortega-Murillo en las últimas dos semanas en referencia a la Ley Mordaza (iniciativa de ley Especial de Ciberdelitos) y el proyecto de ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
La organización opositora afirmó que ambas iniciativas de ley constituyen un “combo explosivo contra los derechos y libertades de los nicaragüenses a través del cual se pretende recrudecer la represión política y social”.
La Alianza Cívica dijo que con la Ley Mordaza “el régimen Ortega -Murillo pretende controlar los medios de comunicación y redes sociales como espacios para la libre expresión ciudadana a través de la creación de nuevos delitos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.
Advirtió que con esta ley podría ser criminalizada la parodia y la sátira, “expresiones constitucionalmente protegidas”, además alertó que se criminaliza al que “publique o difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra a la población, a un grupo o sector o a una persona o su familia”, lo que para la organización opositora se prevén “penas draconianas”
“La forma en que están redactados estos delitos resulta alarmante, debido al uso de términos amplios, vagos, imprecisos y ambiguos para penalizar expresiones de interés público; la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; y la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos, aspectos que ya han sido declarados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al referirse a leyes similares aprobadas en paises como Cuba y Venezuela”, dijo la Alianza Cívica.
“Este tipo de regulación constituye sin duda un instrumento arbitrario y de represión para atacar la libertad individual, promover la intolerancia y limitar los derechos y libertades ciudadanas al tipificarse delitos relacionados con la apología e incitación al odio y a la violencia y la publicación y divulgación de noticias falsas y/o tergiversada a través del uso de tecnologías de la comunicación, lo que constituye una propuesta inconstitucional que vulnera derechos fundamentales de los nicaragüenses, recurriendo al Derecho Penal como mecanismo de coacción para recetar multas, cárcel e intervención de bienes y activos e impedir el ejercicio de derechos como: la privacidad, la protección de datos personales, el honor de las personas, y las libertades de expresión e información, las cuales son pilares fundamentales para la coexistencia social y democrática”, agregó.
La Alianza denunció que el régimen de Daniel Ortega está haciendo uso del control de todos los poderes del Estado “para garantizar mayor control de la disidencia política y responder a las presiones nacionales e internacionales para la realización de reformas electorales que permitan acordar la celebración de elecciones en noviembre del 2021; la liberación de los presos políticos y la demanda de restablecimiento de derechos y garantías” acuerdos que se suscribieron en la mesa de negociación en marzo del 2019.
“La aplicación de esta Ley Mordaza, en conjunto con establecimiento de la cadena perpetua y la Ley de Agentes Extranjeros, son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por una dictadura cada vez más represiva y violatoria de los derechos de los nicaragüenses”, concluyó.