El activista nicaragüense Amaru Ruiz, defensor de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas y afrodescendientes, afirmó este martes que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ha actuado de forma negligente y de poca voluntad política para entender los temas ambientales en Nicaragua”.
En entrevista con La Mesa Redonda, Ruiz señaló que la negligencia del régimen se muestra desde que en el Presupuesto General de la República y el presupuesto para el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) “no llegan ni al 1%” los fondos para la protección de las áreas protegidas y reservas biológicas de Nicaragua.
“Con eso tenés un indicador que dice ‘no tenemos voluntad política para atender un Ministerio’ que debería de tener un amplio porcentaje de recursos por las más de 72 áreas protegidas que tiene el país, cuatro reservas de biósfera: Seaflower, Bosawás, Indio Maíz y Ometepe”, dijo.
“Aquí la actuación institucional juega un papel fundamental para la conservación de los recursos naturales del país y de las áreas protegidas, sin embargo ha habido una negligencia, una falta de voluntad política, pero también ha habido una actuación más de acuerpamiento y acompañamiento a los procesos de invasión, porque si vos no actuás en función de salvaguardar los territorios indígenas y las áreas protegidas, te volvés cómplice”, zanjó Ruiz.
Agregó que también las instituciones han hecho caso omiso al marco jurídico nacional. “¿Qué está haciendo MARENA? Prácticamente viendo pasar a los procesos de invasión, al proceso de tráfico ilegal de biodiversidad, especies como lapa verde, lapa roja, o la destrucción de algunos hábitat de importancia para la biodiversidad”, reprochó.
El activista ambiental afirmó que “Marena es el principal responsable en la conservación de las áreas protegidas y de las reservas, obviamente atrás de eso está la responsabilidad directa del Presidente de la República en función de salvaguardar los intereses de la nación y después de ahí entrarían un sinnúmero de instituciones que tendrían que ver también con el acompañamiento del Ministerio de los Recursos Naturales para la conservación de esos ecosistemas, el Ejército de Nicaragua con su batallón ecológico, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República porque los delitos ambientales son delitos que se le hace al Estado nicaragüense y la Fiscalía en función de defender los intereses de los ciudadanos nicaragüenses”.
INVASIÓN DE COLONOS
Por otro lado, sostuvo que muchos colonos llegan a las tierras indígenas “por las promesas políticas que en las campañas se llevan a cabo, sobre todo del partido Frente Sandinista en el tema que no los van a desalojar, que les van a dar tierras a cambio de votos”.
“Esa ha sido una política constante del régimen Ortega-Murillo que avala los procesos de invasión a esos territorios, porque no hace nada o porque simplemente los promueve a través de los operadores políticos y secretarios políticos a nivel territorial”, criticó.
Ruiz aclara que las reservas como la Indio Maíz –donde en el 2017 se produjo un incendio– es un área protegida y ningún ciudadano nicaragüense puede alegar desconocimiento de la ley.
“Según la ley la reserva biológica Indio Maíz es una reserva que está protegida por la legislación nicaragüense y que entrar ahí es ilegal, entonces el que entra ahí, entra a invadir”, aseveró.
El activista mencionó los intereses mineros, forestales, de tráfico ilegal de fauna silvestre, tráfico de tierra, intereses ganaderos e intereses políticos, que existen detrás de las invasiones de territorios indígenas.
En ese sentido reprochó que el régimen esté proponiendo a las comunidades indígenas “un proceso de convivencia pacífica” con los colonos invasores.
“Significa avalar los procesos de invasión de los territorios y prácticamente cambiar la gobernanza de un territorio (…) ¿Qué llega a decir el régimen? Que tiene que haber un acuerdo de convivencia entre los que asesinaron a sus familiares y ellos, y que además van a seguir ocupando ese territorio. Y no solo eso, van a tener que participar en los procesos de toma de decisión. Lo que quiere el régimen es darle el poder a los invasores que han llegado a esa zona, tiene intereses de concesiones mineras, forestales, ganaderos, tiene intereses económicos sobre esos territorios”, insistió.
Para Ruiz es preocupante la situación en esas zonas, pues los comunitarios han dicho que van a definir el auto-saneamiento, “es decir el saneamiento desde sus propias manos frente a los procesos de invasión y eso podría aumentar la violencia en esos territorios y la responsabilidad directa sería del Estado por no haber acompañado a esas comunidades a lo establecido en la Ley 445 en la etapa de saneamiento”, advirtió.