Nicaragua, un país conocido por su rica cultura y paisajes impresionantes, ha estado enfrentando un proceso de agudización de la corrupción. Calificado negativamente en varios índices de transparencia y gobernado por un régimen considerado “autocrático”, el país ha sido objeto de investigaciones que arrojan luz sobre la utilización del sector público para beneficios privados.
Para comprender mejor esta problemática, una investigación de OFC NIC basada en evidencias ha examinado patrones de compras públicas desde 2007 hasta 2022 en dos instituciones clave: el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y el Consejo Supremo Electoral (CSE).
En el caso del MTI, el estudio ha revelado procedimientos cuestionables, como la “Compra por Cotización”, que se caracteriza por un tiempo promedio de competencia y cierre de solo 4 días, con contratos por un valor promedio de C$2.3 millones. De manera aún más sorprendente, la “Contratación Directa” se lleva a cabo en menos de un día en promedio, asignando contratos con un valor promedio de C$13.2 millones. Estas asignaciones tan rápidas y significativas levantan sospechas sobre la integridad del proceso.
Otro aspecto preocupante son las empresas ejecutoras de proyectos para el MTI, donde se identificaron valores atípicos en los montos adjudicados a empresas como MECO, Astaldi y Eterna. Estas empresas han estado involucradas en casos de corrupción en varios países de América Latina, lo que sugiere posibles conexiones cercanas entre ellas y el Gobierno nicaragüense.
Por otro lado, el CSE también muestra indicios de prácticas corruptas, aunque difiere significativamente del MTI en términos de montos asignados y distribución de datos. Con un presupuesto total de C$404.0 millones, el CSE asignó un 40.8% más de fondos que el MTI a través de contrataciones simplificadas. Esto genera interrogantes sobre la justificación y el cumplimiento de la ley en estas decisiones.
Además, el CSE ha sido objeto de críticas y sospechas sobre las relaciones poco transparentes con proveedores destacados como Interlector Nicaragua S.A, Mega Comunicaciones S.A, Consultores Especialistas en Sistema S.A y Suministro de Informática Quiñonez. También se han detectado gastos innecesarios y poco claros, como la compra de vehículos de lujo, y la subdivisión de contratos para eludir controles y límites de gasto público.
Estos hallazgos presentan un panorama desalentador y plantean la urgente necesidad de abordar la corrupción y promover la transparencia en el uso de los recursos públicos en Nicaragua. La corrupción socava la confianza de la población en sus instituciones y afecta negativamente el desarrollo económico y social del país. Es esencial que el gobierno nicaragüense tome medidas efectivas para abordar este problema y fortalezca sus mecanismos de supervisión y control.
La sociedad civil también juega un papel fundamental en esta lucha contra la corrupción. Los medios de comunicación disidentes que han expuesto estos casos son un ejemplo de la importancia del periodismo independiente en la rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales.
La comunidad internacional también debe prestar atención a la situación en Nicaragua y brindar apoyo a iniciativas que promuevan la transparencia y el buen gobierno. La cooperación internacional puede ayudar a fortalecer las instituciones y los mecanismos de control para evitar que los recursos públicos sean desviados para beneficio privado.
Los patrones identificados en el MTI y el CSE, que sugieren indicios de corrupción en las compras públicas, representan un desafío significativo para el país. La lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para asegurar un futuro mejor para todos los nicaragüenses. Por eso desde OFC NIC hemos creado una sección de Reporte Ciudadano, donde de forma anónima, los ciudadanos y ciudadanas podemos denunciar la corrupción y los Abusos de los Recursos del Estado que existen en nuestros municipios.