La legitimidad de los comicios presidenciales y legislativos que se celebrarán en Nicaragua el 7 de noviembre es casi nula, advierten algunos expertos consultados por la Voz de América. Señalan incluso que falta presión de la comunidad internacional para que tengan lugar comicios que cumplan con los valores democráticos.
Con Daniel Ortega buscando una nueva reelección junto a su esposa, Rosario Murillo, y con una oposición prácticamente anulada de facto, el proceso no es más que “un teatro”, a juicio del eurodiputado Ramón Bauzá, quien sugiere incrementar las medidas contra el dictador de Nicaragua para encaminar al país por la senda democrática.
De hecho, recientemente la Unión Europea prorrogó por un año más las sanciones contra varios funcionarios allegados a Ortega, incluida Murillo.
La UE explicó que Ortega y su esposa “han eliminado la posibilidad de una competencia electoral seria en las urnas, privando a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes”.
Para el eurodiputado Bauzá, la UE no podía hacer otra cosa más que “mantener las sanciones contra el régimen, pues no ha habido acción por parte del régimen que justifique un cambio en la política europea”.
Lamentó, sin embargo, que la presión se pudo tomar con mucha anterioridad. “Así hubiésemos evitado el fraude electoral al que se encamina Nicaragua”, dijo.
“La Unión Europea no puede reconocer de ningún modo el fraude electoral que ha preparado el régimen. Ortega y Murillo se han fabricado unas elecciones directamente a su medida”, añadió Bauzá y dijo que lo que se verá en noviembre “no son elecciones, es simplemente un teatro que Europa no puede legitimar y estoy seguro que no reconocerán”.
En Washington, uno de los principales socios comerciales de Managua, se desconocen aún los pasos que podría tomar tras los resultados del proceso electoral de noviembre.
En junio, una fuente de la Casa Blanca dijo a la VOA que estaban valorando “todas las opciones” para presionar al régimen de Ortega.
Las medidas, que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso, están basadas en tres factores: “impacto”, respaldo internacional e incentivos, indicó a la VOA el asesor para Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.