La Asamblea General del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), alertó que observa “con urgencia y preocupación” una “violación múltiple de los derechos” en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una declaración urgente respecto a la situación en Nicaragua, el organismo argentino, sostuvo que el régimen Ortega-Murillo pretende “someter a los nicaragüenses a la voluntad estatal, eliminando cualquier disidencia real, potencial o imaginaria”.
“El Centro observa con urgencia y preocupación que, entre febrero y marzo, la situación de ataques sistemáticos contra la población civil se ha multiplicado. El país está viviendo los efectos perversos e indiscutibles de un terrorismo de Estado”, dijo CALIDH.
El organismo exigió la libertad de los más de 37 personas privadas de libertad por motivos políticos, la revocatoria de sus sentencias y la declaratoria judicial de inocencia como procede en arreglo con las garantías del debido proceso establecidas en el Derecho Internacional.
CALIDH también repudió “los incesantes ataques contra los clérigos, los religiosos, laicos y el pueblo católico”; y las confiscaciones están sufriendo los 317 despojados de su nacionalidad”.
“La constitución del país prohíbe las confiscaciones y garantiza el respeto irrestricto de la propiedad privada, lo mismo que las obligaciones del Estado, especialmente el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No existe ninguna justificación legal que den lugar a estos atropellos que se creían actos del pasado violento de Nicaragua. Nos solidarizamos con las personas víctimas de las confiscaciones”, reza el comunicado de CALIDH.
Asimismo, el organismo rechazó la condición en la que han quedado los 317 nicaragüenses cuyos documentos que acreditan su nacionalidad han sido invalidados, el secuestro de la la doctora Anely Pérez, y la masacre en la comunidad Wilú que “cuenta con la complicidad del Estado de Nicaragua”.
“Condenamos especialmente el abandono del papel de garante de derechos Estado respecto de las mujeres, las niñeces, adolescencias, población LGBTIQA+, adultos mayores, personas con discapacidad, personas privadas de libertad entre otros”, añadió.
CONDENA COMPLICIDAD DEL BCIE
CALIDH, también exigió a la comunidad internacional tomar medidas efectivas respecto de Nicaragua e incluir “cláusulas de derechos humanos en empréstitos, donaciones y otras formas de cooperación internacional”.
En ese sentido condenó energicamente “la complicidad del Banco Centroamericano de Integración Económica con el gobierno de Nicaragua, especialmente, de su presidente Dante Mossi”, que ha oxigado al régimen de Ortega con millonarios préstamos.
“Exigimos que los países democráticos y los organismos internacionales presionen al gobierno de Nicaragua para que se transite hacia la libertad definitiva del pueblo de Nicaragua con democracia, derechos humanos y el restablecimiento de la institucionalidad, con justicia, memoria, verdad y reparación para las víctimas; sin amnistías, ni pactos sucios en perjuicio de la sociedad y el Estado nicaragüense”, anotó CALIDH.