El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), expresó su rechazo al proceso judicial en contra del obispo nicaragüense Rolando José Álvarez, cuya audiencia está prevista para este martes.
Álvarez, está siendo acusado por los falsos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
La audiencia inicial está a cargo de la jueza del décimo distrito penal de audiencia de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, quien deberá decidir si manda el caso a juicio oral y público, y si mantiene o no en prisión preventiva a monseñor.
“CALIDH observa con mucha preocupación los ataques estatales en contra de monseñor Álvarez y rechaza enérgicamente su sometimiento a este proceso judicial”, señaló CALIDH, el cual fue fundado en Buenos Aires, Argentina, por el abogado nicaragüense Danny Ramírez-Ayérdiz.
La organización señaló que el proceso abierto contra el obispo Álvarez “es arbitrario y viola los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado de Nicaragua”.
“El proceso carece de las garantías del debido proceso, que no necesitan estar escritas en ninguna ley porque son parte del derecho internacional inmodificable. Derechos como el ser puesto de inmediato ante la autoridad judicial, el derecho a ser liberado ante la inexistencia de una acusación en un plazo razonable, el derecho de defensa, de ser tutelado por autoridades judiciales ante las arbitrariedades manifiestas fueron violados antes de que empezara este proceso en su contra”, indicó CALIDH.
Agregó que, las leyes penales en las que se basa el Poder Judicial para juzgar a monseñor Álvarez “son vagas e imprecisas en su redacción y son inconstitucionales porque quiebran el principio de presunción de inocencia, pues fueron aprobadas con la clara intencionalidad de castigar a las voces críticas respecto del actuar del gobierno tras casi cinco años de crisis sociopolítica. Estas leyes obedecen al plan general de censura y castigo estatal al que es sometido toda voz disidente”.
CALIDH afirmó que el proceso penal contra el obispo de Matagalpa es parte del “patrón sistemático de ataques contra la libertad religiosa, de asociación y expresión de la Iglesia Católica en Nicaragua en su conjunto y de ciertos clérigos en particular”.
En ese sentido, apuntó que “el Estado ha difamado, criminalizado y forzado al exilio a religiosos y laicos con la finalidad de silenciar y castigar a voces como las de Álvarez”.
“Los ataques contra los grupos religiosos están sancionados por el Derecho Penal Internacional. Tanto el proceso contra el obispo de Matagalpa como los que están abiertos respecto de otros religiosos y colaboradores de la Iglesia en Nicaragua, buscan romper la moral de los adeptos católicos y seguir ejecutando una situación generalizada de miedo dentro de la población que ya ha sido anotada por los organismos internacionales de derechos humanos”, anotó CALIDH.
Finalmente, el organismo expresó su “profunda solidaridad con monseñor Rolando Álvarez Lagos, sus familiares y cercanos, con la Iglesia en Nicaragua y con el pueblo católico en ese país”.
“Continuaremos en nuestra labor de seguimiento de la situación en Nicaragua comprometidos con las familiares y víctimas del actual contexto, reiterando nuestro compromiso de contribuir a abrir caminos de justicia, verdad y reparación integrales”, concluyó.