CENIDH: Resolución de la OEA “es una derrota diplomática” para Ortega y Murillo, pero “pudo ser más explícita”

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) reconoció el trabajo realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la 50ª Asamblea General 2020 en la que se aprobó una resolución que demanda al régimen de Daniel Ortega implementar reformas electorales previas a las elecciones de noviembre de 2021.

Para el CENIDH la resolución “es una derrota diplomática” para el régimen de Ortega y su mujer Rosario Murillo; sin embargo, reconoce que esta “pudo ser más explícita”.

“Aquí hay que destacar que esta resolución es una derrota diplomática para el régimen Ortega Murillo, prácticamente se quedó aislado en el órgano político más importante del continente, solo obtuvo el acompañamiento de un país del Caribe, en su pretendida decisión de perpetuar su dictadura”, dijo el CENIDH a través de un comunicado.

El organismo indicó que aunque la resolución recoge un “número importante” de demandas que se han planteado para el fin de la represión y el restablecimiento de la democracia en nuestro país, también advirtió que “las resoluciones de los organismos internacionales por sí solas no terminan con gobiernos dictatoriales”, y que el cumplimiento de estas resoluciones depende de las posibilidades reales que tengan.

“Sin embargo, la resolución pudo ser más explícita y secundar la tenaz exigencia de todos los nicaragüenses de demandar la libertad inmediata de los presos políticos porque sus vidas corren un grave peligro de muerte en las cárceles del sistema; desactivar las fuerzas irregulares pro-gobierno, que mantienen en conjunto con la Policía Nacional un ‘estado de excepción de hecho’ y en la actualidad están impidiendo la reorganización de estructuras políticas de cara a un posible proceso electoral”, refiere el organismo.

El CENIDH hizo un llamado a los organismos de protección de internacional derechos humanos a “continuar su monitoreo y acompañamiento a la situación de Nicaragua, y a los Estados democráticos a cumplir con el deber de protección a las personas que dentro de nuestro país se encuentran en una situación de riesgo por el actuar de un gobierno dictatorial”.

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