La prestigiosa oenegé Cristosal, que investiga casos de corrupción y denuncia violaciones de derechos humanos en El Salvador, anunció este jueves que se vio forzada a partir al exilio ante la “escalada represiva” del gobierno de Nayib Bukele contra activistas humanitarios.
Cristosal, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele, denunció ser víctima de “acoso”, “espionaje” y “difamación” de lo que llamó una “dictadura” instalada en El Salvador.
La oenegé también asiste a familiares de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos en marzo y presos en una megacárcel para pandilleros en El Salvador, lo que ha calificado como una “desaparición forzada”.
“Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador”, dijo en una conferencia de prensa en la capital guatemalteca el director de la organización, Noah Bullock.
“Frente a un aparato represivo que actúa sin límites (…) nos vemos obligados a elegir entre la cárcel o el exilio”, agregó.
La oenegé, creada por obispos anglicanos hace 25 años, aseguró que seguirá trabajando desde sus oficinas en Guatemala y Honduras para resguardar la seguridad de su equipo.
Cristosal tomó esta decisión tras el arresto hace dos meses de la abogada salvadoreña Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción, y la puesta en vigor en junio de una ley de “agentes extranjeros”, similar a las de Rusia y Nicaragua, por medio de la cual el gobierno controlará a las oenegés.
López, declarada “presa de conciencia” por Amnistía Internacional, fue detenida el 18 de mayo tras ser acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía, afín al gobierno.
Con la ley de “agentes extranjeros”, rechazada por organismos internacionales de derechos humanos, las oenegés deberán pagar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben. Cristosal opera principalmente con donaciones.
“Es un instrumento de control autoritario. Impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes”, señaló la oenegé, que aclaró que, no obstante, no renunciará a su personería jurídica en El Salvador.
“La dictadura se instaló”
Cristosal, que contaba con una treintena de activistas en El Salvador, denunció en su comunicado que ese país “ha dejado de ser un Estado de derecho”.
“Cuando ejercer las libertades o simplemente disentir del poder conlleva consecuencias, estas ya son las señales claras de que la dictadura se instaló”, denunció Bullock.
El activista agregó que la “criminalización y el exilio de defensores de derechos humanos” es una “violencia política” para “someter a la sociedad” salvadoreña a “un régimen de miedo”.
Más de 40 periodistas salvadoreños han partido al exilio en los últimos meses, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Los más destacados son los del diario digital El Faro, que denunció un pacto entre Bukele y las pandillas antes de declararles la guerra en 2022. Una información que el presidente niega a rajatabla.
*AFP