El dictador Daniel Ortega, ha instaurado un estado policial y ha suspendido los derechos y las libertades fundamentales en Nicaragua con el fin de afianzar su poder desde 2007, según el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2023, la CIDH constató la persistencia de una fase represiva en Nicaragua que busca afianzar el régimen de concentración del poder en Ortega, basada en la instauración de un estado policial y la suspensión efectiva de los derechos y libertades fundamentales que hace parte del espacio cívico de ese país, según el informe.
En ese sentido, el organismo advirtió que en Nicaragua no existen condiciones propicias para que la sociedad civil pueda participar de manera libre y segura en la vida social, política y religiosa, debido a que “el espacio cívico y democrático se encuentra cerrado”.
En 2023, la CIDH observó la persistencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua, incluso bajo nuevos patrones de represión como la expulsión del país y la privación arbitraria de la nacionalidad.
Dichas violaciones a los derechos humanos son posibles en un contexto marcado por el quebrantamiento del principio de separación de poderes y la instrumentalización del aparato estatal para la represión y persecución política, religiosa y de cualquier persona considerada opositora, señaló.
Asimismo, la CIDH constató la persistencia de una práctica de detenciones arbitrarias y el empleo de la privación de la libertad para mantener un clima de miedo en la población, censurar cualquier expresión de disenso, tanto en el espacio físico como digital e, inclusive, para perseguir las expresiones de fe y prácticas de la religión católica.
“La falta de independencia del sistema de administración de justicia posibilita procesos judiciales y la imposición de sanciones penales incompatibles con un régimen democrático”, indicó.
Según el informe, la perpetuación del estado policial y las detenciones arbitrarias, en un contexto del cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil, el exilio y el destierro de líderes, lideresas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, “ha acentuado un clima de autocensura entre la población y el temor a denunciar violaciones a derechos humanos por miedo a represalias”.
*Con EFE