La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) condenaron este viernes “la criminalización de las personas identificadas como opositoras políticas en Nicaragua”.
Ambos organismos subrayaron la reciente orden de detención, allanamiento y acusación contra el ex vicepresidente Sergio Ramírez, así como las graves condiciones de detención en las que permanecen personas opositoras que fueron privadas de su libertad.
“La CIDH y la OACNUDH rechazan el uso indebido de acusaciones penales en contra de personas opositoras para restringir su derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a la libertad de asociación, mediante la formalización de delitos graves en su contra, tales como ‘lavado de dinero’, presuntamente ligado a la implementación de fondos de cooperación, o ‘conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional’. Según información recibida, dichas acusaciones no respetaron las garantías procesales o el derecho a un juicio justo, ya que habrían sido presentadas en varios casos en audiencias preliminares privadas y secretas, en instalaciones distintas a los tribunales judiciales, en horas de la madrugada y a menudo sin presencia de las y los representantes legales de su elección. Ninguna de las decisiones judiciales sobre recursos de habeas corpus o excepciones procesales presentadas por los abogados se han resuelto en favor de las personas acusadas, conforme a la información disponible”, reza un comunicado conjunto.
Ambos organismos recibieron información acerca de las “graves condiciones de detención” a las que se enfrentan las personas detenidas, en particular las mujeres, como interrogatorios constantes, aislamiento, exposición a luz artificial las 24 horas del día, la falta de atención médica, y acceso a agua y alimentación insuficiente. “Estas condiciones podrían constituir malos tratos”, apuntaron.
“Preocupa particularmente los alegados hechos de tortura psicológica a mujeres detenidas durante los interrogatorios, presuntamente perpetrados como represalia a su reconocido rol de lideresas sociales, políticas y de defensoras de derechos humanos”, añaden.
La CIDH y OACNUDH solicitaron a las autoridades a que “garanticen el trato digno y el acceso a las personas bajo su custodia, también por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo atención médica adecuada, alimentación nutritiva suficiente, condiciones salubres de detención y visitas regulares”.
En particular, urgieron a que adopten todas las medidas necesarias para respetar y garantizar de manera efectiva los derechos de las mujeres, a fin de que no sufran discriminación y sean protegidas contra todas las formas de violencia que pueden derivar de su condición de género. Asimismo, exhortaron a que se investiguen las alegaciones de maltrato a quienes las personas detenidas, y a que se repare de manera integral a las víctimas.
Asimismo, que se garantice el debido proceso y, en particular, a asegurar una defensa adecuada que permita a las personas acusadas un contacto regular con su representante legal y la posibilidad de participar en la preparación de sus respectivas audiencias. Para ello, es esencial que sus representantes legales tengan acceso irrestricto a las mismas.
“Finalmente, la CIDH y OACNUDH instan al Estado a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en los últimos meses incluidas las 130 personas que fueron privadas de libertad desde el inicio de la crisis en abril de 2018; así como, a garantizar la integridad y seguridad y a cesar de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes se consideran personas opositoras al gobierno y a restablecer las garantías para el goce pleno de los derechos civiles y políticos”, concluyeron.