Un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, registró 150 casos de torturas desde 2019 hasta octubre de 2022 en el país, los cuales los atribuyó al régimen de Daniel Ortega.
“Desde el 2019 a la fecha el Colectivo ha recibido 150 denuncias de víctimas de torturas y monitoreado esta situación en los informes anteriores del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, demostrando la sistematicidad con que esta es practicada impunemente”, indicó la organización, en un informe contra la tortura.
Según el Colectivo, “el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 215 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, y al menos 34 de ellas están en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Nuevo Chipote, donde se violentan los derechos más básicos que tiene toda persona privada de libertad”.
En el informe, la organización destacó la práctica de “tortura blanca” en las cárceles nicaragüenses, en las que los presos políticos sufren “el aislamiento, la incomunicación, la escasez de alimentos, la negación de recibir materiales de lectura y la falta de regularización de visitas familiares”.
Además, los reos soportan, por parte de las autoridades, “falta de atención médica oportuna y especializada dirigida a erosionar el estado físico de personas presas políticas”, alertó.
Debido a la falta de condiciones en los calabozos, más de 20 presos políticos se mantienen en huelga de hambre desde el 20 de septiembre pasado, incluyendo a la exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, sin que hasta ahora se conozca su situación, señaló el informe.
El Colectivo además contó “al menos 2.175 organizaciones (no gubernamentales) canceladas arbitrariamente desde 2018 a la fecha”, de las cuales 29 eran religiosas.
“La violencia y brutal persecución del Estado contra la Iglesia católica ha provocado el exilio de al menos 55 sacerdotes, el destierro de dos sacerdotes y múltiples procesos judiciales, en los últimos dos meses”, denunció.
El informe destacó que en Nicaragua se realizan “procesos legales arbitrarios”, de los cuales “los jueces y magistrados tienen pleno conocimiento, que en la práctica sus actuaciones son contrarias a la ley, sin embargo, de forma voluntaria violan el debido proceso, lo que constituye el delito de prevaricato”.
*Con EFE