Un proyecto de ley que propone un nuevo impuesto del 0,6% a las primas de seguros en Costa Rica encendió el debate entre el sector asegurador y expertos en gestión de riesgos: mientras unos advierten un encarecimiento directo para familias y empresas, otros sostienen que la medida es clave para prevenir desastres y reducir pérdidas millonarias.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.738, fue presentada por la diputada Rosaura Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), con el objetivo de financiar redes de monitoreo geodinámico y meteorológico en el país.
El plan contempla destinar los recursos al Observatorio Vulcanológico y Sismológico (Ovsicori), la Red Sismológica Nacional (RSN), el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS-UCR).
Sin embargo, la Asociación de Aseguradoras Privadas de Costa Rica (AAP) rechaza la propuesta y advierte que el impuesto recaerá directamente sobre los asegurados.
Según el sector, la medida encarecería pólizas de vida, salud e incendio, además de elevar las cuotas de créditos que incluyen seguros, como los hipotecarios.
El vocero de la AAP, Giancarlo Caamaño, señaló que el impacto económico sería significativo, con un costo estimado de ¢3.300 millones en el primer año, monto que crecería conforme se expanda el mercado.
Además, cuestionó que las entidades beneficiarias ya cuentan con financiamiento estatal a través del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
El sector también alertó sobre efectos sociales, como una posible reducción en el acceso a seguros y mayor presión sobre el sistema público de salud, en caso de que las personas decidan prescindir de estas coberturas por su costo.
No obstante, especialistas en monitoreo y gestión de riesgos desmintieron estas advertencias y calificaron de “alarmistas” los señalamientos de las aseguradoras.
Desde el Ovsicori, su director Esteban Chávez afirmó que el incremento en el costo sería mínimo y que la inversión permitiría prevenir pérdidas mucho mayores.
Investigadores del área, como Diego Hidalgo y Cristina Araya, explicaron que las redes de monitoreo enfrentan limitaciones presupuestarias que afectan la renovación de equipos y su capacidad operativa.
Advirtieron que sin inversión, estos sistemas pueden deteriorarse progresivamente hasta dejar de funcionar.
Los expertos sostienen que el impacto económico para los usuarios sería marginal. Por ejemplo, una vivienda valorada en ¢100 millones pagaría aproximadamente ¢130 adicionales al mes.
A cambio, aseguran, el país obtendría beneficios en prevención de desastres, ya que por cada colón invertido en monitoreo se pueden ahorrar hasta seis colones en pérdidas.
“Más que un gasto, es una inversión en seguridad, resiliencia y estabilidad económica”, indicaron.
El proyecto continúa en discusión en la Asamblea Legislativa, donde se analiza un texto sustitutivo que podría modificar su alcance antes de avanzar en el proceso.