A solo 72 horas de que se instale la nueva Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo, el panorama político en Costa Rica se ha tornado opaco. Lo que hace una semana parecía una coalición sólida liderada por el oficialismo para apoyar la agenda de la presidenta electa, Laura Fernández, se ha desmoronado este martes tras el retiro de las bancadas del PUSC y el PLP de la mesa de negociación.
La falta de acuerdos sobre quién presidirá el Directorio ha dejado al Congreso en un limbo que amenaza con marcar el inicio de una legislatura de confrontación y parálisis.
Para el analista político Gustavo Araya, este escenario es el resultado de un «vacío de interlocución» por parte de la administración saliente, que no logró heredar puentes de diálogo sólidos. Araya ha señalado que si el Directorio queda en manos de una oposición fragmentada pero unida solo por el rechazo al oficialismo, la presidenta electa Laura Fernández iniciará su mandato el 8 de mayo con las manos atadas para aprobar reformas críticas en seguridad y economía.
Esta visión es compartida por el politólogo Claudio Alpízar, quien advierte que la «moneda sigue en el aire» y que el costo de los votos del 1 de mayo podría ser una repartición de comisiones tan diversa que la gobernabilidad sea el primer sacrificio de la nueva era política.