La ola de confiscaciones que amenaza con perpetrar un nuevo zarpazo, y que ha dado sus primeros pasos con firmeza, es un recurso obligado de la dictadura, y decimos que es un recurso obligado, ya que la dictadura está hundida en el mar de las debilidades y arrinconada en el más profundo sentimiento de abandono, y ante su propia certeza de autodestrucción irreversible, no queda otro camino que actuar sin reservas ni medidas para castigar, no sólo a sus adversarios políticos, sino también a todo aquel ciudadano sospechoso de no temer al régimen; la opción de neutralidad se irá estrechando cada día más, hasta convertir la falsa dicotomía, reeditada innumerables veces, desde el pasaje bíblico en el libro de Mateo como, “El que no esté en mi contra, está conmigo”, hasta el parafraseo del actual cantinflesco presidente mexicano, “Están con nosotros o contra nosotros”, en la motivación que nos obligue a cargar el simbólico trapo rojinegro y la disposición autómata de pronunciar el agradecimiento eterno a los “copresidentes”, por la felicidad plena que nos proporciona escuchar sus voces, o ver sus imágenes día a día.
Pero nuestra larga experiencia en materia confiscatoria, nos conduce a hacer un resumido recuento de hechos, el primero es la similitud oportunista en las acciones realizadas en esa dirección; en 1941, mediante Decreto Ejecutivo, Somoza García “declaró” la guerra a la Alemania nazi, bajo el argumento de “Defender el régimen democrático como base de sus Instituciones”, aunque su intención real era confiscar a los ciudadanos alemanes residentes en el país. Pero la impronta confiscatoria del sandinismo es extensa, profunda y de efectos permanentes, superando exponencialmente a la dinastía somocista: los decretos 3 y 38 de 1979, firmados por la primera Junta de Gobierno; los decretos 782 y 760, firmados por el triunvirato compuesto por Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Rafael Córdova, éste último llamado “Ley de Ausentes”, argumentando, “Que algunos propietarios han abandonado irresponsablemente bienes necesarios para la reactivación económica del país”, mandaba a confiscar los bienes a todo aquel que permaneciera en el extranjero por más de seis meses, sin embargo, todo apuntaba a evitar el regreso al país de desafectos al régimen, además de consolidar el supuesto sueño socialista de la gran propiedad estatal.
El fin del socialismo y la derrota electoral, mostraron la voracidad económica del sandinismo, quienes promulgaron en 1990, en contubernio con la administración Chamorro, bajo el llamado Protocolo de Transición, las leyes 85, 86 y 88, conocidas como “Leyes de la Piñata”, mismas que fueron oprobiosamente ratificadas en 1995, bajo la Ley de Estabilidad de la Propiedad (Ley 209), y vueltas a “legalizar” en 1997, bajo la administración de Arnoldo Alemán con la promulgación de la Ley Sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria (Ley 278). Este conjunto de leguleyadas permitió la apropiación ilícita de costosas propiedades urbanas y rurales, industrias, haciendas ganaderas, casas de veraneo, vehículos y otros activos.
También se cometieron, bajo la administración Chamorro, con una amplia y descarada participación sandinista, otros actos de rapiña no menos deplorables, y moralmente destructivos como los anteriores; el decreto-ley 790 de mayo1990, creador de la Junta General de Corporaciones del Sector Público (CORNAP), destinada a administrar las empresas del sector público con miras a su privatización a fin de impulsar su reactivación, devino en un forcejeo entre sandinistas y gobierno, pactando privatizar un 30% de estas empresas a favor de los trabajadores; esto derivó en una vergonzosa rebatiña que finalizó con la inmoral apropiación de estas empresas por parte de poderosos mandos del FSLN, allegados al gobierno de Chamorro, testaferros del sandinismo y antiguos propietarios, despojando a los trabajadores de lo inicialmente negociado.
Con el bulo de “ordenar el país”, la administración Chamorro creó un intrincado de dependencias dedicadas a regularizar la rapiña sandinista: la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones (CNRC), la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI), la Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) y la Oficina de Titulación Urbana (OTU); para efectos prácticos, ante la iliquidez para indemnizar a los confiscados, se crearon los Bonos de Indemnización (BPI), títulos valores respaldados por el Estado, que se convirtieron en una inmanejable carga fiscal que obliga al pueblo de Nicaragua a pagar la piñata sandinista, costando hasta hoy, más de 2 mil 200 millones de dólares a los contribuyentes.
Todo el tinglado legal en mención, ha sido el artífice de una monumental y tendenciosa maquinación de políticos de oficio que coludidos con banqueros, exportadores y grandes empresarios, han consolidado una mafia operativa que hasta hoy controla, manipula y comparte con la dictadura, la repartición de la riqueza mediante leyes, regulaciones, decretos y toda suerte de artificios legales, que impiden articular un modelo socioeconómico que disminuya estructuralmente la pobreza, promueva el empleo remunerado adecuadamente y respete los derechos elementales de los trabajadores. Sin embargo, es más grave aún el desgarre ocasionado en la fibra moral del pueblo nicaragüense y la hasta hoy, imposibilidad de construir un modelo de cohesión social que apuntale la arquitectura de una sociedad democrática y próspera.
Hoy, Ortega, su consorte y sus cómplices, pretenden perpetuar la confiscación de propiedades como recurso fundamental para mantener sojuzgado al pueblo nicaragüense, extendiéndola para expoliar el inalienable derecho a la nacionalidad y la inviolabilidad del arraigo territorial, olvidando que su veto al uso de la bandera azul y blanco, y las notas del Himno Nacional, sólo han logrado agitar el embravecido silencio de la resistencia pacífica, que una vez más extirpará a los tiranos.
Ezequiel Molina
Febrero 20, 2023.