Defender derechos: la resistencia pacífica de tres mujeres nicaragüenses

*Por República 18

Dolene Miller, defensora de los pueblos indígenas y afrodescendientes; Lludely Aburto, activista por la autonomía municipal; y Orietta Benavides, defensora de personas presas políticas, cuentan cómo es luchar contra un sistema que oprime los derechos…

Nicaragua muestra un grave “retroceso” en materia de derechos humanos han denunciado reiteradamente organismos internacionales. Este agravamiento ocurre a raíz del estallido social en abril de 2018, a partir de cuando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo criminalizó toda expresión ciudadana contraria o disidente. Pese al alto riesgo que implica alzar la voz dentro o fuera del país, tres mujeres nicaragüenses no renuncian a la democracia y a la defensa de los derechos humanos.

Las lideresas Dolene Miller, defensora de los pueblos indígenas y afrodescendientes; Lludely Aburto, activista por la autonomía municipal y la participación ciudadana; y Orietta Benavides, abogada y defensora de personas presas políticas, cuentan cómo es luchar contra un sistema que oprime los derechos fundamentales y ataca a las mujeres. «Defender derechos en Nicaragua conlleva una gran responsabilidad», coinciden. Y no es para menos: actualmente se contabilizan 23 mujeres presas políticas por demandar justicia, libertad y democracia en el país.

Lludely Aburto: de diputada en la Asamblea Nacional a perseguida política por trabajar en el empoderamiento local

Lludely Aburto fue vicepresidenta de UNEN y diputada suplente en la Asamblea Nacional de Nicaragua./ Foto: República 18

A sus 56 años, Lludely Aburto recuerda como si fuera ayer la Revolución Popular Sandinista. Pero es un recuerdo agridulce, porque, según ella, “la lucha que se hizo para la revolución no fue para llegar a lo que se vive hoy en Nicaragua”. Con evidente amargura dice que al “Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se le dio la oportunidad y lo que hizo realmente fue destruir la naturaleza de una democracia en el país”.

Lludely, nacida el 31 de diciembre de 1965 en una familia humilde de Managua, se inició en la lucha estudiantil como parte de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES). Pero, tras la Revolución, potenció su liderazgo en la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), donde llegó incluso a ser vicepresidenta. De ahí, dice, inició su participación en la dinámica política y social nicaragüense.

El ser vicepresidenta de la UNEN la llevó a recorrer todos los recintos universitarios como dirigente nacional. En ese entonces, contó con el apoyo de su familia, principalmente de su mamá y su hermana, quienes cuidaban de su pequeño hijo mientras ella participaba en diferentes reuniones. También estaba trabajando y luchando por culminar su carrera de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Me le daban el tiempo y el espacio que yo no podía darle. De alguna manera el apoyo familiar se hizo presente y no hubo recriminación. Tuve el respaldo de mi madre, mi hermana y mi pareja”, cuenta. Pero Lludely tampoco tiene tanto tiempo en la actualidad. La noche de esta entrevista ha llegado unos minutos tarde pidiendo disculpas. Se le ve algo cansada, y no es para menos: Ha pasado el día en una serie de reuniones opositoras en San José, Costa Rica. País donde se encuentra exiliada.

Toma un poco de café para despabilarse y retoma la conversación. Tiene un recuerdo en su mente de la noche del 18 de julio de 1979, cuando tenía solo 14 años salió a marchar tras el triunfo de la Revolución junto a otros pobladores de donde vivía en la Colonia Primero de Mayo. “Yo salí esperanzada en el cambio. En salir de una dictadura oprobiosa y asesina de jóvenes. Yo tuve muchos amigos que fueron asesinados. Se los llevaron de las aceras de mi comunidad, del barrio”, relata.

Lludely Aburto en entrevista con el periodista Sergio Marin. / Foto de República 18

Ese recuerdo, como una especie de déjávu, volvió a su mente después de abril de 2018, cuando la dictadura de Daniel Ortega comenzó una represión desmedida contra las personas que se manifestaban en un primer momento en contra de las Reformas al Seguro Social. Pero que posteriormente se transformaron en una demanda de renuncia del Poder Ejecutivo. La respuesta fue muerte y más represión. Y las víctimas fueron principalmente jóvenes.

La crisis sociopolítica, que se ha extendido hasta hoy en el segundo país más pobre del continente americano, ha dejado saldos graves: Más de 350 personas asesinadas, más de 2000 lisiadas y centenares de presas políticas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Volver a la calle

Lludely estaba en un foro en Costa Rica el día que comenzaron las manifestaciones en Nicaragua, el 18 de abril de 2018. Volvió a Managua el 20 de abril y dice que no dudo, ni con el cansancio del viaje en sus hombros, salir a marchar junto a centenares de nicaragüenses. En ese momento, pese al peligro por los ataques policiales y de la Juventud Sandinista, ella contó con el apoyo de sus dos hijos y su hija. “Me respetan como madre y saben que yo no me podía quedar callada”.

La activista, que a finales de este 2022 cumple 57 años, cuenta que volvió a estar “en las calles porque eran inauditas las muertes y los ataques contra tantos jóvenes. En las mismas avenidas universitarias que yo marché por la defensa de la autonomía universitaria, por la calidad de la enseñanza. Era inaudito que ahí, en esas mismas calles, estuvieran matando chavalos. Eso me causó indignación”.

Lludely hoy es perseguida por personas que conoció incluso en la Asamblea Nacional de 1990, cuando fue diputada suplente después de salir de la UNEN. Su diputada titular era la excomandante guerrillera Mónica Baltodano, quien hoy también se encuentra exiliada junto a parte de su familia.

Con su tono de voz suave, pero directo Lludely lamenta que en este momento es perseguida política por el Frente Sandinista, partido por el que estuvo en la Asamblea. “Es complejo decir esto, luego que uno tenía sueños en relación a los cambios del país. Lo que menos yo quisiera es ver como Nicaragua está siendo azotada por el partido que organizó y trabajó por el derrocamiento de Somoza. Pero ahora ya ha perdido el norte. Ya el Frente Sandinista no es izquierda, no es revolución. Eso no es para nada un compromiso con el desarrollo de Nicaragua”, asegura la activista.

Luchar desde lo local

Lludely Aburto en la marcha del 25N en San José Costa Rica./ Foto de República 18

Tras culminar su período de diputación en la Asamblea de Nicaragua, cuenta que decidió enfocarse más en su desarrollo personal y se restringió un poco de la actividad política para poder terminar la nueva carrera: Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN), ya que no logró culminar la de Ingeniería Eléctrica en la UNI debido a sus diferentes responsabilidades.

Su monografía final de Administración de Empresas estaba vinculada al desarrollo de la administración pública y planificación estratégica de la alcaldía de Tipitapa, un municipio al sureste de la capital. Tras presentarla salió con honores de la carrera. De ahí, relata, surgió la idea de poder aportar en organizaciones que trabajaran en los municipios. Fue así que llegó casi a finales de 1990 a fundación Popol Na, organización que en 2021 le fue cancelada su personería jurídica por la dictadura.

Luego de trabajar varios años en Popol Na, llegó en 2009 a Red Local, organización con la que sigue trabajando y la ha formado en el ámbito municipal de desarrollo local. Lludely ya no puede contar con los dedos de las manos sus años de trabajo en los temas de descentralización, municipalismo, democracia, desarrollo local y participación ciudadana. También ha apoyado y acompañado la lucha anticanal del Movimiento Campesino.

“De ahí he hecho un recorrido, teórico, académico y laboral, que me tiene hasta hoy vinculada al activismo. Mi trabajo también ha sido informar, formar y colocar en manos de los liderazgos y ese tejido social todo lo que le permita a la población participar en los procesos políticos, en la demanda de sus derechos y del desarrollo de sus comunidades”, dice.

El dolor del exilio

Se emociona hasta las lágrimas cuando habla de su exilio. “Ha sido duro. A mis 56 años me he preguntado qué hago aquí. Me he sentido invalidada incluso. A mí me encanta viajar. Siempre he viajado dentro y fuera del país. Pero en esta ocasión es un desplazamiento que yo no he concebido como un derecho, sino como un despojo de mi país para poder librarme de la cárcel”, reflexiona.

Dice que para ella la cárcel significa también la muerte. “Yo respeto enormemente a todas las y los hermanos presos políticos que están sufriendo las torturas en las mazmorras del régimen. Pero para mí la cárcel es como que nos quiten el oxígeno y eso significa para mí la muerte. Entonces yo tuve que emigrar, salir, exiliarme…”, confiesa con voz entrecortada.

Cuando se le pregunta si ¿tiene miedo que la situación sociopolítica se alargue un poco más en Nicaragua? Suspira un poco profundo y se nota impotente. Pero dice que sí, que cree que el cambio está complicado porque a “las y los nicaragüenses nos está costando encontrar la ruta para que el régimen salga. Nos tiene puesta la pistola en la cabeza”. El café de su tasa se ha acabado. La plática también.

Dolene Miller: de basquetbolista a luchar frente a un Estado que solo quiere las tierras indígenas y afrodescendientes

Foto de Carlos Herrera/ Confidencial.

La lucha de Dolene comenzó cuando estaba apenas en la universidad. Hubo dos momentos claves: El primero ocurrió en 1987 con el proceso de Autonomía de las Regiones Autónomas y el segundo diez años después, en 1997, con el proceso de Demarcación Territorial de las Tierras Comunales. Estas dos situaciones fueron claves, dice, para las comunidades indígenas y afrodescendientes en el Caribe de Nicaragua. Ambos momentos despertaron en ella el sentimiento de defender su pueblo, su tierra. Después de ahí no hubo vuelta atrás.

Dolene, nacida en 1962 en Bluefields, en el Caribe Sur nicaragüense, recuerda que ella participó en las consultas de ambas leyes porque conocía de sus derechos.  “Y es que el conocer sobre derechos te lleva a defenderlos”, dice. Pero también lamenta que haya muchas personas que no se involucren en los procesos de toma de decisión porque “no saben de la ley, ni conocen el derecho, ni saben cómo defenderlo”, comenta.

La lideresa tiene dos hijos varones y una nieta. “Es la niña que no tuve”, dice, para posteriormente lamentarse que sus hijos tuvieron que salir de Bluefields, como muchas personas más que han tenido que migrar por las circunstancias del país. Y es que desde 2018, según la Agencia Central de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 150 mil nicaragüenses han salido del país buscando protección principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, España y Panamá.

Una jugadora talentosa

Cuando Dolene estuvo en la secundaria tuvo la oportunidad de estudiar Contabilidad en Managua. Pero se decantó por hacer el examen para estudiar Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) en León, donde también comenzó a destacar jugando básquetbol. Se le nota brillo en los ojos cuando habla de su etapa deportiva. Pero el tiempo entre las clases y el básquetbol se le acortó, por lo que sumado a otras circunstancias no logró clasificar en Medicina. Sin embargo, sí alcanzó a ingresar en Psicología, carrera que era impartida en la UNAN-Managua.

Tras culminar sus estudios en Psicología viajó a Alemania para sacar la especialidad en psicología aplicada al deporte. Una de sus pasiones. Cuando volvió de Europa se fue nuevamente a Bluefields, donde trabajó con el Instituto de Desarrollo de las Regiones Autónomas (Indera). Luego vino el cambio de gobierno en 1990 y el Instituto fue cerrado. Entonces comenzó a trabajar con organizaciones no gubernamentales en temas de derechos humanos. También ya había sacado varios diplomados en administración y gestión de proyectos, derechos humanos y seguridad ciudadana. Esto, dice, le sirvió para perfilarse mucho más en lo que podía aportar a su región.

Dolene también trabajó con el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), así como con la cooperación sueca, donde se dedicó al fomento y desarrollo de los municipios de las regiones autónomas. Todo esto le fue abriendo puertas a nivel profesional. Pero con el paso del tiempo también se fue abriendo la puerta de la persecución contra su labor.

Dolene considera que uno de los obstáculos para el trabajo de las defensoras de derechos humanos en el Caribe es la falta de voluntad estatal.

Liderazgo de las mujeres

En 2007 fue elegida en una asamblea territorial de pueblos afrodescendientes para representarlos en el proceso de la demarcación territorial. En esa asamblea participaron unas 800 personas. “Para mí significó un compromiso total”, confiesa vía videollamada desde algún lugar de Nicaragua.

A pesar de todo lo que atraviesan los pueblos de la Costa Caribe, Dolene comenta que hay una fuerte participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes. “Nosotras hemos sido las primeras en entender el derecho de los pueblos afro, en el contexto de los derechos constitucionales de la autonomía y los derechos de la demarcación territorial”, explica.

Esto, según ella, se debe a que las mujeres entendieron muy bien que ejercer liderazgo no es beneficioso únicamente para ellas, sino que también lo es para la familia, la comunidad y la sociedad. Las mujeres indígenas en Nicaragua viven junto a sus comunidades la desigualdad, la pobreza, exclusión y la lucha constante por ganar los espacios que les han sido negados y que por derecho constitucional les corresponden.

“Los hombres se inclinan por resoluciones a muy corto plazo. Pero las mujeres lo ven a más largo plazo. Pensamos en qué va a pasar con el proceso de autonomía cuando nuestras hijas e hijos crezcan. Nos cuestionamos si estos serán los nuevos líderes y qué liderazgo les vamos a dejar. Todo ese pensamiento y reflexión forman parte de nuestro diario vivir”, confiesa Dolene, quien pronto cumplirá sus 60 años.

La lideresa dice que en las comunidades “ven cómo los hijos a la primera que piden para comer es a la mamá, no es al papá. Muchas veces eso conlleva a una responsabilidad mayor de nuestra parte, porque pensamos en cuál va a ser, por ejemplo, el futuro de nuestros hijos”.

Los principales obstáculos

La lideresa caribeña, sostiene que «al Estado de Nicaragua no le importa nuestra historia, le interesa nuestros territorios».

La situación de las mujeres en el Caribe de Nicaragua es difícil.  Muchas de ellas, pertenecientes a los pueblos miskitos y mayangnas, están siendo expulsadas de sus comunidades por colonos armados, que en ocasiones las secuestran y hasta las violan, ante la ausencia de las autoridades en esas zonas remotas del país.

Dolene considera que uno de los obstáculos para el trabajo de las defensoras de derechos humanos en el Caribe es la falta de voluntad estatal. “Aquí no hay voluntad del Estado para educar a la población sobre los derechos constitucionales de la población y menos voluntad para con los pueblos comunitarios”

La lideresa caribeña, sostiene que «al Estado de Nicaragua no le importa nuestra historia, le interesa nuestros territorios». Con mirada firme sostienen que para las mujeres indígenas y afrodescendientes «la lucha ha sido también difícil por el racismo y la discriminación, porque el Estado cree que por nuestro pasado no tenemos derechos a ciertas cosas. Eso claramente ha impedido la reconstrucción del tejido social en nuestros territorios».

Un riesgo de vida

El temor de que algo le ocurra siempre está presente en Dolene. Pero dice que fue un compromiso social y de vida que adquirió, aunque esto la tenga frente a frente contra el Estado.

Y es que el régimen en Nicaragua utiliza la criminalización como una herramienta de control para impedir la defensa de derechos en el país, según un estudio presentado recientemente por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

La investigación refleja cómo desde antes de 2018 la criminalización ya había sido usada de forma recurrente por Daniel Ortega para perseguir a las feministas. Asimismo, indica que la criminalización va más allá de los procesos de judicialización y se manifiesta a través de una multiplicidad de violencias como señalamientos, estigmatización, hostigamientos, cancelación de organizaciones, muerte civil, represión migratoria o destierros. Situación que tiene un grave impacto sobre sus vidas, sus luchas y sus familias.

Dolene ha perdido varias amistades por su comprometida defensa de los derechos humanos. Pero cuando se le pregunta sobre el apoyo familiar, cuenta que siempre han estado con ella. “Uno piensa cómo lidiar con esto, porque si algunas amistades se te alejan, no podés alejarte de tu familia, ni ellos de vos. Eso sí, uno debe entender que ellos también necesitan pasar por un proceso”, dice.

“Una debe asegurarles que no te va a pasar nada, asegurarles que es un derecho que estás defendiendo. Pero además de eso uno debe protegerlos. ¿Y eso qué significa? Que una tenga que cambiar algunos estilos de vida, No es que la familia no comprenda, sino que también su entorno se puede ver afectado por tu trabajo. Entonces de alguna manera hay que tener precauciones”, comenta, con tono de preocupación.

Dolene sabe que en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega es un peligro latente. Sostiene que en un país como el que vive entre más intenso el trabajo y el liderazgo, es mucho más comprometedor. “Hemos visto cómo en Nicaragua si no te agarran a vos, atacan a tu familia”, asegura. Ella se refiere a los familiares de liderazgos opositores que han sido encarcelados cuando no encuentran a la persona objetivo.

Orietta Benavides: de casi estudiar periodismo a ser abogada defensora de personas presas políticas

Orieta Benavids es defensora de la presa política Cristiana Chamorro y cuatro excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Al terminar su educación secundaria, casi a finales de 1980, Orietta Benavides tenía dos carreras en mente para continuar su formación: Derecho y Periodismo. Dos de las profesiones más perseguidas en la actualidad por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. “Las dos me motivaban, pero claramente me decidí por el Derecho”, cuenta amablemente una fría mañana de noviembre.

Orietta, nacida en Managua hace 51 años, es especialista y máster en Derecho Penal. Es defensora de la exprecandidata presidencial y hoy presa política Cristiana Chamorro; así como de cuatro personas más que integraban la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Esto le ha costado persecución, temores y hasta una suspensión como profesional.

“Los últimos años han sido difíciles en muchos aspectos. No solamente porque en Nicaragua la ciudadanía ha sido testigo de los incoherentes cambios que han ocurrido en materia de justicia, sino también por el contexto que nos ha tocado vivir”, dice la abogada.

Obstáculos judiciales desde antes de 2018

Mientras repasa la situación en el país, señala que desde antes de 2018 ya se veían las dificultades para poder representar, ya sea como parte acusadora o como defensa, en los diferentes procesos judiciales. Lo que muestra el manoseo institucional que existe en el Poder Judicial y que en los últimos meses ha quedado en evidencia con las renuncias y detenciones de varios de sus funcionarios.

“Ya se sentía la dificultad de poder entrar a un juego que fuera limpio y legal. Siempre había obstáculos en el camino. Pero nada comparado con lo que ha ocurrido de 2018 hasta la fecha”, comenta Orietta, quien tiene más de 28 años como profesional del Derecho.

La especialista recuerda su juventud como una de las épocas más bonitas de su vida, sobre todo en su etapa de colegiala. Cuenta que una de las cosas que la marcaron fue que casi al culminar su carrera en la Universidad Centroamericana (UCA) inició su periplo como una de las dos juezas más jóvenes que en ese momento había en Nicaragua.

La doctora Orieta Benavides en 2021 durante conferencia de prensa en Managua. / Foto de José Cardoza

Una lideresa desde joven

Pero, dice, que ser profesional, mujer y joven también fue un desafío. “Creo que tuve una oportunidad única. Tuve el privilegio de experiencias increíbles en mi carrera profesional, como fue el hecho de servir en la administración de justicia cuando tenía apenas 25 años de edad”, rememora la doctora Orietta. Primero fue jueza penal suplente en Managua, pero al poco tiempo su liderazgo la llevó a ser jueza titular. Fue en 1995.

“En esa época éramos dos las juezas más jóvenes en el Poder Judicial administrando justicia. Yo a nivel de Managua. La otra jueza estaba en otro departamento”, cuenta, sonriendo por lo que ella considera una experiencia que forjó parte de lo que es hoy como lideresa en su campo.

Orietta sonríe al hablar de su familia, sabe que su trabajo es perseguido y castigado en países como Nicaragua. “En cada una de las personas abogadas hay una vocación en defender a alguien en un proceso judicial. Y sabemos que esto conlleva una gran responsabilidad profesional, ética y moral”, señala.

La defensora, a su vez, sostiene que no siempre se logra conjugar la parte familiar con la profesional “porque siempre hay sus discrepancias y sus temores”. Pero ella dice tener muy presente el consejo de sus docentes con respecto a los mandamientos del abogado: «Nunca se debe abandonar al cliente, a menos que sea indigno de ser representado»

A criterio de la doctora, pese a todo lo que sufren las mujeres en Nicaragua, han venido sobresaliendo en diferentes ámbitos. Aunque critica que no ha sido fácil por la cultura machista y el patriarcado que aún permanece arraigado en la sociedad.

Luchar contra un sistema

Lamenta que las mujeres han tenido un retroceso en materia de derechos humanos desde 2018. “Tenemos que buscar cómo superar esto.  No es posible que el liderazgo de las mujeres venga a sufrir ese frenazo tan repentino, tan abrumador y tan violatorio. Estos últimos años han sufrido un retroceso terrible”, argumenta.

En cuanto a la futura búsqueda de justicia en el país, tras los crímenes de lesa humanidad que han registrado diferentes organismos internacionales como la CIDH, la especialista puntualiza que en estos momentos es difícil poder ejercer una defensa eficaz en Nicaragua “porque estamos luchando contra todo un sistema que se encuentra bien articulado entre sí”.

La abogada detalla que el régimen está construyendo barreras cada vez más elevadas para que los abogados no puedan ejercer su trabajo a como se debe. “Tengo colegas abogados de presos políticos que también están sufriendo persecución. Cada vez se nos hace más difícil asumir este tipo de casos”, denuncia.

Resistir ante un Estado que persigue a las mujeres es el camino que, aparentemente, les queda a las defensoras de derechos humanos, activistas y feministas en Nicaragua. Muchas de ellas continúan sus luchas desde la clandestinidad, el perfil bajo o el exilio. Pero el camino se entrelaza: la lucha ante un sistema represivo con las mujeres.

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