El embargo ordenado por el Juzgado Segundo Distrito Civil de Managua contra la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN), filial de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), ha generado una ola de comentarios que apuntan a un nuevo punto de inflexión en la relación del régimen Ortega-Murillo con el gran capital.
Más allá del golpe al capital empresarial nicaragüense, analistas y voces del público advierten que esta vez el régimen ha tocado intereses transnacionales: los del gigante holandés Heineken y los del Grupo Castillo, principal poder cervecero de Guatemala.
“Metérsele a la CCN es metérsele al gran capital de Guatemala y los holandeses directamente”, señaló a La Mesa Redonda, un analista.
Mientras otros recordaron que “seguir jodiéndolas, como ya lo hizo con Nestlé” puede tener consecuencias en el empleo y la inversión extranjera.
De Nestlé a Heineken: señales al capital extranjero
En febrero de 2024, Nestlé decidió cerrar su planta de procesamiento de leche Prolacsa en Matagalpa y trasladar sus operaciones a otros países, tras años de tensiones regulatorias y presiones fiscales del régimen.
Ahora, la ofensiva contra CRN podría ser vista por las multinacionales como una nueva muestra de inseguridad jurídica.
“Esperemos que estos no reaccionen igual que Nestlé”, señaló un ciudadano nicaragüense, recordando el impacto económico que dejó aquella salida, que afectó a cientos de productores locales.
Heineken, nueva protagonista del mapa cervecero regional
El contexto internacional agrava el impacto del caso en Nicaragua. Hace menos de un mes, Florida Ice and Farm Company (FIFCO) anunció, la venta del 75% restante de su participación en Distribuidora La Florida S.A. a HEINEKEN N.V., en una transacción valorada en 3.250 millones de dólares, considerada la más grande en la historia corporativa de Centroamérica.
Con esa operación, Heineken asumió control total de las operaciones cerveceras y de bebidas en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, además de participaciones en Nicaragua y Panamá.
En particular, la firma holandesa tomó control del 75% de Nicaraguan Brewing Holding (NBH), que posee el 49,85% de Inversiones Cerveceras Centroamericanas (INCECA), la controladora de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN), propietaria de marcas como Victoria Frost y Toña.
En palabras simples, el embargo a la Compañía Recicladora de Nicaragua (CRN) no afecta solo al capital local, sino indirectamente a los intereses de Heineken, que hoy controla casi la mitad del conglomerado cervecero más grande del país.
Embargo millonario con trasfondo político
Según documentos judiciales a los que accedió La Mesa Redonda, la jueza Mercedes Inés Leiva Castellón, del Juzgado Segundo Distrito Civil de Managua, ordenó el pago de C$ 2,899 millones (unos US$ 79 millones) por supuestos impuestos omitidos, multas y recargos.
En caso de incumplimiento, el fallo dispone el embargo de bienes inmuebles y la congelación de cuentas bancarias nacionales e internacionales.
Fuentes del Registro Público confirmaron que los accionistas actuales de CRN son Luis Felipe Lacayo Urcuyo, Silvio José González Solórzano, Franco José Chamorro Duque-Estrada y Henry del Carmen Gutiérrez, este último CEO del Grupo CCN.
La medida, según analistas, constituye un nuevo capítulo de presión judicial y económica sobre el empresariado, en momentos en que el régimen busca reafirmar su control sobre sectores estratégicos y consolidar recursos fiscales.
Reacciones y lecturas políticas
Empresarios y observadores coinciden en que, con este embargo, el régimen no solo ataca a una empresa nicaragüense, sino a un entramado de capitales internacionales.
“Metérsele a la CCN es tocar a Heineken, a los Castillo de Guatemala y a los inversionistas guatemaltecos”, opinó un lector en Managua.
Otros consideran que el régimen podría estar enviando un mensaje de “quién manda” en el país, incluso a las corporaciones extranjeras que aún mantienen operaciones en Nicaragua.
El caso ha despertado inquietud en los círculos económicos regionales, que observan si Heineken adoptará una postura pública o si optará, como Nestlé, por reducir su exposición en el país.