Mientras el ruido político domina la capital, la realidad en los hospitales de la periferia recuerda que la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sigue siendo la mayor deuda del Estado con sus habitantes. Este martes, la Defensoría de los Habitantes realizó inspecciones de urgencia en centros médicos de Puntarenas y Limón, confirmando carencias críticas en la infraestructura para la atención humanizada.
El impago histórico de la deuda estatal a la Caja y la falta de especialistas han dejado a estas regiones en una situación de indefensión que no admite más demoras.
Para la defensora Angie Cruickshank, no se trata solo de números o listas de espera, sino de la dignidad básica en la atención de salud. Cruickshank ha subrayado que la transición de gobierno no debe ser una excusa para la parálisis administrativa en la CCSS.
La implicación para la nueva administración es clara: la próxima presidenta Laura Fernández recibe una institución que requiere un «rescate financiero» real y no solo parches cosméticos. La solución técnica que plantean los gremios de salud es el pago inmediato de los compromisos del Gobierno Central para reactivar la inversión en equipo y retención de especialistas, asegurando que la salud vuelva a ser un derecho accesible en cada rincón del país.