SAN JOSÉ, COSTA RICA – La ambiciosa estrategia de seguridad anunciada por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, bajo el nombre de «Fuerza Élite», enfrenta su primera gran contradicción. Mientras el Poder Ejecutivo eleva los decibelios de la retórica gubernamental exigiendo revisiones semanales a los mandos policiales y proponiendo reformas carcelarias extremas, las instituciones encargadas de desarticular judicialmente a las bandas criminales operan con las manos atadas por motivos presupuestarios.
El núcleo de la fricción se encuentra en el Ministerio de Hacienda, que mantiene congelada la suma de ₡8.688 millones originalmente destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía General de la República para el combate directo del crimen organizado y el sicariato. Esta retención de fondos choca directamente con la exigencia presidencial de asfixiar a las 260 estructuras criminales identificadas en el territorio nacional.
Fuentes cercanas al Poder Judicial han advertido que el éxito de cualquier «Fuerza Élite» o comando policial en las calles es estéril si el Ministerio Público y los jueces de investigación carecen de los recursos mínimos para sostener las prisiones preventivas, procesar la evidencia tecnológica y proteger a los testigos clave.
El escenario político se trasladará este viernes 29 de mayo a la Casa Presidencial, donde la mandataria recibirá a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. En dicha sesión de urgencia, las bancadas de oposición han adelantado que exigirán explicaciones sobre esta asimetría financiera. La mesa de negociación medirá si el Gobierno está dispuesto a flexibilizar la disciplina fiscal para financiar la seguridad del país, o si la «Fuerza Élite» nacerá desabastecida frente a un crimen organizado que no sufre de recortes presupuestarios.