Un grupo de destacados opositores, exfuncionarios sandinistas, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y ex presos políticos nicaragüenses dirigió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para pedirle que impulse una postura más firme de los gobiernos progresistas de América Latina frente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En la misiva, fechada el 11 de junio de 2026 y firmada por más de veinte nicaragüenses desnacionalizados, exiliados y confiscados por el régimen, los suscriptores solicitan a la mandataria mexicana respaldar una resolución enérgica durante la próxima Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará entre el 20 y 22 de junio en Panamá.

Los firmantes consideran que los gobiernos progresistas de la región deben asumir un papel más activo ante las graves violaciones de derechos humanos que continúa cometiendo la dictadura nicaragüense.

Piden declarar ilegítimo al régimen

La carta solicita que la Asamblea General de la OEA ratifique y fortalezca la reciente condena emitida por el Consejo Permanente del organismo, que denunció desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, confiscaciones, destierros, privación de nacionalidad, persecución política y otros abusos del régimen.

Además, los opositores plantean que los países latinoamericanos promuevan una resolución que declare la ilegitimidad de la dictadura encabezada por Ortega y Murillo.

“Confiamos en que los gobiernos progresistas latinoamericanos y del Caribe encabecen una resolución enérgica por parte de la Asamblea General que confirme la condena adoptada por el Consejo Permanente y declare la ilegitimidad del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señala el documento.

El caso Brooklyn Rivera como símbolo de la represión

Los firmantes destacan el caso del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia estatal el pasado mes de mayo después de permanecer desaparecido durante casi tres años.

La carta denuncia que Rivera fue mostrado por el régimen en videos cuando se encontraba gravemente deteriorado de salud y que pocos días después se informó sobre su fallecimiento.

Los opositores califican el caso como una muestra extrema de las prácticas represivas de la dictadura y advierten que otros presos políticos continúan desaparecidos sin acceso a familiares, abogados o información sobre su estado de salud.

“Alzar la voz en defensa de la integridad física de estas personas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, advierten.

Solicitan acciones ante la Corte Internacional de Justicia

Además de una condena política en la OEA, los firmantes proponen una acción conjunta de gobiernos latinoamericanos ante la Corte Internacional de Justicia.

El objetivo sería exigir responsabilidades al Estado de Nicaragua por el despojo arbitrario de la nacionalidad a centenares de ciudadanos, una práctica que organismos internacionales han catalogado como una violación grave de derechos fundamentales.

Según la carta, al menos 452 nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad por decisiones adoptadas por la dictadura.

La propuesta plantea fundamentar una eventual demanda en las obligaciones internacionales derivadas de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961.

Los firmantes expresan su confianza en que México pueda desempeñar un papel relevante en la defensa de los derechos humanos dentro de la región.

La carta está suscrita por reconocidas figuras de la oposición nicaragüense y antiguos dirigentes sandinistas que se han convertido en críticos de la dictadura.

Entre ellos figuran la escritora Gioconda Belli; la excomandante guerrillera y ex presa política Dora María Téllez; la excomandante Mónica Baltodano; el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco; el exmagistrado de la Corte Suprema Rafael Solís; el periodista Sergio Marín Cornavaca; el economista Enrique Sáenz; la defensora de derechos humanos Claudia Vargas, viuda del exmilitar Roberto Samcam; la periodista Patricia Orozco; la exdiputada Edipcia Dubón; el activista y consultor jurídico Yader Morazán y el jurista Juan Diego Barberena, entre otros.