Directivos de dos medios de comunicación y de varias ONG críticas al régimen de Daniel Ortega, que fueron clausurados en 2018, denunciaron este miércoles la “usurpación” y “confiscación total” de sus instalaciones tras la aparición de enormes carteles públicos donde se les identifica como “propiedad del (MINSA) Ministerio de Salud”.
Los rótulos amanecieron colocados frente a los edificios del canal de televisión 100% Noticias, de la redacción de la revista Confidencial, de la ONG Popol Na y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), entre otros inmuebles que la policía ocupa desde hace dos años.
En el caso de 100% Noticias, el cartel anuncia que en el sitio funcionará un centro de atención de adicciones, mientras que en los edificios del Cenidh y de Confidencial el gobierno de Daniel Ortega instalará “casas maternas” también adscritas al MINSA.
El periodista Carlos Fernando Chamorro, propietario del edificio donde funcionaba Confidencial y los programas de TV Esta Semana y Esta Noche, todos medios bajo su dirección, dijo que con esta medida “el régimen oficializa la confiscación, en contra de la propia Constitución de Nicaragua”.
“Hemos vivido dos años bajo un estado total de ilegalidad, y hoy Ortega confirma que en Nicaragua no hay ley, porque está oficializando la confiscación pese a que la Constitución Política las prohíbe”, afirmó.
Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), aseguró que pese al “reforzamiento del estado policial, no han podido confiscar el periodismo y no nos han callado, la resistencia está intacta, mientras el régimen sigue botando sus caretas”.
“Esta es una acción política de robo descarado, de facto. No hay ningún decreto confiscatorio (…), no ha habido ninguna resolución judicial sobre los bienes de 100% Noticias”, declaró por su parte en redes sociales el periodista Miguel Mora, director de la televisora intervenida.
En tanto, la abogada Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, dijo que la adjudicación del edificio de su ONG al Ministerio de Salud “no la sorprende”, pues “ya se habían robado nuestra propiedad desde el 13 de diciembre de 2018”.
Recordó que ésa y otras ONG ocupadas interpusieron varios recursos judiciales para revertir la situación, los cuales no han sido respondidos. “Nosotros quisiéramos que no estén usando al Poder Judicial para encubrir su cobardía”, dijo Núñez al ser consultada por la agencia AP.
Otra de las ONG afectadas es el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), cuya directora, la activista feminista Ana Quirós, fue deportada en 2018 a Costa Rica, alegando que ostentaba doble nacionalidad.
Quirós expresó en un comunicado su “dolor y rabia” por la “usurpación” del edificio donde funcionaba su ONG. “Esta nueva actuación del régimen de los Ortega Murillo es una muestra más de que en Nicaragua no existe el derecho a asociarse, el derecho a trabajar, el derecho a defender derechos, el derecho a la propiedad”, señaló.
En declaraciones a medios oficiales este mediodía, la vicedictadora Rosario Murillo no se refirió al tema, en cambio, habló extensamente sobre “el amor y el entendimiento” entre los nicaragüenses.
“Pedimos en estos días a Dios que nos siga reuniendo en amor, con odio nunca más, el odio no tiene sentido, el odio es destructivo, el odio termina con la vida”, dijo Murillo.
*Con información de AP