El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este miércoles 19 de julio una nueva Lista Engel donde incluye a 13 funcionarios orteguistas, señalados de “corrupción significativa” en Nicaragua.
En un comunicado, el Departamento de Estado indicó que este grupo de personas –en las que también hay de Guatemala, El Salvador y Honduras–, son señaladas de “corrupción significativa”, de buscar obstruir las investigaciones al respecto y de socavar los procesos democráticos y las instituciones de sus países.
Además se les acusa de “corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales”.
A los llamados “actores corruptos y antidemocráticos”, se les negará la entrada a Estados Unidos y no podrán obtener visados para viajar a este país.
Estos son los funcionarios orteguistas incluidos en la Lista Engel y la razón por la que fueron sancionados:
Wendy Carolina Morales Urbina, Procuradora general de Nicaragua, “socavó los procesos o las instituciones democráticas, utilizando la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para suprimir la disidencia, al confiscar propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha incautado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para suprimir la libertad de asociación”.
Arling Patricia Alonso Gómez, “la actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo”.
Gladis de los Ángeles Báez, “la actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense”.
Loria Raquel Dixon Brautigam, “la actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo”.
Alejandro Mejía Ferreti, “el actual tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavó los procesos y las instituciones democráticas al participar en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo”.
Rosa Argentina Solís Dávila, “jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense”.
Ángela Dávila Navarrete, “actual jueza de la corte de apelaciones en la Corte Penal de Apelaciones de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticos al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña gubernamental coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo de la ciudadanía nicaragüense”.
Denis Membreño Rivas, “actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno de Nicaragua, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin base legal alguna”.
Aldo Martín Sáenz Ulloa, “actual subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su cargo para facilitar la incautación de bienes de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal”.
Valeria Maritza Halleslevens Centeno, “la actual directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR), socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos”.
Eduardo Celestino Ortega Roa, “actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo gubernamental coordinado para confiscar la propiedad de los opositores políticos”.
Marta Mayela Díaz Ortiz, “actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), socavó procesos o instituciones democráticas al utilizar la SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial de Nicaragua como parte de un esfuerzo gubernamental coordinado para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de los adversarios políticos sin una base legal”.
Sagrario de Fátima Benavides Lanuza, “subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, socavó procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de los adversarios políticos sin una base legal”.
El Departamento de Estado informó que continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará “todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”.
“El Departamento también continúa revisando información creíble adicional y denuncias sobre corrupción o actividad antidemocrática y utiliza todas las autoridades correspondientes, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos”, añadió.