Por Roberto Garnieri | Investigador social y político
El 31 de diciembre 2023, José Luis Rocha falleció de Covid en Ciudad Guatemala donde estaba exiliado. Sociólogo, investigador de la UCA de San Salvador, ex colaborador de la revista Envío publicada por la ex UCA de Nicaragua1, y autor de numerosos artículos y libros sobre Nicaragua. Falleció tres meses después de la publicación de lo que probablemente fue su último trabajo de investigación2. Este fue publicado en inglés y su título en español es “Desmontando el mito del excepcionalismo nicaragüense: crimen, drogas y economía política de la violencia en un ‘narco estado’”.
Por su situación geográfica, Nicaragua es un país de tránsito para las organizaciones narcotraficantes. Sus largas costas, sus fronteras porosas y una región caribe poco poblada crean una situación favorable para el contrabando. Además, el país posee una capacidad logística y técnica limitada para llevar acciones en contra del narcotráfico y del lavado de dinero. En los últimos años, las fuerzas policiacas fueron más utilizadas para combatir a la oposición política que al crimen organizado3.
En una encuesta realizada en el 2021 por Expediente Abierto4, se escribe: “A diferencia de otras naciones centroamericanas y países como Colombia y México que sufren de altos niveles de crimen organizado, Nicaragua se destacaba por tener baja incidencia en este tipo de problemática. Al menos, esa fue la narrativa que persistentemente se impuso de forma generalizada a partir del hecho que la criminalidad organizada en Nicaragua; no había tenido expresiones de violencia como en el resto de la región centroamericana, particularmente como en Guatemala, Honduras y El Salvador.”
“Desafortunadamente, los datos de la encuesta revelan una marcada preocupación por parte de la población respecto al aumento del crimen organizado y el tráfico de estupefacientes en Nicaragua. El 49,3% de los entrevistados, está muy preocupado o algo preocupado por el incremento en los problemas de crimen organizado y narcotráfico en el país. Casi la mitad de la población.”
Añade: “La creciente preocupación de la ciudadanía acerca del incremento en la actividad de grupos del crimen organizado y bandas del narcotráfico en Nicaragua, debe servir como una importante llamada de alerta al gobierno y a la sociedad civil. […] Además, ante una potencial transición política, es muy probable que grupos paramilitares que habrían sido organizados por el gobierno de Daniel Ortega, busquen en la criminalidad organizada su medio de vida.”
Nicaragua ¿“narco estado”?
Es el tema central del artículo de JL Rocha. Desde hace mucho tiempo, Nicaragua se considera (por lo menos así lo considera su gobierno) como un caso particular dentro de los países centro americanos. La revolución sandinista de 1979, su política y su mitología hubieran hecho desaparecer todo lo relacionado con las drogas y por arte de magia eso se continuó en la supuesta “segunda fase de la revolución” que coincide con el regreso de Daniel Ortega al poder en el año 2007, que no es más que la continuación de la política neoliberal de los tres gobiernos anteriores al regreso de Ortega, como lo hemos comentado en otro artículo5.
El pasado 20 de diciembre 2023, el Servicio Federal de Seguridad ruso ya había informado sobre la incautación de un cargamento de 673 kilogramos de cocaína, proveniente de Suramérica, operación en la que fueron detenidas dos personas.
El 10 de enero de 2024, los aduaneros del puerto de San Petersburgo, Rusia, embargaron una tonelada de cocaína6 (mil paquetes de 1 kilo) escondidos en un contenedor de un buque proveniente de Nicaragua. La cantidad equivale a 122,7 millones de dólares. Desde esta incautación, silencio total tanto en Nicaragua como en Rusia. No hubo ni un solo comentario en los canales del gobierno de Nicaragua. ¿A qué mercado estaba destinado? ¿Cómo fue posible introducir esa cantidad en un contenedor en Nicaragua sin complicidades con las aduanas del país? ¿Con la policía? ¿Con el ejército? A la fecha, no hubo ninguna detención con respecto a este hecho tanto en Rusia como en Nicaragua.
En un conversatorio organizado por Expediente Abierto7, se decía: “Rusia, es un país que tiene una economía fundamentalmente criminalizada hasta el punto de que por ejemplo Alexander Bastrick, presidente del Comité de Investigación de Rusia, en España está incluido en la lista negra por sus contactos con la mafia, es decir, estamos hablando que crean una realidad paralela a nivel de la justicia, a nivel de la publicidad, a nivel de las fuerzas de seguridad, pero en la realidad; es que es un país con una economía fundamentalmente criminalizada” y se refería “al pasado de Putin, quien supuestamente pactó con la principal mafia de la ciudad de San Petersburgo, mafia que hoy en día, es el crimen organizado.”Para Dora María Téllez, ex presa política desnacionalizada, y exiliada en Estados Unidos “está involucrado alguien de estatura política importante en las relaciones Rusia – Nicaragua”. Y añade: “Ese alto nivel que viaja y va de arriba para abajo a Rusia, es Laureano Ortega Murillo y el grupo que lo acompaña, porque no vas a establecer conexión con la mafia rusa, distribuidora de cocaína, por teléfono”.
“Es una actividad de crimen organizado, desde el poder político del más alto nivel en Nicaragua; si no ¿quién va a silenciar a los medios oficialistas si no hay una orden desde arriba, desde Daniel Ortega y Rosario Murillo?”, se pregunta. “El punto ahora es que Centroamérica es una zona de tránsito de volúmenes gigantescos de droga, porque la ruta del narcotráfico se trasladó del Caribe a tierra firme. Casi el 80 por ciento de la droga que va para Estados Unidos”, pasa por Centroamérica8.
Desde hace varios años, es lo que subrayan JL Rocha y sus colaboradores, hubo incautaciones de droga en Nicaragua, pero, nunca en cantidades importantes. Desde inicios de los años 2000, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) considera que la cantidad de droga que transita por Nicaragua, es del orden de 140 toneladas al año, probablemente una subestimación burda, pero, aumentó desde el año 20079. Añaden que, “el valor estimado de este comercio, representa el 14 por ciento del PIB del país (la proporción estimada más alta en América Central), lo que da a los traficantes un poder económico desproporcionado, y por lo tanto, una influencia potencial, sobre el aparato estatal.”A principio de diciembre del 2023, las autoridades de Panamá decomisaron 1 442 paquetes de droga, encontrados en contenedores con destino a países europeos como España y Países Bajos. En otro decomiso, el 9 de diciembre 2023, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) panameño incautó 400 paquetes de droga que se encontraban nuevamente en un contenedor proveniente de Nicaragua, informó el Ministerio Público sin más detalles. Ni el tipo de droga, ni el peso total de las incautaciones fueron precisados por las autoridades panameñas10. Tampoco se sabe el origen de esa droga que viajó de Nicaragua a Panamá. ¿Droga decomisada a narcotraficantes en Nicaragua y vendida posteriormente por los que la decomisaron?
Este 14 de mayo 2024, las fuerzas del orden italianas, confiscaron 116 kilos de cocaína procedente de Centroamérica, en un alijo escondido de un contenedor con café, inicialmente embarcado en Nicaragua y que fue localizado en un puerto al noreste de Italia, con un valor en el mercado de 7 millones de euros, informó este martes la Guardia de Finanzas (policía financiera)11.
Se sabe que la policía o el ejército, han interceptados vehículos que transitaban por Nicaragua con cantidades muchos menores. Según Rocha: “En promedio, el Estado nicaragüense ha logrado decomisar sólo entre 6 y 9 toneladas de cocaína por año desde 2007, además con una tendencia general a la baja, de más de 14 toneladas en 2008 a menos de 4 toneladas en 201812. Algunos investigadores han afirmado que esta disminución indica el éxito de las políticas antidrogas de Nicaragua, pero otra posibilidad, y en nuestra opinión, mucho más plausible: la interpretación no se relaciona con la supuesta eficiencia de las instituciones policiales y judiciales nicaragüenses, sino más bien con su colusión, con el tráfico de drogas. Es importante destacar que los incidentes denunciados apuntan no sólo a la participación de la policía, sino también del sistema penitenciario y del poder judicial en el comercio.”
Pero no solamente se decomisa droga, de vez en cuando se decomisa también dinero. El 21 de junio 2021, la Policía Nacional informó a través de un comunicado, sobre la ocupación de 407 mil dólares y la captura de seis personas, supuestamente relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado, durante un operativo antinarcótico, realizado en las ciudades de Managua y Masaya en el cual, además, allanaron seis viviendas, decomisaron 10 vehículos y un arma de fuego. Entre los seis capturados se cuentan dos hombres de nacionalidad hondureña y cuatro nicaragüenses. La Policía ha señalado en diversas ocasiones sobre la ocupación de millonarias sumas de dinero que supuestamente han sido abandonados en lugares solitarios, y en la mayoría de esos casos, nadie ha sido capturado13.
En una investigación periodística publicada en Expediente Público, en julio de 2020, se revela que, desde 2017 hasta junio de 2020, la institución policial ha decomisado al «narcotráfico» más de 38 millones de dólares. El destino final del dinero es desconocido. En la mayor parte de los operativos sólo capturan a choferes o cuidadores de fincas. En otras, el dinero es “abandonado” por el narco y no detienen a ningún sospechoso14.
En una investigación realizada por Divergentes15, se decía que “Las incautaciones millonarias al narcotráfico, aumentaron en los últimos cinco años en Nicaragua. Un análisis de datos, con base en las notas de prensa de la Policía Nacional, arroja que entre 2018 y 2021, se han incautado más de 59 millones de dólares. Esto significó un aumento de 151% en comparación a lo incautado entre 2007 y 2011, durante los primeros cinco años del gobierno de Daniel Ortega, cuando sólo se decomisaron 23,6 millones.”
“Si bien, estas incautaciones millonarias han ido en aumento, los decomisos de cocaína han decrecido, una disparidad llamativa en este mismo período de cinco años. De acuerdo a esta investigación, entre 2018 y 2022, la Policía incautó 22,3 toneladas de cocaína, mientras que entre 2007 y 2011 fueron un total de 54,1 toneladas de cocaína. Esto quiere decir que en el último lustro, las incautaciones de cocaína disminuyeron en 143%.”
Esa disminución muestra un rezago importante en comparación con el resto de países centroamericanos. En 2021, por ejemplo, de las 250 toneladas que se incautaron en Centroamérica, Nicaragua sólo intervino en 4,5 toneladas. Panamá fue el que lideró los decomisos ese año, con 128,7 toneladas de droga, en su mayoría, cocaína.
En la misma investigación, se menciona que “Las incautaciones de narco dólares, presentan un patrón similar: en la mayoría de casos, sólo se captura a choferes o trabajadores de las casas donde se encontró el dinero. Y, a veces, se realizan decomisos en vehículos que los conductores dejaron abandonados luego de una supuesta persecución policial. De las operaciones no se sabe nada más, es decir, la Policía no revela el destino del dinero incautado. […] Un experto en seguridad nacional, que habló en condición de anonimato, destacó que “lo más preocupante” de las estadísticas, es que el narcotráfico “continúa operando y circulando por el territorio nacional”.
Una fuente vinculada al alto mando de la Policía Nacional, revela en el mismo reportaje, como la Policía realiza “algunos montajes” de quiebres de dinero y droga para demostrar efectividad ante las autoridades, la población y los organismos internacionales. Además, los millones que aparecen “abandonados” en diferentes partes del país “muchas veces son coimas que hace el crimen organizado” a la Policía, según la fuente de esta institución. Al igual que ocurre con el dinero incautado, el Gobierno de Nicaragua no comparte información sobre los métodos de destrucción de drogas ilícitas incautadas; con ninguna entidad estadounidense u otra nacional. Para resumir, la droga entra por la frontera sur con Costa Rica, y el dinero por la frontera norte con Honduras.
Uno se acordará de los 18 falsos periodistas de Televisa16 que quisieron ingresar a Nicaragua el 20 de agosto de 2012 con seis camionetas con el logotipo de esa empresa, que “viajaban hacia Costa Rica, para realizar varios reportajes”. Al revisar los vehículos, las autoridades fronterizas nicaragüenses encontraron rastros de cocaína, así como 9,2 millones de dólares ocultos en compartimentos secretos17. En un proceso exprés, fueron condenados finalmente entre 17 y 18 años de prisión por cometer delitos contra la salud, delincuencia organizada y lavado de dinero y repatriados a México el 24 de diciembre de 2013, para cumplir su sentencia en cárceles mexicanas.
En cuanto a los bienes incautados, dos de los seis vehículos fueron entregados al Ejército, uno a la Policía, dos al Sistema Penitenciario y uno al Canal 6 de Televisión del Estado. Mientras, los 9,2 millones de dólares, fueron transferidos a una cuenta del Banco Central de Nicaragua. Por orden del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, el dinero será utilizado “en el mejoramiento general de la infraestructura carcelaria del país, lo cual ya se inició y está en proceso”, según las autoridades18. No se sabe si lo enunciado realmente ocurrió.
Varias preguntas quedan abiertas después de este hecho mediático: aparentemente, la jefa del grupo delincuencial, no tenía antecedentes penales y era desconocida por los servicios policiacos; la condena inicial fue de 34 años, la pena máxima por este tipo de delito, y unos meses después se bajó a la mitad gracias “al trabajo de la defensa de los acusados”. ¿Qué hicieron en los otros países centro americanos por los cuales transitaron? ¿Cómo pasaron las diferentes fronteras? ¿En qué se iba utilizar el dinero incautado? Hasta la fecha no hay respuesta.
JL Rocha señala que, en 2015, una investigación de J. Weegels con (ex) presos19, condenados por delitos relacionados con las drogas, mostró la corrupción sistémica de los funcionarios estatales a lo largo de la cadena de justicia penal. Los entrevistados señalaron en repetidas ocasiones, como los agentes de policía solicitaban sobornos a cambio de retirar los cargos, o, cuando eso no era posible, como los fiscales de distrito o los jueces locales aceptaban (o exigían) sobornos a cambio de la liberación o de penas menores. En algunos casos, esto incluyó la colusión entre funcionarios estatales de la policía, el poder judicial y el detenido, para no informar la cantidad de dinero o drogas incautadas a este último.
Uno de los participantes de esta investigación, fue arrestado con 100 g de cocaína y 1 000 dólares en efectivo, pero terminó cumpliendo condena por posesión de menos de 30 g. El dinero en efectivo no figuró en su sentencia. Otros afirmaron haber sido arrestados con sólo una pequeña cantidad de drogas para que un cargamento más grande pudiera pasar sin obstáculos a la frontera hondureña. De esta manera, la policía podía demostrar que estaba «combatiendo las drogas» internamente, mientras se confabulaba con los actores más grandes sobre el transporte internacional de drogas, especialmente a lo largo de la carretera Panamericana.
“A pesar de las intensas campañas antidrogas de la policía, bajo la bandera del Plan Coraza y del modelo policial comunitario «proactivo», se pueden observar patrones similares de corrupción entre la policía local y los traficantes de drogas que atienden al mercado interno. De hecho, esta corrupción se ha institucionalizado, a tal punto, que se podría hablar mejor de colusión, ya que algunos agentes de policía buscan activamente establecer una relación de trabajo con los traficantes de drogas” escribe Rocha.Subraya: “Estas prácticas de corrupción van mucho más allá de incidentes aislados, departamentos de policía locales y tribunales, y también están asociadas con casos de más alto perfil. Por ejemplo, el caso del asesinato de Facundo Cabral, un popular cantante argentino que fue asesinado en la Ciudad de Guatemala en 2011 durante un ataque contra el empresario nicaragüense Henry Fariñas, puso de relieve la existencia de vínculos más profundos entre el Estado nicaragüense y el narcotráfico20. En particular, existió una estrecha relación de compadrazgo entre Fariñas y el comisario general de la Policía, Carlos Palacios, director de Investigaciones y mano derecha de la entonces comisaría general y jefa de la Policía, Aminta Granera, lo que llevó a la destitución de Palacios; la investigación posterior sacó a la luz las frecuentes visitas de los comisionados de policía a clubes nocturnos que funcionaban como puntos de venta de drogas y sedes de tráfico de drogas. Del mismo modo, el caso judicial posterior en torno a la muerte de Fariñas, reveló como el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua entregaba regularmente documentos de identidad oficiales nicaragüenses a narcotraficantes conocidos (tanto nicaragüenses como no nicaragüenses), así como el persistente hábito del poder judicial nicaragüense de «narcoliberaciones»”.
Entre 2014 y 2022, el gobierno nicaragüense sacó de la cárcel a 38 540 presos comunes, decretados bajo el régimen de “convivencia familiar”, algo no previsto en la constitución, que sí prevé el indulto o la amnistía presidencial. Más de 9 000 otros han sido liberados desde 202321. En lo que va de este año 2024, ya habían sido liberados 1 500 presos para el 19 de abril, y se anuncia otra cantidad igual para el próximo día de las madres, el 29 de mayo 202422. Todas estas liberaciones se realizan sin una política real de reinserción lo que implica recidiva en la mayoría de los casos, pero también, miedo de las mujeres, en los casos de violencia conyugal ya que es frecuente que el ex marido o novio asesine a su ex pareja, cuando éste sale de la cárcel. Del 2009 al 2019, las cifras de mujeres asesinadas en Nicaragua superan, al menos oficialmente, los 630 casos y se registran en todas las regiones del país23. En lo que va de este año 2024, son 36 mujeres que han sido asesinadas24.
En comparación con otros países centroamericanos, Nicaragua libera el mayor número de narcotraficantes condenados cada año y, además, es el que más rápido lo hace. Una de las conclusiones de JL Rocha es que: “Paradójicamente, lo que ha permitido que esto suceda, es la revolución sandinista original. Como la única revolución armada exitosa en Centroamérica, obligó a la élite tradicional nicaragüense a comprometerse y aceptar un acuerdo político de élite que incluía a los antiguos revolucionarios, incluso, a un nivel más íntimo, a través del matrimonio mixto de la dirección revolucionaria con la élite tradicional. Históricamente, este acuerdo político ha llevado a que el «pastel» nicaragüense se reparta entre las élites liberales y conservadoras tradicionales y la élite del FSLN, de una manera no competitiva, lo que recuerda mucho al sistema establecido bajo la dictadura de Somoza.”
A pesar de que los efectivos de la policía pasaron de 9 290 en el 2007 a 16 909 en el 2020, con un aumento de 2 000 efectivos entre 2018 y 2020, la cantidad de droga incautada no ha aumentado, mostrando que el papel de esta institución es más orientado hacia la represión política que hacia un eficiente combate al narcotráfico25.
Deforestación y drogas
En mayo 2023, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), realizó el lanzamiento de la II etapa de la Campaña Nacional de Reforestación y Restauración de la Naturaleza “Verde, que te quiero Verde”26, con la que se establecerán 6 millones de plantas forestales y frutales, robándose de paso un verso de Federico García Lorca. Para los diputados del FSLN de la Asamblea Nacional, Nicaragua es un país más reforestado. Sin embargo, datos de distintos organismos reflejan una realidad distinta a lo planteado por el régimen Ortega-Murillo. Como lo menciona un estudio de Divergentes27 “El supuesto dato de que Nicaragua es un país más verde es falso. Nicaragua alberga la segunda selva tropical más grande del hemisferio occidental, después del Amazonas. La reserva de la biosfera Bosawás es considerada el bioma más rico del planeta, según la UNESCO. Sin embargo, Nicaragua es uno de los países con la mayor tasa de deforestación del mundo, con una pérdida de una quinta parte de su cubierta forestal desde la década de los 2000, reportó en junio de 2020 el sitio de noticias medioambientales Mongabay28, con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La deforestación en el país es atribuida a los asentamientos ilegales en zonas boscosas, la tala indiscriminada, la explotación minera y la ganadería invasiva; pero, reportes recientes indican que el daño ambiental se ha dado con el consentimiento del régimen Daniel Ortega y Rosario Murillo.”
Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), en su informe anual «Pulso Forestal»29 publicado a principios de abril de 2024, Nicaragua se encuentra entre los tres países que más bosques perdieron en 2023, junto a Bolivia y Laos. Este informe revela una tendencia preocupante: mientras algunos países como Brasil y Colombia lograron reducir la deforestación, con importantes iniciativas gubernamentales y sociales, otros, como Nicaragua, enfrentaron aumentos significativos en la pérdida de sus recursos forestales. El documento detalla que se perdieron desde 2002 a 2023, 6 500 kilómetros cuadrados de bosque primario, lo que representa un 4,2 % del bosque primario nicaragüense restante30. Esta tasa es la más alta de la región y el continente, en comparación con el tamaño, lo que subraya la magnitud del problema que enfrenta todo el territorio.
De 2001 a 2023, Nicaragua perdió 18 400 km2 de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 24% de la cobertura arbórea desde 2000. En Nicaragua, hay 2 regiones principales que fueron causantes del 71% de toda la pérdida de cobertura arbórea en ese tiempo. El Atlántico Norte tuvo la mayor pérdida de cobertura arbórea con 7 400 km2 y el Atlántico Sur con 5 780 km2 en comparación con un promedio nacional de 1 020 km2. Puede haber reforestación en algunas partes de Nicaragua, en particular, la campaña gubernamental se centra en el pacífico del país, pero, el balance es negativo. Esta reforestación voluntarista no compensa la deforestación.
Esta deforestación tiene por origen, la expansión de la agricultura, la ganadería y la minería de oro. El área de concesiones mineras en el país ha duplicado su tamaño desde 2021, cubriendo aproximadamente el 15 % del territorio nacional, a pesar de que en el año 2022 organizaciones locales estimaban la cifra en 23 %31. Además, el informe señala la complicidad del Gobierno central y las administraciones locales en la deforestación, destacando que en muchos casos la pérdida de bosques está vinculada a «invasiones violentas de tierras» en territorios indígenas o en zonas forestales protegidas. Esta situación plantea interrogantes sobre las políticas ambientales y de protección de los derechos indígenas en Nicaragua, así como sobre la implementación efectiva de acciones para frenar la deforestación.Existe todavía, un aspecto más preocupante que hasta la fecha no se ha tomado en cuenta, según algunas agencias internacionales: el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) correspondiente a 2023; que depende de las Naciones Unidas32, refiere: “El tráfico de drogas, guarda relación con diversas formas de explotación del medio ambiente. En Centroamérica, los cárteles de la droga diversifican armoniosamente sus actividades con la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de fauna y flora silvestres. Concretamente, esas actividades suelen ir acompañadas de diversos delitos convergentes, desde el soborno hasta los delitos violentos. Según investigaciones realizadas en Centroamérica, el tráfico de drogas puede impulsar indirectamente cambios en el uso de la tierra al facilitar la deforestación por medio de prácticas ilícitas de control de capitales y de la tierra, lo que podría generar impactos ambientales mayores que los causados por las acciones directas, de las redes de narcotraficantes.”
Ese organismo de la ONU denuncia que el nexo entre el narcotráfico, los crímenes medioambientales y delitos como la extorsión, el fraude, el trabajo forzado o los homicidios, genera un fenómeno de “narcodeforestación” que amenaza a la selva y a sus habitantes, especialmente a los pueblos indígenas. La JIFE denuncia que son víctimas de desplazamientos forzados, envenenamiento por mercurio y una mayor exposición a la violencia33.
El tráfico de cocaína sería el responsable de hasta el 30% de la deforestación anual en las selvas tropicales de Guatemala, Honduras y Nicaragua, según un estudio publicado recientemente en la revista científica ‘Environmental Research Letters’34. Los narcotraficantes, están transformando la jungla en terrenos aptos para la ganadería o la agricultura en su afán por lavar el dinero obtenido en sus actividades ilegales. En algunas zonas, podrían ser responsables de hasta el 50% de la deforestación que se ha producido en los últimos años, según H Estepa35. Pero, la diferencia entre América del sur y América central, es que en esa última la deforestación, es más apta, a facilitar el tráfico, mientras que, en el sur, es para el cultivo de la coca.
«La deforestación de las selvas tropicales se inicia generalmente con la tala de árboles en bosques remotos, con el objetivo de despejar caminos de tierra por donde transportar la droga. Continúa con la construcción de pistas de aterrizaje para que las avionetas cargadas de cocaína puedan repostar en sus viajes al norte. […] A dichas operaciones les sigue la compra o toma de extensos terrenos que funcionan como una especie de ‘seguro de vida’ ante la posibilidad de que se acabe el negocio de la droga, o de una posible captura. Un buen número de los transportistas de cocaína de la zona son, de hecho, reclutados de las granjas locales”, según los investigadores.
La palma africana es uno de los cultivos preferidos de los narcotraficantes. Según un reportaje de Mongabay: “En el 2016 se cosecharon en Nicaragua 21 000 hectáreas de palma africana; para fines del 2017 se espera cosechar 32 000. Sin embargo, esas cifras sólo corresponden a las hectáreas debidamente autorizadas, aquellas que cuentan con un plan de manejo ambiental. A la sombra de estas estadísticas, existe una cantidad de hectáreas habilitadas por grandes empresas nacionales y extranjeras a través de mecanismos ilegales. Este reportaje pone al descubierto dos de estos mecanismos: la ocupación de tierras sin permisos ambientales, ni autorizaciones legales y la ampliación de cultivos a través del uso de terrenos de agricultores vecinos a las grandes empresas.»36
“En cualquier caso el valor de la tierra no radica para ellos principalmente en la agricultura, sino en su valor como bien especulativo”, comenta Kendra McSeeney37, profesora de geografía en la Universidad de Ohio y co firmante del estudio. Otras actividades que provocan la deforestación de la jungla y son utilizadas por el narco para lavar dinero, comprenden la tala, la minería ilegal, también incendios provocados (como el de la Reserva Indio Maíz, en el 2018, que fue un iniciador de la revuelta popular) e incluso empresas turísticas más o menos lucrativas. La deforestación se cuadruplicó en Honduras entre 2007 y 2011, coincidiendo con el rápido crecimiento del tráfico de cocaína en el país.Desde hace varios años, Honduras es considerado como un “narco estado” como lo caracteriza un artículo reciente de la BBC38. Si se necesitan indicios, basta considerar el arresto y siguiente extradición hacia los Estados Unidos de Juan Orlando Hernández (JOH), que fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022 y hallado culpable de narcotráfico en un juicio en Nueva York, que expuso al alcance del crimen organizado, este país.
El mismo artículo dice: “Cuando Juan Orlando Hernández mandaba en Honduras, casi nada era lo que parecía dentro del Estado, de acuerdo a las pruebas por las que fue declarado culpable de narcotráfico en un juicio en Estados Unidos este viernes 8 de marzo 2024. Por ejemplo, cuando el gobierno pavimentaba carreteras remotas del país en nombre del bienestar público, el objetivo oculto era facilitar el traslado de cocaína. Las fuerzas de seguridad que debían encargarse de combatir el crimen en realidad protegían los transportes de droga dirigida a EE.UU. En el Congreso había quienes, en lugar de escribir las leyes, contribuían a quebrarlas. Las elecciones que se realizaban desde el nivel municipal hasta el presidencial, no sólo se definían por votos, sino también por dinero del narco. Hernández, hablaba en privado de meter droga en las narices de «los gringos», siempre de acuerdo a testimonios vertidos en el juicio”. Fue arrestado en Honduras, el 15 de febrero 2022, apenas 19 días después de haber dejado el cargo.
Tony Hernández, hermano del expresidente y exdiputado hondureño, cumple cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos desde 2021. Ese país llevaba tiempo investigando a JOH de forma reservada, antes de presentar los cargos en su contra, pese a que en público había sido señalado como un aliado de Washington en temas de seguridad y migración. Varios políticos hondureños, incluso otro expresidente, militares, policías, empresarios fueron mencionados en el juicio. Se mencionó también a gente cercana a la actual presidente, Xiomara Castro.
JOH y Daniel Ortega tenían buenas relaciones. En octubre 2021, poco tiempo antes de las elecciones generales cuestionadas en los dos países tuvieron “un sorpresivo encuentro en Managua en el que firmaron decretos con base en la delimitación en el Mar Caribe y Golfo de Fonseca, dictados por La Haya años atrás.”39 Lo más extraño de este encuentro es que se hizo sin la presencia del presidente de El Salvador, quien actualmente mantiene una disputa con Honduras en el Golfo de Fonseca, una zona fronteriza compartida por las tres naciones. Si hablaron de otras cosas, no se sabe.
El régimen de Daniel Ortega, ha guardado total silencio sobre el arresto del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, a pesar de la cercanía que los dos mostraron en los últimos años. El arrestado expresidente, fue el único jefe de Estado centroamericano que asistió a la toma de posesión de Daniel Ortega en su quinto mandato, el 10 de enero 2022, en Managua.
La única reacción al arresto de JOH fue el comentario del director de la Radio La Primerísima, William Grigsby, un personaje del círculo propagandístico de Ortega, quien tomó distancia del exmandatario arrestado. “Es compartido en cualquier parte del mundo, el sentimiento de alegría de los hondureños porque un delincuente como Juan Orlando Hernández ha sido detenido, un hombre que todo mundo sabía en Honduras, desde que era diputado, que él era parte de un clan mafioso que controlaba el circuito del tráfico de droga desde Colombia hasta Estados Unidos”, afirmó en su programa matutino40. Pero, el 17 de junio 2022, Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a dos exministros de JOH41.Es evidente que, a la fecha, no tenemos pruebas directas de que Nicaragua es también un narcoestado al igual que Honduras. Pero, los hechos descritos más arriba lo dejan sospechar. Además, en la figura 1, podemos observar la ruta de deforestación (en rojo) que atraviesa toda la costa caribeña de Nicaragua, que parte de la frontera con Costa Rica y se prolonga en la mosquitia hondureña, en particular en la reserva de biosfera de Río Plátano como lo muestra un estudio de Mongabay42.
De hecho, se desdibuja una ruta desde Panamá hasta Guatemala. En el mismo estudio se dice: “lo más alarmante de los resultados, es que del total de bosques deforestados por el narcotráfico entre el 2001 y el 2014, entre un 30 % a 60 % ocurre dentro de áreas protegidas. Por eso la narcodeforestación amenaza directamente los esfuerzos de conservación que quieren mantener sumideros de carbono forestal para mitigar el cambio climático, los servicios ecológicos y los medios de subsistencia para las comunidades rurales e indígenas.”“Los narcotraficantes lavan el dinero invirtiendo en numerosos negocios que aparentemente son legales para desaparecer el origen criminal. Así se ha dado desde comienzos del siglo XXI en Centroamérica”, sostiene el geógrafo David Wrathall de la Universidad Estatal de Oregón, uno de los investigadores43.
Referencias
1. La Universidad Centroamericana (UCA) fue un centro de educación privado en Managua, Nicaragua, fundada por los jesuitas en 1960. Fue cerrada y confiscada el 16 de agosto de 2023 por el gobierno de Daniel Ortega acusándola de ser un “centro de terrorismo” por haber apoyado las protestas estudiantiles de abril 2018. El gobierno creo en su lugar la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.
2. José Luis Rocha, Dennis Rodgers and Julienne Weegels, Debunking the Myth of Nicaraguan
Exceptionalism: Crime, Drugs and the Political Economy of Violence in a ‘Narco-state’, Journal of Latin American Studies (2023), 55, 519–543
3. 2022 INCSR-Volume I: Drug and Chemical Control (As submitted to Congress) – United States Department of State, pp. 174-175
4. Javier Osorio, Seguridad Ciudadana en Nicaragua: Tendencias y retos en el 2021. Expediente Abierto, junio 2021, pp. 20-21. www.expedienteabierto.org/seguridad-ciudadana-en-nicaragua/
5. Roberto Garnieri, ¿A dónde va Nicaragua? Sin Permiso, 16/02/2024
6. The Moscow Times, Russia Seizes 1 Ton of Nicaraguan Cocaine in St. Petersburg, Jan. 10, 2024
7. www.100noticias.com/04/04/2024
8. https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/01/21/
9. UNODC, Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean, p. 43.
10. https://lacostenisima.com/2023/12/09/
11. https://www.lamesaredonda.net/incautan-puerto-italia-droga-embarcada-nicaragua/
12. Policía Nacional de Nicaragua, Anuario estadístico 2018 (Managua: Dirección General, Policía
Nacional, 2019), p. 25.
15. https://www.divergentes.com/investigacion-droga-nicaragua-policia/
16. Televisa es una de las cadenas de televisión más importante de México.
18. https://aristeguinoticias.com/2312/mexico/caso-televisa-nicaragua-trasladan-hoy-a-los-18-mexicanos/
19. Weegels, J.H.J. (2018). Performing prison: Power, agency and co-governance in Nicaraguan prisons, Tesis, Universidad de Ámsterdam, Países Bajos.
20. Para más detalles sobre este caso, uno puede leer: https://insightcrime.org/es/investigaciones/elites-crimen-organizado-nicaragua-caso-henry-farinas/
22. https://100noticias.com.ni/nacionales/131332-regimen-nicaragua-libertad-reos-comunes-dia-madre/
25. https://www.vozdeamerica.com/a/la-cifra-de-policias-en-nicaragua-casi-se-duplico-desde-la-llegada-al-poder-de-daniel-ortega-en-2007/6637661.html. Hay que mencionar aquí que desde 2021 ya no se puede tener acceso a las estadísticas de la Policía Nacional de Nicaragua.
27. https://www.divergentes.com/la-repetida-mentira-orteguismo-reforestacion-nicaragua/
29. https://research.wri.org/es/gfr/latest-analysis-deforestation-trends
30. https://www.globalforestwatch.org/map/country/NIC/
31. https://www.coyuntura.co/post/23-del-territorio-nicaragüense-en-manos-de-empresas-mineras
32.https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2023/Annual_Report/E_INCB_2023_1_spa.pdf, p. 762
34. Steven E Sesnie, Beth Tellman, David Wrathall, Kendra McSweeney, Erik Nielsen, Karina Benessaiah, Ophelia Wang and Luis Rey, A spatio-temporal analysis of forest loss related to cocaine trafficking in Central America, Environ. Res. Lett. 12 (2017) 054015
36. https://es.mongabay.com/2017/08/nicaragua-palma-deforestacion-bosques/
37. Kendra McSweeney, Cocaine Trafficking and the Transformation of Central American Frontiers, Journal of Latin American Geography, Volume 19, Number 3, July 2020, pp. 159-166
38. https://www.bbc.com/mundo/articles/c6pe6wv721lo
41. https://www.dw.com/es/nicaragua-nacionaliza-a-colaboradores-de-expresidente-de-honduras/a-62175964
43. https://www.ladobe.com.mx/2017/05/narco-deforestacion-centroamerica-la-plaga-devoro-30-bosques/
