La Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA), denunció que lo que calificó como “pantomima de consulta” del proyecto Bio-Clima, con el cual el régimen de Daniel Ortega solicitó al Fondo Verde del Clima, la cantidad de116.6 millones de dólares, para supuestamente reducir la deforestación en Bosawas y la biosfera de Río San Juan de Nicaragua.
“Desde (INANA), denunciamos La Pantomima de consulta del proyecto Bio-clima, las violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, a la vida, tierra, territorio y recursos naturales, con la aprobación inconsulta del Proyecto de Bio-Clima, por el Fondo Verde del Clima”, señaló la plataforma en sus redes sociales.
“La vulneración de derechos colectivos se produce en un momento especialmente crítico para el gobierno autoritario de Nicaragua, que desea superar el impase provocado por la suspensión temporal de desembolsos financieros para ejecutar el proyecto, y ha impulsado una pantomima de consulta y consentimiento invasivo y forzoso sobre los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes”, reiteró.
En el mes de julio pasado, la junta directiva del Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas en inglés) decidió no desembolsar al régimen de Daniel Ortega, 116.6 millones de dólares para financiar su proyecto Bio-Clima, por “incumplimientos de la política a satisfacción de la secretaría de manera consistente con los acuerdos legales pertinentes” para para acceder al financiamiento.
El Fondo Verde del Clima puso tres condicionalidades para el proyecto del régimen: que tenga un tercero independiente que supervise las actividades de las acciones que se desarrollan, que debería respetar y realizar las consultas libres, previas e informadas; y que debería tener un nivel de transparencia y de participación.
En ese sentido, el régimen consiguió un plazo de 120 días para subsanar el incumplimiento de los requisitos y “presionar a territorios indígenas y afros para obtener el aval social”, según alertó en su momento el ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz.
INANA detalló que “en las llamadas ‘consultas’ NO se les ha dado la oportunidad de revisar el contenido del proyecto, alcances y mecanismo de seguimiento, se ha llevado a cabo con la presencia de agencias de Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Oficina de Servicios de Proyectos (UNOPS, siglas en inglés), así como el Banco Centroamericano de Integración (BCIE)”.
“Denunciamos que el proceso no cumple con las condiciones mínimas para que sea válido la consulta previa encaminada al respeto del derecho al consentimiento libre e informado que establece el derecho internacional de los Pueblos Indígenas en el Convención 169 de la OIT ratificada por Nicaragua en el 2010 y la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos”, apuntó en un comunicado.
“El proceso de consulta se desarrolla en el marco de la consolidación del autoritarismo político en Nicaragua mediante la represión, persecución y control político, que ha alcanza a todos los niveles en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de manera progresiva y sistemática, por tanto, la misma presenta graves irregularidades que no cumple con las condiciones mínimas para un proceso de consulta sea válido y legítimo”, añadió INANA.
Para el ambientalista Amaru Ruiz el proyecto del régimen beneficiaría solamente a los invasores, deforestadores y aumentaría la ganadería ilegal en esos territorios.
Ruiz ya había advertido que el régimen estaba “desesperado” y podría “maquillar” el cumplimiento de las condicionales.
INANA enumeró algunas de las irregularidades y faltas en la “consulta”:
Representación y legitimidad. Las reuniones denominadas consultas se desarrollan en los territorios Indígenas y Afrodescendientes con una fuerte presencia policial y militar, con participación designada por la estructuras del partido de gobierno FSLN, a cinco personas como representantes de la comunidad, violentando la forma tradicionales de representación que establece la Constitución Política de Nicaragua y ley No. 445 Ley del Régimen de Propiedad Comunal que confiere a las asambleas comunales y territoriales como máxima autoridades en su ámbito de aplicación.
“El gobierno ha impuesto estructuras comunales paralelas, práctica que los pueblos indígenas y afrodescendientes vienen denunciando desde hace más de 8 años. Algunas de estas autoridades designadas por los operadores políticos del FSLN son responsables de la promoción de las invasiones y de la polarización conflictiva de las comunidades. Además, su participación condiciona la libertad de opinión y de debate en las asambleas al evitar que las comunitarias y comunitarios presentes planteen libremente el problema de las invasiones”, anotó.
Procedimiento.- A las asambleas comunales y autoridades territoriales legítimas, no se les ha proporcionado información oportuna acerca del contenido del proyecto en tiempo y forma (los objetivos, principales líneas de trabajo, alcances, riesgos, las salvaguardas ambientales, sociales y jurídicas del mismo). Tampoco se les otorgó tiempo ni espacio necesario para compartir, debatir, deliberar y dar el consentimiento a este proyecto que pone en riesgo la continuidad y existencia como pueblos al modificar la forma de tenencia de la propiedad ancestral (cambiando progresiva, conflictiva y arbitrariamente de propiedad colectiva a propiedad privada, y limitando los derechos de dominio y posesión del territorio y de uso y disfrute de los bienes y servicios ambientales que las comunidades tienen).
“Además, se incorporaron extensiones territoriales que no están contemplados como beneficiarios del proyecto BioClima como el territorio de Awaltara en la Muskitia Sur y el territorio de Tawira en la Muskitia Norte, fuera de los territorios ubicados en la Reserva de la Biosfera de Bosawas e Indio Maíz”, denunció.
Condiciones. – Las sesiones llamadas consultas se desarrollan en el marco del cierre de los espacios cívicos, la persecución, criminalización, destierro y exilio forzoso a comunitarios, líderes naturales, defensores de derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, que acompañe a las comunidades, que siguen sufriendo masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y una crisis humanitaria sin precedentes, en total impunidad.
“No existe ninguna entidad ni mecanismo independiente que fiscalice y acompañar técnicamente a las comunidades antes, durante y después del proyecto BioClima, incluyendo el proceso de las consultas”, recalcó.
La Plataforma de INANA, hizo un llamado a los Estados, al Estado de Nicaragua, a la comunidad internacional, y a Organizaciones Internacionales vinculadas al financiamiento ambiental, climático y otros a:
“Escuchar el llamado de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua que denunciamos el efecto negativo, potencialmente irreversible, que podría causar el proyecto Bio-Clima en las tierras y territorios recursos, recursos naturales y forma de vida, poniendo en riesgo la supervivencia como pueblos y comunidades;
Suspender todo plan de financiamiento actual y planeado a las autoridades nicaragüenses en relación con recursos de medio ambiente y crisis climática, incluyendo los fondos suplementarios GEF mientras no se den las condiciones que garanticen el respeto y garantías adecuadas a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, como lo es el derecho a la tierra, territorio y recursos naturales.
Tomar acciones contundentes que permitan el cese de la violencia sistemática que viven los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, el cierre de los espacios, cívicos, la persecución, criminalización y violación de derechos humanos en Nicaragua, lo cual no permiten realizar una consulta de buena fe, libre, previa e informada para obtener el consentimiento de los Pueblos Indígenas y Afro-descendientes, sobre acciones de desarrollo que amenazan su presente y futuro;
Refrendar su compromiso con el respeto a los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, en particular en cuestiones relacionadas al esfuerzo global en materia del cambio climático y el medio ambiente. Una consulta de buena fé, transparente, legítima, y libre no se puede realizar bajo las condiciones de amenazas, represión y persecución que existe en la actualidad en las regiones del Caribe”.