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Juez de California frena revocación del TPS para venezolanos en EEUU

MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 13: Laura Kelley, Miami-Dade County Democratic Party Chair, (2nd L) joins with others to support a resolution in favor of reinstating temporary protected status for Venezuelans on February 13, 2025 in Miami, Florida. In early February, President Donald Trump's administration revoked temporary protected status for around 350,000 Venezuelans who fled the country and immigrated to the United States. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Un juez federal en California suspendió temporalmente la decisión de la administración de Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos y los haitianos en Estados Unidos.

La revocación del TPS, impulsada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ponía en riesgo la permanencia de aproximadamente 350,000 migrantes venezolanos y de 500,000 haitianos que enfrentaban la posibilidad de ser deportados a partir de abril.

La decisión judicial del juez Edward M. Chen bloquea, por ahora, los planes del gobierno republicano de eliminar la protección, la cual permite a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en el país mientras su nación de origen atraviesa una crisis humanitaria.

El tribunal concedió la moción de presentada la semana pasada por la Alianza Nacional del TPS, liderada por decenas de miles de beneficiarios del TPS y organizaciones, que pedían suspender la orden de la administración Trump.

La cancelación del TPS para las comunidades venezolana y haitiana no solo es ilegal, sino también profundamente perjudicial para las familias que han buscado refugio ante un peligro inimaginable”, había dicho en un comunicado José Palma, coordinador de la Alianza Nacional de TPS.

Con esta resolución, los venezolanos y haitianos acogidos al programa podrán continuar bajo el amparo del TPS hasta que se tome una determinación definitiva sobre su futuro legal.

El fallo representa un revés para la administración Trump, que ha endurecido su postura migratoria y argumenta que las condiciones en Venezuela han cambiado lo suficiente como para justificar la eliminación del beneficio.