El Gobierno del presidente Donald Trump planea poner fin a cientos de miles de solicitudes de asilo y convertir a esos inmigrantes en objetivos de deportación inmediata, según revelaron fuentes citadas por CNN.
La medida, aún en preparación, sería una de las acciones más agresivas de su nueva administración en materia migratoria, y marca un giro histórico en la función del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS), tradicionalmente responsable de otorgar beneficios migratorios.
USCIS con nuevos poderes para deportar
El USCIS, bajo la autoridad de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha recibido el mandato de iniciar procedimientos de deportación acelerada, así como de sancionar violaciones civiles y penales de leyes migratorias.
Un memorando obtenido por CNN confirma la directiva, aunque la agencia aún no ha emitido una comunicación oficial.
En declaraciones a la prensa, el vocero del USCIS, Matthew Tragesser, sostuvo que la agencia “no tiene nada que anunciar por ahora”, pero insistió en que el objetivo del Gobierno es preservar la integridad del sistema migratorio y expulsar a los extranjeros sin documentos.
¿Quiénes están en riesgo?
La medida afectaría a inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país y luego solicitaron asilo afirmativo ante USCIS, lo que constituye un cuarto de millón de personas, según un informe federal sobre asilados en 2023. En total, hay 1.45 millones de solicitudes de asilo afirmativo pendientes actualmente.
Si estas solicitudes son desestimadas sin audiencia —como ya ha ocurrido en algunos casos—, los solicitantes quedarían sujetos a deportaciones aceleradas, un procedimiento que no requiere pasar ante un juez de inmigración y que ya fue ampliado este año para incluir a cualquier persona que no demuestre haber residido continuamente en EE.UU. por al menos dos años.
Críticas y alarmas entre defensores de derechos
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) advirtieron que el USCIS está siendo convertido en “un brazo ejecutor del ICE”, cambiando drásticamente su función institucional.
“Esto creará un efecto paralizante para quienes buscan alivio legal”, alertó Sarah Mehta, subdirectora de ACLU.
Conchita Cruz, codirectora del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, también criticó la política.
“El gobierno debería procesar las solicitudes de asilo, no rechazarlas. Se trata de personas que han trabajado legalmente por años, que aportan a sus comunidades. Su desestimación no solo les perjudica a ellos, sino a todo su entorno”, dijo.
El fin del asilo como vía hacia la ciudadanía
A diferencia de otros programas temporales, el asilo brinda una vía permanente y legal hacia la ciudadanía, incluso para personas que entraron al país sin autorización. De ahí la gravedad del nuevo enfoque, que podría afectar de manera masiva a solicitantes que llevan años en Estados Unidos esperando una resolución.
Durante su primer mandato, el presidente Trump restringió severamente el acceso al asilo, incluyendo medidas como la separación familiar, el “Remain in Mexico” y el cierre casi total de la frontera sur a peticionarios de protección. Esta nueva medida representa una profundización de esa política, ahora desde una estrategia institucional y legal más amplia.
Aún no está claro cuántas solicitudes serán desestimadas ni cuándo se implementará formalmente la nueva política. Sin embargo, expertos alertan que el impacto podría ser devastador para miles de familias, trabajadores e incluso comunidades enteras que dependen de la estabilidad migratoria de estas personas.