Martha Jackson Eade, representante de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) denunció este jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, las dos últimas acciones que el régimen de Daniel Ortega pretender implementar contra la oposición y organismos de Nicaragua.
Jackson Eade, se refirió a la pena de cadena perpetua, anunciada la semana pasada por el régimen de Ortega ,con la que busca castigar a los “autores de crímenes de odio”, aunque es dirigida expresamente contra los opositores nicaragüenses; y la iniciativa de ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la que la dictadura quiere controlar a las organizaciones no gubernamentales, y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero, directa o indirectamente, de otros Gobiernos o asociaciones extranjeras.
“Queremos alertar al Consejo sobre dos proyectos de ley que puedan agravar el entorno ya hostil en el que trabajan organizaciones civiles, especialmente de defensores de derechos humanos y activistas, cuya vida y labor podrían estar más en riesgo: la ley de Regulación de Agentes Extranjeros, es una ley que penaliza su labor y los hace más vulnerables al afectar su acceso a donaciones, subvenciones y otras ayudas. La iniciativa de cadena perpetua que supuestamente castiga crímenes de odio, podría ser utilizada contra opositores al gobierno, tal y como lo reconoció el propio presidente”, dijo la representante de RIDH.
Agregó que tanto la cadena perpetua, como la ley de Regulación de Agentes Extranjeros son “amenazas muy claras en contra de actores de la sociedad civil”.
Martha Jackson Eade, además denunció que, desde la última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua brindada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en las últimas semanas se han presentado cientos de acciones represivas en contra de disidentes, incluso decenas de detenciones arbitrarias.
Detalló que cinco de estas detenciones fueron contra miembros del Movimiento Campesino y al menos otras tres son de personas excarceladas.
“De los 94 presos políticos actualmente encarcelados, 14 de ellos fueron recapturados tras ser beneficiados con la ley de Amnistía. Se han denunciado actos de tortura y golpizas brutales a los presos políticos en los centros de detención”, mencionó e hizo énfasis en los casos de John Cerna, quien fue llevado a una celda de máxima seguridad; y Kevin Solís, también recluido desde hace más de cinco meses, en aislamiento y en condiciones inhumanas.
“Recordamos al Estado de Nicaragua que tiene la obligación de respetar las normas y los tratados internacionales de derechos humanos de los que es parte, e instamos al Consejo y a los procedimientos especiales a que tomen medidas urgentes para evitar un mayor deterioro de esta crisis”, concluyó Jackson Eade.