*Por Oscar René Vargas
“La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado”.
Marc Bloch.
Nuevos gobiernos, viejos poderes, viejos valores, repetición de la historia
Los actores políticos y empresariales de Nicaragua, sean viejos o sean nuevos, están atrapados en una red de viejas costumbres y valores que tienen su origen en el Síndrome de Pedrarias: una cultura política atrasada e intolerante, el engaño y la falsedad, la mentira y el fraude, la tolerancia de la inequidad social, el enriquecimiento ilícito—que las élites aceptan como una práctica legítima y tolerable– y la impunidad.
La derrota de la dictadura somocista no significó una ruptura con esa cultura política tradicional, por lo que continuó reproduciéndose, y promoviéndose, la cultura del Estado-Botín, la corrupción, el nepotismo y el autoritarismo, que no solo compartió con el somocismo un sistema de valores, sino incluso un estilo de narrativa de los hechos políticos.
Somoza García y Ortega-Murillo: dos versiones del fascismo/franquismo
Pero la historia nunca se repite de manera idéntica, aunque haya distintos momentos de la historia que, por muy diferentes que sean las circunstancias que los rodean, tengan muchos elementos en común. Un ejemplo de similitud histórica es entre la naciente dictadura somocista, en los años 1930, y la actual dictadura Ortega-Murillo.
En ambos momentos, tan alejados entre sí por el tiempo (separados por casi un siglo), las clases dominantes del país promovieron ideologías que, aun siendo distintas, tienen mucho en común.
La ideología de las clases dominantes de los años treinta era el fascismo/franquismo autoritario, una ideología totalizante que en su versión somocista defendía la dictadura como modelo político, ya que consideraba ilegítimas a las fuerzas sociopolíticas basadas en el movimiento campesino que amenazaban con alterar su control sobre la sociedad, considerando que el poder les pertenecía por derecho divino o histórico. En aquella época, el movimiento campesino, encabezado por Sandino, se había convertido en un símbolo de la resistencia antiimperialista frente a las fuerzas militares norteamericanas de ocupación. Nunca, antes, había habido un movimiento social de la magnitud del “Ejército loco”. De tal manera que el objetivo principal de las élites fuera entonces el de mantener el poder institucional que les garantizara su dominio político, económico y mediático del país, por todos los medios, incluyendo los autoritarios y antidemocráticos.
Actualmente, la ideología de las clases dominantes (cuyos miembros, en su mayoría, son herederos de las clases dominantes de aquel entonces) es el “orteguismo con o sin Ortega”. Las clases dominantes tienen como sus instrumentos políticos a los partidos políticos tradicionales (FSLN, CxL y los partidos zancudos). La ideología de todos estos grupos tiene mucho en común con la del somocismo, su antecesor: desde el nacionalismo racista, xenófobo, intransigente, fanático, y machista, hasta el autoritarismo que consideran legítimo.
En ambos casos se trata de ideologías sumamente regresivas y reaccionarias, en defensa permanente de los intereses de las clases dominantes.
También hay, porque es diferente el contexto político, algunas diferencias entre la ideología del FSLN, CxL y los partidos zancudos de hoy en día, y la del somocismo. Son diferencias que las hacen ser apenas versiones algo distintas de un mismo fenómeno, pero las dos son instrumentos de las clases dominantes para eliminar cualquier elemento contestatario a su dominio, y muy en particular a los luchadores por la democracia y los derechos humanos, además del feminismo y el ecologismo.
La historia oculta del fascismo franquista de las élites nicas (heredado al FSLN)
Seguramente algunos lectores creerán que quizás se exagera al describir al orteguismo (al cual otros reducen a un benigno “populismo responsable”) como una ideología semejante al neofascismo o al somocismo. Pero su lectura es resultado del desconocimiento de la historia de Nicaragua, así como de las grandes similitudes que el somocismo tuvo con el franquismo español, del cual se tiene un conocimiento muy limitado y tergiversado en Nicaragua, a consecuencia del olvido intencional u ocultamiento histórico, fruto este a su vez del deseo de la clase dominante de encubrir su admiración al franquismo/fascismo de los años treinta.
La falta de memoria histórica en Nicaragua (producto de la tergiversación intencional de la clase dominante) explica el desconocimiento de lo que fue el fascismo/somocismo y de las consecuencias que tuvo para Nicaragua, así como su continuación posterior en el Estado y su influencia en la cultura y en la cultura de las derechas políticas agrupadas en los partidos tradicionales y sus comparsas. La insuficiencia de análisis y estudio de la historia ha hecho posible que tal tergiversación de la historia se imponga en la narrativa que la sociedad acepta como verdadera.
De ahí que se desconozca lo que realmente fue el somocismo, lo que significó y cómo se reproduce en la cultura dominante del orteguismo. Ni qué decir de la influencia que tiene en las derechas políticas contemporáneas, las cuales quieren evitar que se corrija este desconocimiento, y cuentan para ello con la colaboración de medios de información, y de algunos intelectuales.
La ignorancia de nuestro pasado ha permitido que el orteguismo se presente como algo nuevo, desvinculado del pasado somocista. Ha tenido un coste enorme para las fuerzas democráticas, pues erróneamente no se entiende al orteguismo como los sucesores del fascismo/somocismo, ya que para la mayoría de la juventud la historia del pasado fascista y de su influencia desde los tiempos de Somoza García está tan deformada, y es tan ignorada, que el orteguismo incluso ha gozado de cierta credibilidad entre algunos sectores de la población de los barrios más deprimidos y pobres del país.
Evidencia material de fascismo/somocismo: el programa económico de Ortega
No es accidente que el programa económico del orteguismo, y de los grupos que luchan por el “orteguismo con o sin Ortega”, como el gran capital y sus financiados de CxL y los partidos zancudos, incluya medidas de gran apoyo a las clases dominantes y de gran hostilidad a la clase trabajadora.
En esencia, el programa económico de la clase dominante, que es el del orteguismo, incluye:
- bajos impuestos de patrimonio y de sucesiones a los propietarios de capital y a las clases más pudientes, beneficiando predominantemente a las élites;
- reducción del gasto público y de los servicios públicos perjudicando a los sectores vulnerables;
- privatización de la compra de medicamentos y la educación de calidad;
- desregulación de los mercados laborales (con una pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora), anulando medidas de protección del trabajador y del consumidor);
- políticas de apoyo al mundo empresarial para que tenga plena libertad (sin limitación ni regulación en sus contratos);
- reducción del valor de las pensiones, cuyos costes se consideran inasumibles;
- cómputo de toda la vida laboral del trabajador a fin de calcular su pensión pública (lo cual reduce las pensiones);
- sustitución de los servicios ofrecidos por el Estado, facilitando que sean las familias las que lleven a cabo las funciones de atención a sus integrantes;
- bajada de impuestos a las inversiones extranjeras;
- exoneraciones, dispensas y exenciones de impuestos al capital.
Es difícil ser más favorable a las élites pudientes y dominantes y más hostil a las clases populares del país.
Y aunque haya diferencias entre estas medidas y las que puso en práctica el somocismo, hay que tener en cuenta que las políticas económicas varían, por necesidad, según el contexto en el que se aplican, que es muy distinto ahora al existente en los años treinta del siglo pasado. Pero el objetivo es idéntico en ambos casos, el somocismo y el orteguismo: favorecer a las clases pudientes a costa de las clases populares.
1990: falsa transición
El establecimiento del gobierno democrático en 1990 no supuso una ruptura con el régimen dictatorial anterior que sustituyó. Las fuerzas democráticas ganaron, pero el orteguismo no fue derrotado militarmente, lo cual impidió que hubiera un amplio y profundo cambio del Estado. La “transición” en Nicaragua no fue una ruptura con el régimen político anterior, sino una «modificación», importante, pero sin rompimiento, sin discontinuidad.
Sin ánimo de menospreciar los avances que dicha “modificación” significó para el Estado, el hecho es que la gran influencia que los derrotados de las elecciones de 1990, perpetuada hasta hoy, niega la premisa central de la tesis de ejemplaridad de aquella “transición”, que afirmaba que el resultado del proceso había sido una democracia homologable a la de los países de su entorno.
En realidad, la mayor parte del establishment político del anterior régimen sandinista, y de su funcionariado, incluyendo muchos militantes del sandinismo (ahora mutados a la derecha política y social), mantuvo su poder dentro del Estado post-1990, particularmente dentro de los aparatos de coerción, como las agencias de espionaje interno, las fuerzas armadas, la policía, y en la judicatura.
Orteguismo: la derecha en el poder, y la hipocresía de las derechas “opositoras”
Las derechas políticas siempre han visto a los grupos sociales progresistas como sujetos a eliminar. Este es, precisamente, el corazón del discurso político del partido CxL. Su intensa hostilidad hacia los líderes de los movimientos sociales es un síntoma, entre tantos, de esa toxicidad reaccionaria que, compartida con la gran mayoría de los políticos tradicionales de derecha, ha abonado el terreno para la violencia verbal y violencia material que ha implementado el régimen Ortega-Murillo.
Pero hay muchos otros ejemplos de las enormes insuficiencias y daños que en Nicaragua—aún en el paréntesis “democrático” entre 1990 y 2006, resultan del poder autoritario y antidemocrático que ejercen los grupos de la derecha política—en otras palabras, el orteguismo y sus aliados—, sobre el Estado. Uno de ellos es que Nicaragua sea uno de los países con mayores desigualdades sociales en América Latina; estando desde siempre polarizado y dividido entre las poco numerosas– pero muy poderosas — clases pudientes, por un lado, y las clases populares, por el otro. Este abismo se ha ampliado aún más desde 1990 y hasta la fecha, por el enorme y excesivo poder del pensamiento de derecha política sobre el Estado.
De ahí que sea un signo de incoherencia o mera hipocresía de la derecha política actualmente representada por CxL y el FSLN, que denuncie a los sectores progresistas por “polarizar” el país debido a sus propuestas y su discurso.
Cualquier analista objetivo puede ver que las políticas propuestas por los movimientos populares tienen como meta reducir las desigualdades y la polarización del país, no incrementarlas.
Atacar las desigualdades e inequidades, darles visibilidad mediática a los problemas de fondo que afectan a la mayoría de la población es un paso esencial si se quiere resolverlos.
Denunciar las desigualdades e inequidades es imprescindible, aunque quienes representen a los sectores pudientes—muy poderosos en los medios de información—se sientan interpelados.
Que la hostilidad de estos contra los sectores progresistas vaya en aumento se debe a que, por primera vez, hay un movimiento social que quiere terminar con la excesiva influencia de la derecha política, heredera del régimen somocista en el Estado, y ahora encarnada en el orteguismo.
El proyecto CxL-Ortega-Gran Capital: re-pacto y reparación del edificio del poder de la derecha
Defender esa derecha política de raíz somocista/franquista, mantener el statu quo, es el propósito de CxL. Sabemos quiénes son los verdaderos arquitectos del proyecto. No es la Sra. Kitty Monterrey. Ni siquiera Eduardo Montealegre, accionista mayoritario del partido.
Detrás de ellos están el Gran Capital y la propia dictadura orteguista: el partido CxL es, claramente, un proyecto de reingeniería del “pacto de diálogo y consenso” entre ambos, que buscan implementar a través de la estrategia de “orteguismo con o sin Ortega”. Dentro de esta estrategia, la Sra. Monterrey cumple su papel de destruir la posible unidad de la oposición. Ahora le toca al Consejo Supremo Electoral CSE (controlado por la dictadura Ortega-Murillo) jugar su parte.
El precio de la victoria, el coste de una derrota
Una derrota del movimiento progresista y democrático (como en los años treinta del siglo XX) sería sumamente negativa para la posibilidad de democracia en el país, como fue también la derrota del movimiento campesino por las fuerzas fascistas/militares/somocistas en el conflicto militar de los años treinta.
El régimen Ortega-Murillo intenta utilizar el hartazgo de la población frente a la pandemia, y su deseo de volver a la normalidad, como escudo para esconder su enorme incompetencia y el gran daño que ha causado a las clases populares y al país en su conjunto. El comportamiento tóxico del orteguismo está obstaculizando el desarrollo económico en democracia y justicia. La lucha contra este régimen de atraso, expresión actual del fenómeno de derecha autoritaria somocista/franquista será dura, pero hay que hacerla. El coste de no hacerlo es mayor que el de los sacrificios necesarios para el triunfo.