*Daniel Lozano
«Querían el factor sorpresa, bañar de sangre el país comenzando el año», pontificó el fiscal chavista, Tarek William Saab, como si se tratara de una vieja película de acción de Chuck Norris. El funcionario bolivariano señaló así a los militares acusados de participar en una conspiración para «asesinar» a Nicolás Maduro, denunciada esta semana, a la vez que sumaba como cómplices a la defensora de derechos humanos, Tamara Suju, directora del Instituto Casla –colaboradora de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que suele contar con Felipe González como presentador de sus iniciativas–; a la periodista Sebastiana Barráez, una de las grandes conocedoras de los entresijos de la Fuerza Armada revolucionaria; a los youtubers Wender Villalobos y Norbey Marín; a José Antonio Colina, al frente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, y al ex vicealmirante Mario Carratú.
Estos acusados en el exilio son muy molestos para el régimen revolucionario y para su relato de «democracia incomprendida» en pleno blanqueamiento de Venezuela y Cuba y, en menor medida, Nicaragua.
Al margen de la ofensiva electoral que lidera el presidente pueblo –el viernes el chavismo ratificó la inhabilitación durante 15 años a la líder opositora María Corina Machado, clara favorita para las presidenciales, quien prometió que «irá hasta el final» pese a la maniobra del régimen–, se trata de la última operación de represión transnacional, herramienta usada por las tres dictaduras para perseguir y hostigar a sus críticos más allá de sus fronteras. Este mismo año, los tentáculos represivos del régimen nicaragüense ya ha sorprendido con un segundo atentado contra un exiliado en Costa Rica.
«Envalentonados por el escaso impacto y coherencia de las presiones internacionales contra sus violaciones masivas a los derechos humanos, la troika autoritaria ha sintonizado su agenda de coacción contra la sociedad civil. Ahora usan la represión transnacional para impedir la articulación entre diáspora y población nacional, intimidar e inhibir a aliados internacionales y corromper o saturar instituciones del sistema liberal como Interpol», desvela a EL MUNDO el historiador Armando Chaguaceda.
«¿Por qué yo? Porque no me callo. Porque denuncio lo que a veces nadie o muy pocos se atreven a denunciar en Venezuela. Porque tengo fuentes que vienen de dentro, de ellos mismos, de indignados con los crímenes que la dictadura comete», dice Tamara Suju a este diario. La activista, reconocida por airear las torturas que acabaron con la vida del capitán Acosta Arévalo, ha trasladado hasta la Corte Penal Internacional denuncias sobre los crímenes de lesa humanidad (ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas). «Por eso tratan de descalificar mi trabajo, acusándome de cosas absurdas, que demuestran la desesperación que tienen por hacer callar a las voces críticas», insiste.
La represión transnacional tiene un valor estratégico para las tres revoluciones, expertas en defender sus abusos en cualquier escenario internacional. Por algo suman 117 años de poder cuasi absoluto entre castristas (65), sandinistas (27) y chavistas (25). «Es algo planificado y sistemático más allá de las fronteras nacionales por parte de regímenes autoritarios, con acciones de asedio y neutralización de sus críticos exiliados, ya sean activistas, intelectuales o políticos», redondea Chaguaceda.
«Esas acusaciones del Gobierno de Maduro en contra de gente que no vive en Venezuela son del mismo libreto de Rusia, China, Bielorrusia y afines. Es una modalidad de represión de la que ya hemos visto su efectividad», enfatiza María Puerta Riera, profesora de Gobierno americano en Florida, quien recuerda el asombroso caso del periodista bielorruso Roman Protasevich, citado como ejemplo por todas las fuentes consultadas por EL MUNDO para este Gran Angular.
El ex editor de la cadena Nexta, periodista crítico con la dictadura de Lukashenko, viajaba en 2021 a bordo de un avión que cubría la ruta entre Grecia y Lituania cuando fue desviado a la capital bielorrusa. Los agentes de Minsk forzaron el aterrizaje cuando el aparato sobrevolaba el espacio aéreo de su país con una amenaza de bomba. Protasevich (28 años) fue detenido y condenado a ocho años de prisión. El dictador decidió indultarle el año pasado.
«No olvidemos que los regímenes cubano y venezolano tienen agentes de influencia en estas democracias occidentales que tanto critican, y que en muchos casos se dedican a monitorear a objetivos específicos», profundiza la politóloga.
¿Cuál es el objetivo de estas acciones? Amedrentar, callar, anular…
Para apuntalar esta estrategia, la troika revolucionaria no sólo cuenta con sus países aliados, empezando por Rusia y China. También han puesto en marcha supuestos organismos de integración de la Patria Grande, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), impulsada por Hugo Chávez, o han conseguido formar parte de foros políticos como el Grupo de Puebla, donde son defendidos a capa y espada. En la misma onda se mueve el bloque geopolítico del ALBA, liderado por Caracas y La Habana.
Cuentan para todo ello con su propio mecanismo de propaganda (Telesur), en un escenario en el que las toneladas de desinformación que generan Rusia y China soplan siempre en la misma dirección.
A la cabeza de la estrategia se sitúa la dictadura más antigua: Cuba. «Esta modalidad viene de la URSS y la KGB; con Stalin ejecutaban a traidores o trotskistas donde estuvieran. Pasó muchas veces. Y esa fue la escuela en la que se educaron los cubanos. Ellos han transferido estos conocimientos a Venezuela y Nicaragua», dice Juan Antonio Blanco, analista principal del comité central para las relaciones entre Cuba y EEUU.
Uno de los casos más sonados tuvo lugar precisamente en Madrid, cuando en 1985 funcionarios de la Embajada de Cuba intentaron secuestrar al ex viceministro Manuel Antonio Sánchez, «lo que habría terminado con mi fusilamiento», en sus palabras. En Londres incluso atentaron contra un desertor del servicio de Inteligencia.
Como en la serie The Americans, tan cercana a la realidad, las células cubanas trabajan en Nueva York, Louisville o Kentucky, aunque las embajadas en Madrid y Ciudad de México funcionan, según Blanco, como los principales centros de inteligencia para Europa y América Latina. En EEUU se despliega desde la misión de Cuba en la ONU, en Nueva York, asistida por la Embajada de Washington.
Que se lo cuenten al periodista crítico Abraham Jiménez Enoa, quien abandonó la isla después del 11-J de 2021 –día de las emblemáticas y masivas protestas en Cuba– y que recaló en Barcelona, donde el año pasado fue amenazado por dos desconocidos cuando se encontraba con su hijo de dos años muy cerca de su casa. A este periodista afrocubano ya le habían hostigado durante una conferencia en Ámsterdam, otro habitual modus operandi de los agentes cubanos. Persecución y falsas acusaciones forman parte del mismo guión. «Estos países tratan de establecer una identidad de terroristas para todo disidente u opositor, para obligar así a otros gobiernos a colaborar con ellos. Hace años, en República Dominicana, un académico cubano que vivía en Puerto Rico fue detenido y deportado porque el cónsul cubano aseguró que era un terrorista. No se trata sólo de que el Ejecutivo cubano pueda contar oficialmente con Interpol u otros gobiernos, sino que pueden tener autoridades corrompidas en lugares clave y que cooperan con ellos a título individual», subraya el ex diplomático Blanco.
Cuanto más débil es la situación legal del disidente, más está comprometido por los tentáculos globales de la troika. Esta misma semana, un tribunal colombiano ha ordenado que el Estado indemnice al ex prisionero político Lorent Saleh, quien fue entregado por el Gobierno de Juan Manuel Santos a Venezuela, donde sufrió torturas durante sus cuatro años de confinamiento en el tenebroso Helicoide.
Finalmente, fue el Gobierno español, gracias al tesón del embajador Jesús Silva y del entonces subsecretario de Exteriores, Juan Pablo de Laiglesia, el que logró la libertad para Saleh, desterrado a España. En el vuelo a Madrid, Laiglesia, fallecido en 2022, describió a EL MUNDO cómo funcionarios chavistas le habían advertido sobre el «peligroso terrorista» que se llevaba a Europa. «Y a quien veo salir del Helicoide es a un jovencito que sólo llevaba una bolsa de plástico llena de libros», contó el diplomático.
Quien también vive para contarlo es el disidente sandinista Joao Maldonado, quien sufrió este año su segundo atentado en Costa Rica, cuando fue acribillado dentro de su vehículo por dos motoristas. Las siete balas le hirieron en la cabeza y el tórax y a su mujer, la opositora Nadia Robleto, en la cabeza.
Odiado por el sandinismo, que no sólo le considera un traidor, sino que también le acusa de cometer un asesinato, Maldonado se salvó por muy poco. «Daniel Ortega es así de atrevido y no tengo la menor duda de que estos atentados tienen que ver con operaciones del régimen Ortega-Murillo fuera de Nicaragua. También ha habido asesinatos en Honduras, donde claramente se ve que son pasadas de cuentas de sicarios del régimen contra personas que se sumaron a las protestas de 2018», detalla a EL MUNDO Javier Meléndez, director del Centro de Investigación Expediente Abierto.
Opositores nicaragüenses están convencidos de que el refugio de Costa Rica está hoy infiltrado por la revolución con operaciones de espionaje y amedrentamiento contra el exilio. «A tal punto, que ya hay programas en marcha que están sacando a nicaragüenses para llevarlos a otros países por seguridad. El Gobierno de Rodrigo Chaves simplemente se desentiende del asunto», sentencia Meléndez.
*Tomado de EL MUNDO