Un total de 96 organizaciones sin fines de lucro quedarán sin estatus legal esta semana en Nicaragua, con lo que asciende a cerca de 500 la cifra total de instituciones de este tipo en esa situación desde el año 2018, fecha en que comenzaron las protestas en contra el régimen de Daniel Ortega.
Organizaciones han lamentado las medidas del régimen de Ortega y afirman que el cierre masivo de estas instituciones “es un crimen más que el régimen Ortega Murillo comete contra Nicaragua”.
La lista de esta semana incluyó a la Academia Nicaragüense de la Lengua, fundada hace 93 años, causando críticas de intelectuales a nivel internacional y local.
Dentro de las organizaciones que serán anuladas en esta ocasión, se encuentran varias enfocadas en derechos humanos, otras en defensa de los derechos de las mujeres y algunos centros de pensamientos.
“No solo significa la violación del derecho a la libertad de asociación, sino que trastoca el plano individual, pues las víctimas directas de estas acciones perversas son las personas que eran beneficiadas por el apoyo de las oenegés ahora destruidas”, dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en un comunicado.
Uno de las organizaciones más importantes, es el Centro de Estudios Internacionales (CEI), dirigido hasta el 2013 por la hijastra de Daniel Ortega, Zoilamérica Narváez Murillo, quien acusó a este de abuso sexual.
En entrevista reciente, la socióloga manifestó que las anulaciones representan “un exterminio de las expresiones de la sociedad civil” y agregó que con estas decisiones se busca “convertir a Nicaragua en un desierto de expresiones autónomas”.
“Definitivamente se está tejiendo un cerco en el cual cualquier tipo de política de atención social va a venir exclusivamente del gobierno y todo tendrá que ser agradecido al gobierno de Nicaragua y concretamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo”, dijo Zoilamérica a la VOA recientemente.
El régimen argumenta que estos organismos supuestamente incumplieron con la inscripción en el registro como “Agente Extranjero”, que es una ley aprobada el pasado año y que de acuerdo a opositores busca controlar a las entidades.
De igual forma se les señala que presuntamente incumplieron por no mostrar sus estados financieros. También se les acusa de no actualizar las juntas directivas, ni reportar donaciones previas, provenientes del exterior.
*Con VOA