El abogado constitucionalista y analista político Bonifacio Miranda, calificó como una “aberración jurídica” la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”, aprobada ayer lunes por los diputados orteguistas de la Asamblea Nacional.
La nueva legislación prohibirá las candidaturas de aquellos nicaragüenses que encabecen o financien un “golpe de Estado”, alteren el orden constitucional y/o “aplaudan la imposición de sanciones internacionales contra el Estado y sus ciudadanos”.
“Desde el punto de vista jurídico lo que hubo fue una aberración completa porque se violaron los establecimientos establecidos en la Constitución”, dijo Miranda en una entrevista con Canal 10.
Agregó que el artículo 141 de la Constitución establece que cualquier proyecto de ley, una vez que se lee en el Plenario, debe pasar a Comisión; sin embargo, eso no sucedió.
Para Miranda, la ley también es “inconstitucional”, no solo porque viola los procedimientos, sino también porque violenta el artículo 51 de la Constitución que dice que todos los nicaragüenses tienen derecho a votar y a postularse a cargos de elección popular, salvo las limitaciones contempladas en la Constitución, y el artículo 34 de la Constitución, indicó.
“Lo que hicieron fue a través de una ley ordinaria, que es de carácter inferior a la Constitución, establecer inhibiciones y con eso aprobaron una ley de naturaleza proscriptiva, ¿qué quiere decir? Que están prohibiendo a determinado grupo participar como candidatos en las elecciones”, explicó.
La ley establece que “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas que menoscaben la independencia, soberanía, autodeterminación o que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, no podrán optar a cargos de elección popular”.
Tampoco podrán aspirar a un cargo público quienes el gobierno considere que “exalten, o aplaudan la imposición de sanciones contra el estado de Nicaragua”.
Miranda aclaró que por pedir sanciones a orteguistas no se puede prohibir a los nicaragüenses participar en elecciones. “Tenemos libertad de pensamiento y cualquier persona que está en contra de la actual dictadura y está apoyando las políticas de Trump, puede pedirlas (las sanciones), está en libertad de pedirlas, siempre y cuando no dañe al país. Ellos han utilizado un argumento muy sutil es que el país ‘está siendo agredido’, pero el país no representa a la dictadura, una cosa son los intereses del país y otra cosa son los intereses de la dictadura, lo han mezclado maliciosamente todos estos conceptos para tratar de inhibir a un determinado grupo de dirigentes políticos”, criticó Miranda.
Por otro lado, el analista también apuntó que la nueva ley desde el aspecto político es “un chamarrazo, porque lo que está haciendo la dictadura es elaborar un muro jurídico con una serie de leyes porque viene un momento crucial que es la negociación de la reforma electoral”.
Es este punto, destacó que Ortega ha aprobado leyes represivas para distraer a la oposición del tema central que es la reforma electoral.