La noche de ayer miércoles fueron liberados los universitarios Aritz Baéz y Bryan Quiróz, exreo político, informó el movimiento Coordinadora Universitaria-Democracia y Justicia (CUDJ) de donde son miembros.
Los jóvenes habían sido secuestrados la madrugada de ayer mismo por la Policía Orteguista, fueron llevados al Distrito II donde fueron interrogados, afortunadamente no sufrieron agresiones, sin embargo sus celulares fueron robados.
Ayer, organismos defensores de los derechos humanos y movimientos de oposición exigieron al régimen de Daniel Ortega brindar información sobre el paradero de los dos opositores detenidos y la situación de otros cuatro, que fueron capturados en los últimos seis días.
La Organización de Víctimas de Abril (OVA), el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), y la Unidad de Defensa Jurídica, también demandaron al régimen de Ortega que cese la captura de opositores y libere cerca de 100 presos políticos que permanecen en prisión.
Desde diferentes plataformas, organismos denunciaron que desde el pasado día 13 los opositores Hader González y Cristian Meneses, quienes se habían exiliado en Costa Rica, fueron capturados por el Ejército de Ortega en la frontera entre ambos países, y hasta ahora no se sabe de sus paraderos.
También informaron que los disidentes Bryan Alemán y William Balmaceda, capturados el día 15, están bajo custodia de la Policía Orteguista.
“La Policía Sandinista-orteguista, al igual que el Ejército, deben proveer información, respetar la integridad física, sus familiares son saben nada y ninguna de estas dos instituciones revela la ubicación exacta”, denunció el Comité Pro Liberación de Presos Políticos.
“Estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos, al realizar una detención sin tomas en cuenta ningún tipo de formalidad legal”, señaló, por su lado, la OVA.
“Con suma preocupación se observa la escalada de detenciones como una estrategia perversa del régimen Ortega Murillo, que violenta los derechos humanos, viola la legislación nacional y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”, anotó el CENIDH.
Según el interdisciplinario Monitoreo Azul y Blanco, unas 3.511 personas han sufrido detención arbitraria desde el estallido social contra Ortega en 2018, de los cuales 96 permanecían en las cárceles de Nicaragua hasta inicios de agosto, cantidad que subió a más de 100 en los últimos seis días.