Lo que quiere la dictadura es detener la organización a toda costa – Elvira Cuadra
Los más recientes ataques de la policía y grupos paramilitares en contra de ciudadanos y líderes políticos en diferentes lugares de Nicaragua no son casuales ni producto de la intolerancia o el fanatismo.
Son parte de la política de represión y el estado de excepción de facto que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo han impuesto al país desde 2018. Es decir, se trata de actos de violencia premeditados, organizados y con un propósito específico.
Desde el 2018, la política de represión de los Ortega-Murillo ha transitado por once (11) fases, cada una con objetivos y características.
La que está en curso en este momento tiene como propósito, detener el proceso de organización y fortalecimiento de la organización ciudadana que está en curso.
Algunas de sus características son: los ataques a templos religiosos católicos, el terrorismo fiscal contra empresas privadas, ataques a medios de comunicación y periodistas, juicios contra periodistas, asedio y ataques a organizaciones sociales, detenciones arbitrarias y juicios con cargos falsos a excarcelados, asedio y ataques a líderes sociales y políticos.
Las propuestas de ley de cadena perpetua, la de agentes extranjeros y la de ciberdelitos forman parte de esta nueva fase de represión.
La liberación de presos comunes y el incremento de la delincuencia forman parte de este escenario construido por los Ortega-Murillo.
El elemento vector de estas acciones de represión es el discurso de odio promovido todos los días desde la misma cúpula del orteguismo por Rosario Murillo.
Todos los años electorales en Nicaragua tienen la característica de la intensidad política pero también son períodos donde se incrementa la violencia también política. El 2021 no será la excepción por lo que representa para toda la ciudadanía y para el mismo régimen
Debido a la debilidad de sus apoyos políticos nacionales y en el exterior, y sabiendo que, si o si las protestas se van a activar el próximo año, Ortega ha prefabricado desde ahora un escenario de violencia estatal que le permita “controlar” la situación a su favor utilizando para eso los recursos de la violencia que sean necesarios desde su racionalidad necrófila.
