El Ministerio de Gobernación (MIGOB) informó que 58,094 nicaragüenses han regresado desde marzo a Nicaragua, la mayoría de ellos después de quedar sin trabajo en los países donde se encontraban y como consecuencia del impacto económico ocasionado por la crisis sanitaria mundial por el nuevo coronavirus.
La institución destacó al divulgar las cifras que de los migrantes retornados al país hasta el 29 de agosto, 37.254 eran hombres y 20.840 mujeres.
Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), dijo que estos ciudadanos se encuentran en condición de vulnerabilidad ya que al llegar al país no cuentan con ningún apoyo gubernamental para integrarse a las actividades económicas.
“Vienen aquí y se encuentran con una situación de inseguridad, no hay trabajo, no existe ningún plan de gobierno para decir les dejo entrar, les doy acogida y les doy algún apoyo”, afirmó la defensora de derechos humanos.
Núñez añadió que el régimen orteguista, incluso investiga a los ciudadanos que regresan al país para descartar que no estuvieron vinculados en las protestas sociales iniciados en el 2018, y que obligaron a cientos de nicaragüenses a dejar el país con el objetivo de resguardar su vida.
“El gobierno investiga incluso a los que se han ido por razones laborales, si no se fueron por participar en las protestas, hay una objetivación de todas esas personas”, argumentó.
Los nicaragüenses que regresan del exterior deben portar una prueba negativa de COVID-19 realizada en las últimas 72 horas previo a su ingreso. De lo contrario, el régimen no les permite el acceso. De vencerse el plazo de los nicas en algún punto de su viaje o proceso de espera para ingresar al país, están obligados a repetir el test y procurar llegar al control fronterizo antes que se cumplan los tres días de aplicación del examen.
“Cada uno portaba resultado negativo de la prueba PCR en tiempo real para COVID-19, cumpliendo con la Resolución Ministerial 358-2020 emitida por el Ministerio de Salud, quienes, en cumplimiento a las medidas sanitarias, realizó revisión rigurosa para descartar fiebre o síntomas respiratorios relacionados al COVID -19 y estará verificando cuarentena de 14 días en sus domicilios”, indicó Migración.
Núñez subrayó que la Constitución Política señala que los nicaragüenses que se encuentran fuera del territorio nacional tienen la protección del Estado de Nicaragua, y advierte que el régimen de Ortega y Murillo deberían garantizar el ingreso ordenado y controlado, así como las pruebas de COVID-19, siguiendo los protocolos sanitarios, sin que esto signifique un gasto para el retornado.
“Esto es una verdadera acción criminal, perversa, constitutiva de tortura lo que está haciendo Daniel Ortega y Rosario Murillo, no solamente ya con los propios migrantes, sino también con sus familias”, concluyó Núñez.
*Con información de VOA