En entrevista con el medio católico Vida Nueva, la abogada nicaragüense en el exilio, Martha Patricia Molina, aseguró que el exilio forzado del obispo Rolando Álvarez “fue lo mejor para salvar su vida”, pero que ese hecho no deja de ser un delito de lesa humanidad.
“Si monseñor Álvarez se quedaba, los sandinistas lo iban a asesinar porque ya tenían planes de hacerlo. Su destierro, aunque fue lo mejor para salvar su vida, continúa siendo un delito de lesa humanidad”, dijo Molina, quien ha dado seguimiento a la persecución religiosa en su país, a través de los informes ‘Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?’.
Monseñor Rolando Álvarez fue excarcelado y desterrado junto a otros 18 religiosos más el 13 de enero pasado, tras un “diálogo” entre el régimen de Daniel Ortega y el Vaticano. Todos los desterrados llegaron a Roma un día después.
Molina aseguró que si bien lo que ocurrió demuestra que hay un canal abierto de comunicación entre el Estado Vaticano y la dictadura Ortega-Murillo, no existe “un diálogo abierto y sincero por parte de la dictadura, que solo busca cómo imponer sus condiciones, entre ellas ser reconocidos en la comunidad internacional como una democracia que respeta el Estado de derecho, y no como una dictadura que comete delitos de lesa humanidad”.
La diplomacia vaticana -dijo- está acostumbrada a lidiar con este tipo de situaciones, por lo que “busca salvar la integridad de los sacerdotes y también garantizar que la Iglesia pueda seguir desarrollando su labor evangelizadora, aunque sea solo con su presencia”.
“Nicaragua es un Estado criminal que ha cosificado al ser humano y lo mira como una moneda de cambio, y es así como están tratando a todos los presos políticos y de conciencia, entre ellos a los religiosos”, criticó Molina.
La abogada advirtió que en Nicaragua habrá “más represión a sacerdotes y laicos”. “El destierro y la ‘negociación’ no son motivo para la dictadura para cesar la persecución a la Iglesia porque ellos atacan la verdad que emana del Evangelio, y éste se seguirá predicando”, dijo.